Participación de la sociedad civil en el diseño y construcción de la plena gobernabilidad en Guerrero

Mayo 2021

Introducción

La configuración política nacional actual hace inevitable analizar el proceso de la elección y gobernabilidad en el estado de Guerrero, tras el sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial al Poder Ejecutivo, al viejo estilo del presidencialismo.

La sociedad guerrerense, una de las más participativas en la construcción de la vida democrática e institucional en la historia de México, vuelve a tener la oportunidad de contribuir con esa tradición.

La pandemia mundial ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 hizo más evidentes los problemas económicos, políticos y de seguridad social del orbe entero. La economía se paralizó y exhibió la gran desigualdad en la distribución del ingreso existente[1], develando la carencia de muchos y la esquizofrénica opulencia de una minoría, o, como lo sintetiza Stiglitz (2012): “el 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%”.

En medio de este escenario se realizaron las elecciones más grandes de toda la historia del México moderno[2]. Como nunca antes participó una cantidad numerosa de partidos políticos y personajes de diversa índole, pero, nada se dijo de los problemas y soluciones que aquejan a los mexicanos, salvo honrosas excepciones. En esta ocasión, Guerrero no se quedó atrás; antes y durante el proceso jugó un papel crucial.

El abstencionismo volvió a ganar terreno, la desconfianza en los partidos acrecentó la apatía y el reclamo callado de los ciudadanos por sus derechos políticos siguió oculto por la violencia y el ruido mediático. La polarización de la sociedad en el discurso político, al que se suma el nada conciliador desde la presidencia de la República, es el reflejo de la polarización económica.

Guerrero es un estado multicultural; su composición social y económica es heterogénea; su geografía y clima, variados; su riqueza cultural y natural es  inmensa, pero, sobre todo, su presencia en la configuración de la patria mexicana, tal y como se conoce ahora, ha sido fundamental.

En la época prehispánica demostró su indómito valor ante los conquistadores aztecas. Fue cuna de la Independencia de México y, desde entonces, los caudillos del sur participaron activamente en la conformación de la república: la promulgación del Plan de Ayutla en 1854 para derrocar a la dictadura de Antonio López de Santa Anna y la creación de la Constitución de 1857. En la Revolución Mexicana fue uno de los primeros en sumarse a la vorágine de la revolución que se avecinaba; es decir, Guerrero ha sido protagonista, pionero y constructor de gran parte del Estado mexicano, un Estado de Derecho y de instituciones.

Dados los problemas políticos del país y la urgente necesidad de construir un rumbo distinto, este ensayo abordará el desenvolvimiento del sistema democrático en Guerrero, la democracia y la desconfianza ciudadana; posteriormente, sobre la reciente elección para gobernador, la legitimización y participación de la sociedad civil en los procesos electorales, y, finalmente, los retos que enfrenta el estado para construir la plena gobernabilidad.

Elecciones en Guerrero

Para fines del presente trabajo, la historia electoral de Guerrero se dividirá en tres periodos: de los años 30 a 1979, elecciones sin opción; de 1980 a 1988, elecciones competidas, y de 1989 a la fecha (2021), elecciones competitivas (Estrada, 1994).

Tras la Independencia, los cacicazgos sentaron sus reales en regiones y municipios de la entidad durante siglos y fueron perdiendo poder hasta el término del siglo XX. Por su alcance estatal, dos familias son representativas de este periodo: los Álvarez y los Figueroa. Los primeros, a partir de la segunda mitad del siglo XIX; los segundos, de la posrevolución hasta 1996. Buve (2003) explica que el cacique es “un intermediario exclusivo con poder local, autoritario, personalista, correspondiente sobre un territorio y su población (…) tales características solamente podían florecer en el caso de un Estado que padecía de un deficiente control político-administrativo y militar sobre el territorio. Comunicaciones y geografía difíciles, así como pobreza e ignorancia generalizadas, podrían facilitar el desarrollo de este fenómeno”.

En 1891, la senda que comunicaba la Ciudad de México con el Puerto de Acapulco, Guerrero era agreste, había que atravesar peligrosos desfiladeros, se hacía preciso echarse pie a tierra para franquear un barranco o un precipicio, derivado de ello, los viajeros preferían hacer un viaje más costoso, pero seguro, vía Manzanillo, Colima o San Blas, Nayarit. No fue sino hasta el 11 de noviembre de 1927 cuando se concluyó la carretera México-Acapulco; a mediados del siglo XX apenas había 600 kilómetros de caminos pavimentados en el estado (Illades, 2000).

En 1930 la población era de 641 mil 690 habitantes: 84% era rural y 16% urbana. La principal actividad era la agricultura de maíz, ajonjolí y caña de azúcar; la minería era la segunda, en 1929 se extrajeron 144 mil 2015 toneladas de oro, plata, plomo y cobre y la industria era incipiente (Inegi, 1935).

La pobreza en pleno siglo XXI alcanza a más de la mitad de la población (66.5%), o lo que es mismo, 2 millones 412 mil guerrerenses son pobres (Coneval, 2020). Los caciques de tierra y ganado se transformaron en caciques de la política y el camino democrático se fue construyendo con los años.

De 1928 a 2005, Guerrero tuvo 22 gobernadores bajo las siglas del partido nacido de la Revolución: Partido Nacional Revolucionario (PNR), luego denominado Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, desde 1946, Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desavenencias políticas sólo permitieron que entre 1925 y 1996 solo seis gobernadores se sostuvieron en el cargo todo el periodo que les correspondía de acuerdo con la ley electoral (Illades, 2000; 120). De 1996 a la fecha, lo que corresponde a cuatro gobernadores, sólo uno no pudo terminar su mandato.

La inestabilidad y violencia política en el estado se sintieron con más fuerza entre los años 60 y 90 con la aparición de grupos guerrilleros opositores a las políticas del gobierno en turno, entre ellos destacan los encabezados por los decididos maestros normalistas Genaro Vázquez Rojas (años 60) y Lucio Cabañas Barrientos (años 70), fuertemente reprimidos por policía y el Ejército. El México de 1968 -coincidente con el término de los años dorados del capitalismo de la posguerra- hasta el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, fue muy prolífico en movimientos sociales de toda índole. En 1995, el luto volvió para los indígenas guerrerenses, pues en el vado de Aguas Blancas[3], de Coyuca de Benítez fueron asesinados arteramente por policías y agentes judiciales.

