Sin mineros rescatados y sin responsables identificados

OPINIÓN Por: Citlali Aguirre

Agosto 2022

Una semana después de la explosión de la mina de carbón El Pinabete en el municipio de Sabinas, Coahuila, NO hay mineros rescatados y NO hay información oficial sobre los dueños de esta. No se sabe quién mantiene sus minas en tales condiciones. La mina colapsó, se derrumbaron las paredes y el agua de los pozos que la rodea inundó los sitios de trabajo con todo y obreros. La inundación alcanzó los 40 metros de profundidad, por lo que cada minuto que pasa disminuye la probabilidad de que los obreros sean hallados con vida. A decir de los expertos, la única manera de que los obreros sigan vivos es que hayan encontrado una “burbuja de aire” para poder respirar.

Pero ¿por qué acontecen tan primitivos siniestros cuando existe ya tecnología de punta para la infraestructura minera y cuando México cuenta con instrumentos legales e institucionales para inspeccionar estos sitios de trabajo? En el marco jurídico mexicano existen al menos 2 leyes, 3 reglamentos, 8 normas de seguridad y 6 normas de organización relativas a la inspección de seguridad de higiene en los sitios de trabajo, que pueden revisarse en la página de internet de la Secretaría del Trabajo y de Inspección Social. Existen inspectores para hacer estas revisiones en las minas, y, por diversas irregularidades, entre ellas la falta de presupuesto, los inspectores claramente no están haciendo su trabajo.

La Secretaría del Trabajo se limitó a declarar que “no había inspeccionado porque no lo habían denunciado”, mas ¿por qué hay que esperar a que la gente haga denuncias para que la Secretaría haga su trabajo? ¿Por qué esperar a que la gente muera o quede herida para tomar medidas? Por qué no mejor la Secretaría cumple sus responsabilidades mediante la búsqueda de presupuesto para inspeccionar las condiciones de trabajo en las minas de Coahuila y obligando a los dueños a operar la regla, a mantener sus instalaciones en condiciones óptimas y seguras para sus trabajadores. De esa manera podrían evitarse este tipo de desastres.

Por otro lado, no existe una versión oficial y consensuada sobre quién es el dueño o la dueña de El Pinabete porque el sistema informático para consultas de las concesiones mineras de la Secretaría de Economía no se encuentra en operación. Se sabe que la concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053, como dijo AMLO en la mañanera, pero, respecto a la propiedad hay distintas personas implicadas y la oficialidad sigue sin aclarar el asunto.

Después de consultar el Registro Público de Minería, el medio local El Coahuilense señaló que sería el exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata Jaime, el propietario de la mina que colapsó. Esta es la versión también de varios habitantes de la zona que han sido entrevistados por medios de comunicación. Sin embargo, Régulo Zapata Jaime manifestó en sus redes “No tengo ninguna concesión. No tengo ninguna mina a mi nombre, solamente soy un trabajador más en un desarrollo minero”. Otro de los nombres que ha sido mencionado es el del hijo de Régulo Zapata Jaime, quien se presentó en el predio ocho horas después de los hechos diciendo que era el propietario de la operación.

Por otro lado, la Fiscalía General de Coahuila y el gobernador señalaron a Cristián Solís Arreaga como dueño del lugar. Aunque personas de la región y activistas que llevan años defendiendo a los mineros de la región dicen que este muchacho de 29 años de edad es solo el prestanombres.

Una investigación periodística presentada por los portales informativos Excélsior e Imagen Noticias confirma que en 2003 la mina fue concesionada a la empresa Minero Rio Sabinas, que el 27 de marzo del 2012 la vendió a la empresa Minera el Pinabete S.A. de C.V. cuyo apoderado legal era Héctor Omar Villarreal González, en ese momento identificado como empresario coahuilense. Luego, el 10 de enero del 2019, la empresa Minera el Pinabete S.A. de C.V. vendió las casi 30 hectáreas en solo 50 mil pesos, al empresario tamaulipeco Luis Rafael García Luna Acuña y al coahuilense Arnulfo Garza Cárdenas, quedando el primero como apoderado y socio mayoritario. Y bueno, Luis Rafel García Luna Acuña es miembro de una familia de empresarios y políticos priístas tamaulipecos asociados a la administración del exgobernador priísta de Tamaulipas Tomas Yarrington Ruvalcaba, actualmente preso por recibir sobornos y sentenciado en 2021 a 20 años de prisión en Texas. 

Según esta misma investigación y con información recabada del padrón de proveedores de la Comisión Federal de Electricidad, la mina Pinabete le vendió carbón a la CFE en 2021 y 2022. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad le asignó contratos a esta empresa para compra de carbón . Pero por qué la CFE, empresa estatal vinculada directamente al gobierno federal, no revisó las condiciones de trabajo en la Mina Pinabete antes de otorgar la licitación. ¿Por qué la seguridad de los trabajadores no es un criterio para otorgar licitaciones a las empresas?

Claramente existen graves inconsistencias e irregularidades de las instituciones mexicanas responsables de garantizar condiciones de trabajo seguras a los trabajadores mexicanos; no inspeccionan los sitios de trabajo y ni siquiera llevan un registro claro y funcional de las concesiones mineras. Estos problemas existen desde hace varias administraciones, pero la administración actual los sigue reproduciendo. México ha pasado por muchos sexenios que permitieron a los empresarios operar sus empresas con infraestructura insegura e insalubre, e incluso con materiales tóxicos, mientras los empresarios acrecentaban sus ganancias. La administración actual no ha cambiado las reglas del juego, como puede verse en el desagradable acontecimiento de la mina el Pinabete. Siguen ganando los mismos y siguen perdiendo los trabajadores.


Citlali Aguirre es maestra en ciencias biológicas por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.