Diciembre 2022
Desde que el gobierno actual llegó al poder ha llamado la atención su crítica hacia las organizaciones civiles. Desde el punto de vista del presidente, no es necesario que la gente se organice para exigir sus derechos. Esto se evidencia porque cualquier manifestación que cuestione su mandato, aunque sea un poco, es duramente criticada con toda la fuerza mediática que ha construido para ese y otros propósitos que ayuden a la buena imagen de la 4T.
Pero si no es por medio de la presión popular ¿cómo se resolverán los males históricos del pueblo de México? (Desigualdad, pobreza, un mal sistema de salud, bajo nivel educativo, etc.) A pesar de la poca claridad que ha caracterizado a los que hoy nos gobiernan, la respuesta a la pregunta anterior parece indicar que es que debemos esperar que la solución a nuestros problemas llegue del Estado. Según la concepción del presidente, bastaba con que en el poder estuviera un hombre bueno, honesto, que hiciera lo que el Estado siempre estuvo obligado a hacer, mejorar las condiciones de vida de aquellos que viven bajo su manto protector.
Lo anterior ya tiene rato que se viene diciendo. Fue un punto de partida del análisis de la filosofía política de la época del llamado contractualismo, corriente que veía en el contrato social el acto que funda la vida en sociedad bajo un conjunto de reglas que el Estado se hará cargo de hacer cumplir. La necesidad de la existencia del Estado en resumidas, y muy simplificadas, cuentas viene del siguiente argumento: la sociedad se compone de numerosos individuos que no son todos iguales, por lo tanto, habrá intereses contrapuestos. Si no hay un orden o una ley estaríamos condenados a la pelea eterna pues cada quién velaría por sus intereses particulares; por esto, es necesario que haya un organismo superior que se encuentre por encima de los intereses particulares, que represente a todos los intereses por igual y que se encargue de resolver en favor de la justicia los problemas entre los desiguales.
Desde los tiempos de Hobbes, Locke y Rousseau, filósofos que impulsaron el desarrollo de la teoría contractualista, ya se advertían las complicaciones de que la teoría se aplicara a cabalidad en la construcción de las distintas naciones. Rousseau, probablemente el más radical de los mencionados, sabía que cabe la posibilidad de que aquellos que ostenten el poder no correspondan a los intereses de los gobernados, y llegó a mencionar que, de ser este el caso, el pueblo tiene la facultad de renovarse y buscar nuevas formas de gobierno que sí les convengan.
Lo que era una excepción para los contractualistas para Marx era la generalidad. El Estado viola sistemáticamente los intereses de los particulares porque no representan sino a una clase en el poder. El poder económico en manos de unos pocos hace que lo que debería funcionar para el beneficio de la mayoría solamente responda a aquellos que tienen el dominio de la economía de cada nación. Siendo esto así, todo el aparato que se construye con el pretexto de beneficiar a todos los ciudadanos se convierte en distintos mecanismos para la dominación de aquellos que quedan fuera de los beneficios económicos.
Las leyes, la política, la policía, todos mecanismos que deberían servirnos solamente responden al amo del capital. ¿Cómo ampararnos en una legalidad que se utiliza constantemente en contra de nuestros intereses? El asunto es claro, todo mexicano tiene derecho a la vivienda, pero el gobierno no se preocupa por construir las condiciones que permiten el acceso a esta. También tenemos derecho a la educación, pero existen distintos problemas para obtenerla, desde la pobre oferta de lugares en las universidades públicas hasta el costo real de acabar una carrera fuera de las zonas de provincia.
No podemos esperar que el Estado resuelva los problemas que nunca ha tenido interés de resolver porque funciona como el guardián de los intereses de una sola clase social. Por muy bondadoso y honesto que sea el que venga a gobernarnos, la única garantía de que se defiendan los intereses de la mayoría es que el pueblo se mantenga organizado para reclamar mejoras en su nivel de vida. De lo contrario, lo único que nos quedaría sería la esperanza de tiempos de bonanza cada que uno de los buenos acceda al poder.
Como vemos, lo difundido ahora como la salida correcta para los males sociales no se sale del marco estatista que fundamentó gran parte de la filosofía política contractualista. Dados los límites del poder estatal, el pueblo debe exigir que se respete uno de los grandes logros del movimiento popular, el derecho a la organización, por medio de este es que se han logrado importantes avances en bien de los trabajadores y trabajadoras, en muchas ocasiones a pesar del capitalismo mismo.
Alan Luna es filósofo por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.