Estos sucesos locales influyeron para sentar las bases de la transición democrática, tanto a nivel local como nacional. Aquí nació el conflicto, pero también la solución. En 1977 se presentó una propuesta de reforma política[4] que pretendía pasar de la confrontación armada a encauzar las inquietudes políticas de las minorías al marco institucional y así promover una mayor participación de los ciudadanos en la actividad política del país.

El primer periodo de la historia electoral del estado (1930-1979) se caracterizó por la existencia de un partido hegemónico, el PRI, quien solía obtener el 90% o más de los votos y tener presencia en tres cuartas partes de los municipios del estado, mientras tanto, la oposición no alcanzaba ni el 5%, pues no tenía la capacidad de postular candidatos en todos los distritos.

Fuente: Elaboración propia con datos de IEPCGRO, 2018-2021 & IMO, 2021.

En el segundo periodo (1980-1988), es a partir de 1980 (motivados por la reforma de 1977) que concurren más partidos a las elecciones; aunque no representaban un verdadero contrapeso para el PRI, cualitativamente eran más opciones para los guerrerenses, pues la presencia de partidos distintos se dio en más del 80% de los municipios.

En este mismo año, el PRI volvió a obtener 90.2% de votos; pero los nuevos partidos comenzaron a tener más adeptos: el Partido Civilista Morelense (PCM) obtuvo 3.7% de preferencia; el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 3.2%, el Partido Acción Nacional, 1.1%, el resto no alcanzó ni el 1% de la votación. No obstante, en esta contienda, apenas 38.70% de los guerrerenses acudió a sufragar, mientras 61.3% se abstuvo (Ver Gráfica 1). El partido hegemónico seguía sin tener una oposición real, a pesar de las incipientes opciones. La preponderancia del PRI no debe traducirse en un acontecimiento fatal para el país ni para Guerrero, pues mucho del desarrollo económico, social, político e institucional es obra del partido nacido bajo el ideario de la Revolución Mexicana, donde los guerrerenses fueron pieza clave y fundamental.

Fuente: Elaboración propia con datos de IEPCGRO,2018- 2021 & IMO, 2021.

En 1986, el PRI vuelve a resultar vencedor con el abogado José Francisco Ruiz Massieu a la cabeza; disminuye su votación, pero no drásticamente. Con mejor participación que seis años atrás, 56.20% de los guerrerenses acudieron a las urnas y 43.8% decidió no hacerlo (Gráfica 1). El ganador alcanzó 87.1% de los sufragios; los partidos Socialista Unificado de México (PSUM), Mexicano de los Trabajadores (PMT) y Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 4%; el PST, 3.4%; el Partido Acción Nacional (PAN), 2.8% y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), 1.3%, los demás no lograron ni el 1% de la votación (Ver Gráfica 2).

En 1988, en Alcozauca, Guerrero gana por primera vez el Partido Comunista Mexicano; durante ese mismo año, se crea el Frente Democrático Nacional[5], corriente política que se convertiría, un año más tarde, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se transformaría en la indiscutible segunda fuerza política del país, a cuya cabeza se encontraba Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En 1993, ya durante el tercer periodo, la correlación de fuerzas empezó a moverse entre el hasta entonces partido hegemónico (PRI) y la naciente corriente política en el país (PRD). Con un país convulso y un Guerrero en medio de protestas sociales y represión política, la entidad tiene la peor participación de su historia de la que tiene registro: sólo un tercio de la lista nominal de electores acudió a ejercer su derecho al voto, el 67% mostró su enojo de manera contundente (Gráfica 1). En esa contienda, el priista Rubén Figueroa Alcocer logró 63.5% de la voluntad popular y el PRD, 27%; el Partido del Frente Cardenista de la Revolución Nacional (PFCRN) reunió 1.7% de los sufragios; el PARM, 1.3% y el PAN, 2.8%. Los otros partidos no tenían fuerza electoral, pero entre todos alcanzaron 3.7% de los votos emitidos (Gráfica 1 ).

Para 1999 ocurren dos sucesos importantes en el estado: el PRI empezó a perder su poder hegemónico ante el PRD y los partidos minoritarios y con connotación socialista o comunista comenzaron a desaparecer de la escena estatal para sumarse al perredismo. La contienda de este año se centró en dos grupos de partidos: por un lado, el PRI y el Partido de la Revolución del Sur (PRS) con 49.6% y, por el otro, el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el PRT con 47.9%, mientras que el PAN apenas logró 1.7% de la votación (Gráfica 2). En la disputa por la gubernatura contendieron el priista y actual diputado federal René Juárez Cisneros y el expriista y entonces perredista, hoy senador, Félix Salgado Macedonio. El PAN, a pesar de que desde 1952 participa en el estado nunca ha logrado una votación significativa. La participación ciudadana creció y se dieron cita el día de la elección 55% de los guerrerenses (Gráfica 1).

En 2005, fortalecido el perredismo a nivel nacional, gana por primera vez la gubernatura en Guerrero en coalición con el PRS y el Partido Convergencia. Zeferino Torreblanca Galindo obtuvo 55.10% de la votación y gobernó de 2005-2011. El PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PT, pierde con 42.10% de los sufragios. Aunque no alcanzó la asistencia del sexenio anterior, 52.40% de los electores decidió hacerlo, y el abstencionismo se dejó sentir con 47.6% (Gráfica 2).

En 2011, nuevamente en coalición, el PRD gana con 55.97% de votos la elección de la mano del PT y Convergencia; su candidato, el expriista Ángel Heladio Aguirre Rivero, obtuvo 13% más de los sufragios (55.10%) que la coalición opositora (42.69%): PRI, PVEM y el Partido Nueva Alianza (Panal). El desánimo de los votantes se dejó sentir por segunda vez en su historia, casi 50% de los guerrerenses no acudió a votar (49.6%) (Gráfica 1). Luego de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, inmerso en una crisis política, el gobernador solicita licencia al cargo[6]. Tres perredistas más completaron el fallido sexenio amarillo.

Desacreditado el perredismo en tan solo 12 años, los guerrerenses levantaron el castigo al PRI. En 2016, el abanderado, Héctor Astudillo Flores, regresó al PRI al Palacio de Gobierno amparado con 40.94% de votos, logrando la mayor participación ciudadana hasta ese entonces en la entidad con 56.70%; el PRD se quedó en segunda posición con 34.74% (Gráfica 1).

Democracia y desconfianza ciudadana

México es una república representativa, democrática, laica y federal (CPEUM, 2021) los ciudadanos deben tener una representación política y por medio de ella la posibilidad de gobernar a través de un representante democráticamente electo. La democracia, en tanto forma histórica de gobierno, ha mostrado sus ventajas y desventajas, en sus 2,500 años de existencia.

El desempeño del sistema democrático mexicano evidencia características singulares que permiten entender la situación actual.

El ciudadano mexicano aún posee el derecho constitucional de votar y ser votado; instituciones hasta ahora autónomas procuran que, como lo establece la Carta Magna, sea libre y secreto. Desde las últimas dos décadas, los partidos políticos le han apostado más a la venta de un candidato, como si de una mercancía se tratara, que a realizar propuestas sensatas para resolver los problemas sociales más sensibles de la población. Exhiben al representante como el mejor producto, al mismo tiempo que denuestan a sus contrincantes. Actualmente, es común que los candidatos regalen, entre los sectores más pobres de la población, enseres domésticos, gorras, encendedores, playeras, bolsas de mandado, entre otros insumos; otros ofrecen dinero proveniente del erario o de procedencia ilícita a cambio del voto (compra-venta) y una vez emitido entregan cantidades diversas según la persona y el lugar. Los menos afortunados sufragan, pero nunca reciben la promesa de pago. Todos aprovechándose de la decepción de unos, la indiferencia de otros y la pobreza y desinformación de otros tantos.

Asimismo, se ve desfilar con mayor frecuencia a cientos de candidatos “chapulines” (que brincaron de un partido a otro, en el último momento) y a decenas de personajes dedicados a la industria del entretenimiento aspirar a un puesto de elección popular -con exagerado número de ejemplos en los procesos electorales de 2018 y 2021-; mientras otros aprovecharon la reforma constitucional que después de 100 años permitía la reelección, muchos de ellos sin cumplir sus anteriores promesas de campaña.

La democracia permite llegar legítimamente, pero no tiene mecanismos para sancionar a quienes incumplen con su palabra y, una vez sentados en la silla del poder, ignoran y desprecian a los votantes que los llevaron a ocupar ese puesto. Una vez electos, esos gobernantes no ven a los ciudadanos como los sujetos a obedecer, sino como alguien ajeno a ellos y a quienes le deben respeto; es decir, se va haciendo cada vez más grande la brecha que separa a los ciudadanos del gobierno que eligieron en las urnas.

Derivado de ello, un alto número de mexicanos en cada elección expresa su sentir no votando. Al margen de la crítica a esta actitud, los electores han encontrado en el abstencionismo una respuesta, dejando que las decisiones políticas del país sean tomadas por unos cuantos en beneficios de unos pocos, en menoscabo del bienestar social de la mayoría.

Los ciudadanos han perdido confianza en los partidos políticos: en 2004 la confianza que tenían los ciudadanos era de 5.1; en 2020, de 5.3[7] (Mitofsky, 2020); es decir, en 16 años no mejoró sustancialmente.

Existen varios factores que determinan esa desconfianza (Corral, 2008): uno de alto impacto es el fenómeno general de “apoyo al sistema” o la creencia en la legitimidad del sistema de gobierno; el desempeño del gobierno, cuanto mayor es el nivel de satisfacción con el desempeño del gobierno, mayor es la confianza; la satisfacción de los servicios proporcionados por los gobiernos locales, cuanto mayor es la satisfacción con los servicios locales, mayor es la confianza en los partidos; las personas interesadas en política o los que se identifican con un partido político tienden a confiar más; las experiencias personales son significativas, los ciudadanos que han sido víctimas de la corrupción confían menos; aunque se pueda pensar que la percepción económica es importante, una vez que se incluye la percepción sobre la eficiencia del gobierno en la ecuación, la variable económica se vuelve estadísticamente insignificante. Aunado a la poca confianza en los partidos políticos, en la región de América Latina solo 33.9% de la población se identifica con un partido político.

En México, la desconfianza en los partidos políticos y en el funcionamiento del sistema político en general ha generado baja participación de los ciudadanos en las últimas décadas. En 1990, el sentimiento de que no había democracia efectiva en el país creció como la espuma.

En Guerrero, el promedio de participación en las elecciones alcanzó 50% en los últimos 40 años. En 1980 apenas participó el 38.7%; en 1986, 56.2%; en 1993, 33%; en 1999, 55%; en 2005, 52.4%; en 2011, 50.41%; en 2016, 56.69% y en 2021, 57.70%. (IEPCGRO, 2021 & IMO, 2021). Es significativo el nivel de abstencionismo en 1980 y 1993. En 80 estaban frescos los hechos violentos que terminaron con la guerrilla de Lucio Cabañas y la animadversión al gobierno y sus instituciones. En los primeros años de los 90, la elección de Rubén Figueroa Alcocer fue polémica en un clima de explosividad política y la falta de consenso en torno a Figueroa de priistas y no priistas guerrerenses, lo que tornó en poca participación en el proceso (Estrada, 1994).

Con la elección del abogado guerrerense José Francisco Ruiz Massieu en 1986 empezaron a sentarse las bases que pretendían que el poder político fuera más incluyente para los ciudadanos, propuesta visionaria y vanguardista para su tiempo que se tradujo en la reforma electoral de 1992. El 10 enero de ese año el Congreso del estado aprobó la reforma electoral impulsada por Ruiz Massieu que proponía: dos procedimientos para que una organización política pudiera obtener su registro como partido político estatal, el registro definitivo y el de carácter condicionado; además, quizá lo más influyente para la entidad y la nación, que se trasladara al Poder Legislativo la preparación y organización de los procesos comiciales e instituyera un tribunal electoral de plena jurisdicción (Estrada, 1994). Fernández (1993) asegura que Ruiz Massieu se lanzó a una reforma profunda en ese sentido, especialmente de sus instituciones y a tratar de establecer en Guerrero un sistema de partidos, una tarea titánica ante la debilidad de las instituciones preexistentes, por su estilo caudillista de gobernar aunado a las presiones de grupos de poder locales. Como lo evidencia la Gráfica 2, empezó a existir una competencia electoral real al subir a la palestra nuevos partidos[8].

La fuerza de la alternancia democrática en México llegó con el siglo XXI. La elección del candidato del PAN a la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, trajo consigo una nueva era de legislación en materia electoral, pero la felicidad duró poco, pues el cambio no fue estructural sino cosmético.

En las elecciones de 2006, la competencia entre Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN, y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición PRD, PT y Convergencia, fue bastante cerrada; el margen del ganador, Felipe Calderón, fue de 0.62, en medio de la sospecha de fraude. Ante la negativa del perdedor a aceptar la derrota se generó un clima de mayor desconfianza en las instituciones electorales. López Obrador acuñó la frase: “al diablo con sus instituciones”, instaló un plantón que exigía el conteo “voto por voto, casilla por casilla” sobre la avenida Reforma en la Ciudad de México, para después proclamarse “presidente legítimo” de México. La retórica del entonces excandidato perredista tuvo dos grandes repercusiones futuras: profundizó la desconfianza de los electores en la vida política nacional y alentó la polarización de la sociedad entre los que pertenecían a la “mafia del poder” y los que no.

La reforma electoral de 2007 cimentó el camino para una elección cada vez más equitativa entre las fuerzas políticas. En esta reforma se establecieron sanciones para los particulares que adquirieran spots para promover sus ideas políticas (motivado por la campaña negra que promovió cierto sector del empresariado en contra del candidato del PRD en las elecciones de 2006); se prohibió que los partidos pagaran publicidad en radio y televisión y se decretó su acceso gratuito; estableció el recuento de votos a nivel distrital si la diferencia entre el primero y segundo lugar era menor a un punto porcentual o si los votos nulos superaban la diferencia entre los punteros a nivel casilla; se regularon las precampañas y se prohibieron los actos anticipados de precampaña y campaña y se prohibió la propaganda personalizada de servidores públicos (Ugalde, 2016).

La reforma electoral de 2014, motivada por la compra de votos con dinero público (el caso Monex fue el más sonado), centralizó los comicios eligiendo a los consejeros electorales estatales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), pero esto no resolvía el problema de fondo que eran los pesos y contrapesos en las entidades locales (Ugalde, 2016).

Legitimación y sociedad civil

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 41: “Los partidos políticos son entidades de interés público (…) tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público…”.

Desde que se tiene registro puntual de los procesos electorales y la alternancia democrática se fortaleció y se hizo realidad, las elecciones en nuestro país no han tenido un componente verdaderamente representativo de la sociedad. Guerrero no es ajeno a esta situación. La reflexión de Sartori (2003) ilustra que una vez ganada la elección el pueblo que cuenta es, sobre todo, aquella porción que gana las elecciones; es decir, gobierna una mínima representación del pueblo, pues la integración de los perdedores al nuevo gobierno no siempre ocurre.

En 2011, la coalición ganadora (PRD, PT y MC) obtuvo 27.75% de la lista nominal de electores, sus opositores sumaron 22.88% y 49.37% de la población se abstuvo de votar (IEEG, 2011). En 2015, los vencedores (PRI y PVEM) arribaron con 23.22% de representatividad estatal, 30.94% sumó la participación de los perdedores y 43.30% decidió no ejercer su derecho al voto (IEPCGRO, 2021). Este 2021, el ganador (Morena) obtuvo 643 mil 814 votos (25.07%), por lo que el mandato popular sólo se lo confirió menos de un tercio de los electores; todas las opciones perdedoras reunidas, 837 mil 719 (32.63%), más los que se abstuvieron, un millón 85 mil 959 (42.29%), sumaron 74.92% de guerrerenses que no se sentirá representado. Como se observa, en los últimos 18 años, los ganadores no son una representación genuina del total de ciudadanos con capacidad de incidir en el proceso democrático. El impacto de la ausencia de una sociedad civil participativa que no sólo no acude a las urnas, sino que no se involucra en la elección de representantes -que después buscan su voto-, se traduce en el arribo a puestos de elección popular de políticos de carrera con un desconocimiento total de los problemas y necesidades de la ciudadanía que pretenden gobernar y, por ende, de una desconexión entre gobernado y gobernados. Un ejemplo de ello, la afirmación que hizo el actual gobernador electo en Nuevo León (Samuel García)  cuando afirmó que hay gente que “vive muy feliz con un sueldito de 40 o 50 mil pesos”, cuando en México, 60.7% de las personas ganan menos de ocho mil pesos al mes (un salario mínimo es de 185.56 pesos al día en la Zona Libre de la Frontera Norte y 123.22 pesos en el resto del país).

La construcción de la democracia es un camino difícil y complejo, pero necesario para transitar hacia una sociedad menos desigual. Al día de hoy se reconoce en la teoría política la existencia de tres actores fundamentales del Estado moderno: gobierno, mercado y sociedad civil. El gobierno, organismo supremo que gobierna a los ciudadanos; el mercado (iniciativa privada), sociedad con fines de lucro, aunque no sea numéricamente significativa, y la sociedad civil, población en donde las políticas públicas y el ejercicio de poder tienen repercusiones.

Cohen & Arato (2000), dos de los principales teóricos de la “sociedad civil”, definen así este concepto: esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por formas de autoconstitución y automovilización. Se institucionaliza y generaliza mediante las leyes, y especialmente los derechos objetivos, en tanto que son producto de su intervención en su formación y transformación, que se estabilizan la diferenciación social.

A diferencia de los teóricos pluralistas y de los defensores de la democracia de élite y la democracia participativa, no proponen un antagonismo de la sociedad civil con la economía y el Estado, sino que aquella sirva de contrapeso a ambos sistemas. Aunque México posee una larga tradición en la formación de organizaciones civiles y movimientos sociales que han incidido determinante, pero ocasionalmente en la agenda pública y en la modificación y creación de leyes e instituciones, éstos no han involucrado ni hecho partícipe a la inmensa mayoría del pueblo de México, que unido junto a ellos se convierta en un verdadero contrapeso o, incluso, en una alternativa con capacidad de cambiar el estado de cosas.

Hacer que los políticos de carrera vuelvan a las bases populares no es tarea de un solo individuo, sino de una colectividad activa. Hacer que la sociedad civil se fortalezca y se legitime, sólo puede ser producto de ella misma. México carece de la aglutinación de las organizaciones civiles atomizadas en torno a una estructura que verdaderamente garantice construir una sociedad civil unida, no sólo para el ejercicio democrático de votar, sino para la participación directa en la contienda y en construcción de los proyectos de gobierno; que puedan materializarse por el bien de todos o de la mayoría y que sea capaz de presionar y corregir el rumbo cuando se desvíe del objetivo común planteado.

La percepción de desconfianza hacia los gobiernos y los partidos políticos podría desaparecer porque la sociedad entendería que los partidos y los gobiernos no son entes ajenos a ellos, sino que son ellos decidiendo y ejerciendo el poder por medio de ellos mismos como gobernantes; única vía para acercarse a la real esencia de la democracia participativa. “Precisamente debido a que la sociedad civil moderna está basada en principios igualitarios y en la inclusión universal, la experiencia en la articulación de la voluntad política y de la toma de decisiones colectiva es de importancia capital para la reproducción de la democracia” (Cohen & Arato, 2000; 42).

La participación decidida de la sociedad civil guerrerense en el quehacer gubernamental es clave para la legitimización de políticos y garantía de una gobernabilidad efectiva.

Gobernabilidad, una tarea tripartita

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, gobernabilidad o gobernanza, es el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. La gobernabilidad en Guerrero no ha sido siempre lineal ni errática permanentemente; sus luces y sus sombras le han permitido ser lo que es hoy.

La gobernabilidad se puede entender desde tres ópticas de los estudios políticos: la tradición de la “razón del Estado”, dimensión de la eficacia/eficiencia en el ejercicio del poder político, y por ende, de la gestión gubernamental como clave de la gobernabilidad de un sistema social; la tradición de “buen gobierno” que tiende a marcar su desempeño considerando la tradición de la justicia y de la legitimidad de un ordenamiento político-social, la tradición del respeto a los derechos humanos y de la obligación gubernamental de proveer el bienestar general; y un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental (Camou, 2016). Esta última sintetiza claramente los objetivos de la gobernabilidad al conjuntar las dos anteriores e incluir la estabilidad[9]: permite articular eficacia, legitimidad y estabilidad; la relación entre el sistema político y la sociedad evitando cargar a uno solo de los actores la responsabilidad de mantener las condiciones de gobernabilidad. Desde su visión, además de integrar la eficacia/eficiencia gubernamental, se deben destacar los componentes consensuales (legitimidad) que se requieren para el funcionamiento adecuado del sistema político, ambos elementos dan la capacidad de adaptación a los cambios que son constantes en la sociedad.

Actualmente, Guerrero transita por un periodo de gobernabilidad “normal”, definida ésta como una situación donde las discrepancias (o diferencias) entre demandas y respuestas se encuentran en un equilibrio dinámico, esto es, varían dentro de márgenes tolerados y esperables para los miembros de la comunidad política. Esto no significa que no haya conflictos, cuestiones irresueltas e incluso problemas irresolubles; pero esas diferencias son aceptadas como tales e integradas en el marco de la relación de gobierno vigente en una sociedad (Camou, 2016). Por lo que problemas como narcotráfico, inseguridad, pobreza, marginación y falta de desarrollo económico están latentes, pero integrados en el plan de gobierno de la actual administración; es decir, son problemas que se están atendiendo o controlando (no está a discusión en este trabajo si esa atención es efectiva y abarcadora, ni excluye externalidades negativas no controlables)

Desde otra perspectiva, la gobernabilidad comprende los mecanismos, procesos e instituciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias (PUND, 2021).

De todas las visiones antedichas, se puede concluir que la gobernabilidad precisa de la existencia de dos elementos: legitimidad y consenso. La toma de decisiones, la gestión pública, alude a la participación de la sociedad civil tanto en los asuntos comunes como en la integración de la agenda institucional, pero su materialización y concreción depende de manera fundamental de los cuadros burocráticos (Uvalle, 2012). La elección de estos últimos se hace con arreglo a los políticos que fueron elegidos para los cargos de elección popular (presidentes municipales, diputados y gobernador); es decir, en esta elección no intervienen los electores, pero la burocracia que se elige en muchas ocasiones no es eficiente para resolver los problemas. Esto significa que una vez electas las autoridades, ellas y su burocracia son los que toman las decisiones de política pública, de resolver los problemas de la sociedad, de mediar las demandas sociales, en una palabra: de la gobernabilidad, pero sin la participación de la sociedad en estas soluciones.

El círculo vicioso de la democracia representativa actual permite el establecimiento de gobiernos legítimos, pero no legitimados: son los ciudadanos los que votan, pero ya una vez que ganó la opción más popular el retorno del ejercicio del poder del demos se interrumpe. Es decir, lo que cuenta, al final, más que la “ida” es el “regreso” del poder. Si este trayecto no es vigilado, si en el proceso de transmisión del poder los controlados se sustraen del poder de los controladores, el gobierno sobre el pueblo corre el riesgo de no tener ninguna relación con el gobierno del pueblo (Sartori, 2003).

La elección y la representatividad son los instrumentos que posibilitan la gobernabilidad; la participación activa de los electores representados en la sociedad civil en determinar cuáles son los problemas prioritarios y cómo resolverlos; es decir, participar en la elaboración de las políticas públicas y una sociedad civil partícipe en su concreción mediante la supervisión y vigilancia para la consecución de sus objetivos y, si no los llegara a estar logrando, en capacidad de intervenir y mejorar sus métodos.

Todo este conjunto de circunstancias hará posible que la sociedad civil sea el actor principal en la gobernabilidad del Estado, por este método se podrán resolver los problemas cruciales de manera más eficiente y el respaldo de la sociedad estará siempre presente, pues ella irá construyendo la gobernabilidad a través de un gobierno bien representado. En este esquema, el mercado ocupa un lugar determinante al inmiscuirse en la resolución de los problemas de la forma más efectiva, además de participar aportando su experiencia en la generación de empleos y creando una economía cada vez más social; es decir, garantizando salarios que sean suficientes para que los trabajadores obtengan una canasta básica necesaria. Sobre este trípode ideal: gobierno, sociedad civil y mercado se pueden tomar las mejores decisiones y concretar soluciones. Si los tres están vigilantes y son capaces de rectificar cada vez que la realidad lo demande, estarán en mejor capacidad para afrontar con éxito las adversidades, pero lograr la construcción y el fortalecimiento del elemento más débil de la gobernabilidad: la sociedad civil organizada, es tarea una de todos todo el tiempo, pues ni siquiera su existencia real está exenta de contratiempos.

Retos de la gobernabilidad en Guerrero

Los problemas de Guerrero son muchos y diversos, según Camou (2016)[10] los siguientes puntos permiten evaluar grosso modo el grado de gobernabilidad de una sociedad, para lo cual se reagruparon en tres: 1) gestión eficaz de la economía y capacidad para generar bienestar social y garantizar servicios sociales mínimamente adecuados; 2) control del orden político y la estabilidad institucional y 3) mantenimiento del orden y de la ley,

Economía y bienestar social

La gestión eficaz de la economía va de la mano con generar bienestar social y garantizar servicios sociales mínimamente adecuados. Esta dimensión que debe atender la gobernabilidad es el desafío más grande porque implica un proyecto de largo alcance y cuantiosos recursos económicos y humanos, pues el atraso económico de la sociedad guerrerense data de siglos, a pesar de sus inmensas riquezas naturales y pluriculturalidad.

Los indicadores de desarrollo económico y rezago social muestran varios problemas. El Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Social (Coneval 2019) arrojó lo siguiente: de 2008 al 2018 la población en situación de pobreza pasó del 68.4% a 66.4%, respectivamente; una disminución de 2% en un periodo de 10 años. La situación de las personas en pobreza extrema mejoró poco, pues pasó de 32.4% a 26.7%, una disminución de 5.7%. La población en situación de pobreza moderada aumentó de 36% en 2008 a 39.7% en 2018, un incremento de 3.7%. En números absolutos, en 2008 la población era de 3.4 millones y 10 años después (2018), de 3.6 millones. Así, en 2008 la población en situación de pobreza era de 2.3 millones y en 2018 de 2.4 millones; en situación de pobreza moderada había 1.2 millones y en 2018, 1.4 millones y los pobres extremos en 2008 eran 1.1 millones y para 2018, 971 mil, lo que equivale a haber llenado el Estadio Azteca[11] 11 veces sin dejar un solo espacio vacío.

Es aún más tétrica la situación de las personas que carecen de seguridad alimentaria en la entidad, pasó de 27.8% a 35.6% entre 2016 y 2018 (Coneval, 2019); es decir, en 2018 había 1.3 millones de guerrerenses que no tenían con qué alimentarse, dada la actual situación de estancamiento económico agudizado por la covid-19 es de esperarse que su suerte no ha mejorado sino que, incluso, ha crecido el número de pobres en todo el estado y en el país[12].

Los índices de rezago social de 1990 a 2020 muestran lo que sigue: el rezago educativo pasó de 35.2% a 25.5% y la carencia de acceso a la salud decreció de 79.3% a 21.1%, indicadores positivos, pues refieren que se avanzó en 58%, lo que en números absolutos equivale a pasar de 2 millones a 750 mil personas sin acceso a la salud. Las personas que tienen carencia de vivienda por hacinamiento pasaron de 51.2% a 22.5%; carencia por acceso al agua entubada, 50.2% a 13%; carencia de servicio de drenaje 68.1% a 16.4% y carencia de servicio de electricidad 23% a 1.2% (Coneval, 2021).

La marginación de sus habitantes se combina con una economía que está poco diversificada: el sector terciario concentra en el 76% de la actividad, la manufactura y la actividad primaria representan el resto (Inegi, 2020). El aporte que se hace al Producto Interno Bruto (PIB) nacional ocupa el lugar 24. Sin embargo, no se puede catalogar a Guerrero como un estado uniformemente pobre, pues ciudades turísticas como Acapulco o Zihuatanejo tienen alta calidad de vida en ciertas partes, pero crean cinturones de miseria en las periferias. Es decir, se van formando poblaciones desiguales en condiciones materiales y de oportunidades. Este problema tampoco es exclusivo de Guerrero, a nivel nacional e internacional es producto de la forma de producción y reproducción social vigentes. Así por ejemplo, vemos que la desigualdad y la pobreza son temas que preocupan en el mundo entero, y reflejo de ello es el premio Nobel 2019[13] y los teóricos como Piketty y Stiglitz, por mencionar a los más renombrados y que están poniendo en el debate el problema de la desigualdad y pobreza de la humanidad, pero cuya solución empieza desde la acción local.

Las causas estructurales de que Guerrero sea un estado productor de la goma de opio en la Sierra y la Montaña están ligadas  a la miseria y abandono. En esas regiones, la economía del opio es la única que genera recursos para sufragar los gastos de una familia. Terminar con ese problema requiere de la creación de oportunidades dentro del marco legal.

Para enfrentar el problema económico y la generación de bienestar social con garantía de servicios sociales se tiene que trabajar en algunos ejes fundamentales: impulsar la economía de los sectores primario y secundario, pues aunque el terciario es dominante y vigoroso no se está usando el potencial de los dos que están rezagados; generación de empleos que garanticen trabajo para la mano de obra local; generar mecanismos de comunicación más eficientes, empezando por carreteras e internet para conectar al estado; impulsar un plan de educación que capacite a los habitantes con los empleos del siglo XXI y; una plan para la atención de las carencias sociales básicas que se proponga terminar con el atraso de siglos. Estos ejes de trabajo tienen que analizarse desde la óptica de la gobernabilidad tripartita; es decir: sociedad civil, mercado y gobierno. Si estos tres actores son capaces de encontrar las mejores soluciones y encaminarse en la construcción de los proyectos planificados estaremos cada vez más cerca de terminar con el problema del deficiente desarrollo económico y disminuirá la desigualdad histórica en la entidad. En cuanto a los recursos necesarios, es preciso que la Federación aumente el presupuesto para estos proyectos, pues la capacidad recaudatoria del estado y de los municipios nunca será suficiente para sacar del atraso a Guerrero y a cualquiera entidad del país; negociando o por etapas, esta tarea es impostergable, más aún si considera que el país continúa inmerso en una crisis sanitaria cuyo fin no se mira cercano.

Control del orden político y la estabilidad institucional

Se trata de la capacidad del sistema político para incorporar, restringir o acomodar –de acuerdo con pautas institucionalizadas– a individuos y grupos que buscan influir en el juego político, con el propósito de permitir el flujo eficaz en la toma de decisiones (Camou, 2016). Si bien en este aspecto se ha tratado la integración de nuevos partidos políticos a la escena estatal gracias a las reformas de apertura electoral, aquí interesa saber qué grupos de la sociedad civil han quedado al margen de este mecanismo institucional y siguen sin ser tomados en cuenta a plenitud. Desde ese mirador hay dos grupos representativos y marginados que no participan con toda su capacidad en el ejercicio del poder en Guerrero: los pueblos indígenas y afrodescendientes y las mujeres.

De los 3 millones 540 mil 685 en 2020 (Inegi, 2021) que comprende la población total guerrerense, 1 millón 840 mil 73 son mujeres (52%) y 1 millón 700 mil 612 son hombres (48%); 515 mil 487 hablan alguna lengua indígena (15.5%) y 303 mil 923 son afrodescendientes (8.6%); es decir, la población de indígenas y afrodescendientes comprende un cuarto de la población del estado y cuyo peso podría inclinar el fiel de la balanza de las decisiones políticas.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes en Guerrero han sido excluidos en la representación de sus derechos políticos y del desarrollo económico. Los municipios que concentran a esta población tienen los índices de marginación más altos. En 2015, de los 18 municipios que tienen más del 90% de sus habitantes en pobreza todos eran municipios indígenas, de donde destacan por ocupar siempre ese deshonroso lugar: Cochoapa el Grande y Metlatónoc, ambos Tu´un Savi (mixtecos). A este sector de la población, más allá de permitir que desarrollen su cultura y sus usos y costumbres urge incluirlos en el desarrollo y la estructura política vigentes en el estado sin ambages.

Estos pueblos originarios y afrodescendientes poseen elementos culturales que valen la pena rescatar e impulsar, y otros que se deben desterrar del ideario colectivo, de hacerlo, encajarían perfectamente en la construcción de una verdadera democracia en toda la extensión de la palabra. Sobre los primeros: democracia participativa que sobrevive con fuerza entre ellos, pues es periódica y permite resolver problemas colectivos al convocar a asambleas populares donde tienen derecho a opinar y votar. Es decir, resuelven los problemas de manera colectiva y cuando de ello dimanan actividades prácticas todos asisten a su realización, derivado de sus usos y costumbres ancestrales. Entre las varias cosas a desterrar por ser violatorias de los derechos humanos figura el matrimonio por compra-venta, práctica que tiene como principio ofrecer cosas a los padres de la novia en señal de respeto por haberla cuidado y educado; ahora se ha convertido en una cantidad de dinero que demanda la entrega de la mujer como si fuera una mercancía. La inclusión de estos grupos impulsará la actividad política como un problema de todos, a través del diálogo y el consenso y no de la imposición del derecho positivo.

Para que haya una actividad política plena es imprescindible una plena participación en la actividad económica de la entidad, pues aunque sus tierras son poco aptas para el cultivo de extensión, se pueden impulsar otro tipo de proyectos (como la producción de árboles frutales). En cuanto a la ganadería (equina y porcina) pueden ser buenas opciones, además de la comercialización de artesanías que poseen un alto valor agregado en el mercado nacional e internacional.

La integración de la mujer en el esquema de la gobernabilidad es, en sí mismo, un reto importante dado el grado de estructuras arcaicas que predominan en el estado. El patriarcado dominante y la poca participación de la mujer hallan explicación en el hecho de que no se ha desarrollado la estructura productiva de la sociedad guerrerense, pues todavía existen comunidades indígenas que no han transitado hacia la modernidad y predomina la agricultura de subsistencia y el capitalismo como forma de producción no existe[14]. Por ello, es indispensable no solo promover la participación de la mujer por medio de la legislación para que no sólo participe mediante la paridad de género, sino impulsar el cambio de su entorno social y material, igualando las oportunidades para que accedan a educación, empleo y participen activamente en la vida política.

Podría parecer contradictorio que se diga que se necesita incluir a las mujeres en la gobernabilidad dado que ahora fue electa[15] una mujer para el cargo de gobernadora. Resulta inexplicable para algunos que un estado con alto grado desigualdad para las mujeres haya ganado ese puesto una mujer.[16] De lo hasta ahora observado se extraen dos puntos de vistas: el primero tiene que ver con que la estructura electoral de Morena trabajó para posicionar no a la candidata sino al partido (ya se abordó incisos arriba que aún continúa influyendo la marca y el discurso del presidente, y la distribución sin control de los programas sociales y dinero público para que la gente votara por el partido de quien recibía “ayuda”; el segundo, que se trató de una operación consensuada entre los grupos políticos de la entidad para impulsar no a Evelyn Salgado, sino al grupo de Félix Salgado Macedonio; pues no fueron las mujeres y hombres guerrerenses los que decidieron su candidatura sino el partido; su persona es poco conocida en el estado y su trayectoria como funcionaria pública, escasa. Ni siquiera se puede afirmar que en ella estén representados los grupos de feministas del estado, pues no ha tenido ninguna relación directa ni indirecta anteriormente con ellos ni esos grupos la promovieron.

Integrando a estos dos actores de la sociedad civil en la construcción y ejecución de la gobernabilidad, se podrá conducir al estado por la senda de la armonía política.

La ley y el orden

Actualmente la seguridad en Guerrero está garantizada por las instituciones responsables de la administración de la justicia, capaces de atender las necesidades del estado con una eficacia que permite la aplicación del orden jurídico vigente. No obstante, ante este panorama de orden y paz controlada, sobresalen dos grandes problemas: la violencia desatada por el narcotráfico y la aplicación de justicia por parte las policías comunitarias, policías ciudadanas y autodefensas. Ambas cuestiones rebasan el orden estatal de influencia y acción, por lo que no pueden atribuirse exclusivamente a la falta de acciones del gobierno local; intervienen mecanismos de la Federación que no se han podido accionar coordinadamente en los tres niveles de gobierno.

Para remediar la violencia provocada por el crimen organizado, estudiosos del tema han concluido que hace falta una política eficaz de combate al narcotráfico que, por un lado, ataque sus causas sociales (pobreza, marginación y desempleo) y, por el otro, haga frente a la contención de la violencia mediante mecanismos de prevención, pero no desde un nivel de gobierno, urge de sus tres niveles por la logística a operar y por los recursos económicos necesarios para su intervención.

Las policías comunitarias, ciudadanas y autodefensas justifican su existencia con el argumento de que como el gobierno no es capaz de brindarles seguridad, ellos se la autoprocuran. La permisividad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de organismos internacionales[17] ha permitido que muchos grupos se autodenominen de la misma forma (aunque no sean lo mismo); se disfracen de policías comunitarios para aterrorizar, y ejerzan su ley al libre albedrío para conseguir intereses distintos, pues es notorio que en el territorio los límites de su acción han sobrepasado esas poblaciones y muchas de esas policías han dejado de reivindicar el espíritu comunitario de su fundación[18].

Conclusiones

Robustecer la participación de la sociedad civil en las elecciones es el primer paso para construir la gobernabilidad tripartita en el estado de Guerrero. Actualmente, los partidos políticos y los candidatos, en su gran mayoría, han cooptado, deslegitimado y creado desconfianza en el ejercicio democrático, al no trabajar permanentemente de la mano con la sociedad civil, por lo que no han sido lo suficientemente capaces de articular la diversidad de demandas de los grupos que con conforman a este estado pluricultural y de contrastes que tiene sumida a más del 50% de sus habitantes en la pobreza y la marginación. La real participación de la sociedad civil unida, es el gran desafío en la construcción de plena gobernabilidad en el estado y el único mecanismo eficaz por el cual los ciudadanos decidan quién los debe gobernar, cuáles son las mejores políticas públicas que resuelven sus problemas y quienes vigilen su consecución. Si de ella emanan los candidatos y los partidos se fortalecerá la eficacia gubernamental y obligarán a que el mercado haga su parte. La sociedad civil guerrerense es un ente que está atomizado y aletargado y necesita activarse, constituirse en un bloque sólido que ayude a construir la gobernabilidad en la entidad con miras al desarrollo.

Fortalecida la sociedad civil y en consonancia con mercado y gobierno, podrá poner atención en los tres ejes que adelanta este texto: atender la deficiente estructura económica para transformarla en una que sea capaz de crear bienestar social para las y los guerrerenses, este plan económico debe tener como principio la justicia social; es decir, una repartición de la riqueza estatal de formar menos desigual; inclusión de las mujeres y los grupos afrodescendientes e indígenas haciendo eco de lo mejor de sus usos y costumbres pero cuya funcionalidad no ha perdido vigencia y atención focalizada y participativa de los tres niveles de gobierno para atender de manera eficaz la violencia engendrada por el narcotráfico y los grupos sin ley.

El fortalecimiento de la sociedad civil guerrerense, la construcción de la gobernabilidad tripartita y la solución a los problemas más acuciosos del estado no pueden ser tareas de una sola persona, grupo político, partido político o gobierno, son responsabilidades de todos los guerrerenses que aspiren a un estado más incluyente para sus futuras generaciones. Ante un mundo cada vez más informado y polarizado, el entendimiento y el diálogo político es el único camino que puede construir una gobernabilidad estable, duradera y en favor de los valerosos hombres y mujeres de Guerrero.


Rogelio García Macedonio es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

[1] Autores como Thomas Piketty (2014), El capital en el siglo XXI; Joseph Stiglitz (2012), El precio de la desigualdad; Gerardo Esquivel (2015), Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político han puesto de manifiesto que la injusta distribución del ingreso genera menor crecimiento económico, polarización social, altos niveles de pobreza e, incluso, pone en peligro la estabilidad democrática.

[2] Se disputaron 19 mil 915 cargos de elección popular en todo el país (gobernadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, sindicaturas y regidurías); tan solo en Guerrero, se eligieron a 796 ciudadanos.

[3]El gobernador Rubén Figueroa Alcocer se vio obligado a dejar el cargo el 12 de marzo de 1996, tras resultar implicado en la masacre. El entonces priista Ángel Heladio Aguirre Rivero se conviertió en el gobernador interino.

[4]El 1° de abril de 1977, en Chilpancingo, Guerrero se anuncia la decisión de promover cambios sustantivos en el esquema electoral para abrir espacios y hacer frente a la inminente realidad política del país. Con la reforma –aprobada en diciembre de ese año– se incluyó el reconocimiento de organizaciones políticas que antes estaban en la clandestinidad, permitía coaliciones, abría espacios en radio y televisión para propaganda, se instauró la representación proporcional y aumentaba de 186 a 400 los diputados que conformarían el Congreso de la Unión.

[5] El Frente Democrático Nacional apoyó la candidatura a la presidencia de la República de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (quien perdió, entre la fuerte sospecha de fraude, ante Carlos Salinas de Gortari). Estaba integrado por diversos partidos y organizaciones civiles, entre los que destacan el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Socialista, el Partido Social Demócrata, el Partido Verde Mexicano e integrantes del Partido Socialista Unido de México, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre otros.

[6] El 26 de octubre de 2014, Rogelio Ortega Martínez es nombrado gobernador interino. Al concluir su periodo (24 de abril de 2015), David Cienfuegos Salgado asume como gobernador provisional. Tres días después (27 de abril de 2015) Rogelio Ortega es vuelto a ser nombrado gobernador y concluye el mandato iniciado por Ángel Aguirre Rivero.

[7] En una escala de 1 a 10, donde 1 es que no confían y 10 significa que confían mucho.

[8] El PRD apareció con fuerza y en 1999 estuvo muy cerca de arrebatarle el poder estatal (PRI); lo logró en 2005 y repitió la acción en 2011.

[9] Siguiendo a Camou (2016) ésta se puede entender como la capacidad de un sistema socioeconómico de sobrevivir en el tiempo; es decir, a su capacidad de adaptación a los cambios.

[10] De acuerdo con Camou, la gobernabilidad se puede evaluar con cuatro grandes apartados: el mantenimiento del orden y de la ley, gestión eficaz de la economía, capacidad para generar bienestar social y garantizar servicios sociales mínimamente adecuados y el control del orden político y la estabilidad institucional.

[11] La capacidad del Estadio Azteca es de 90 mil personas. 

[12] En 2020 Gerardo Esquivel estimó que la pobreza extrema podría aumentar en un rango que va de 6 a 16.6 millones de personas. Esto implica que entre 4.8 y 13.3% de la población total del país  podría pasar a formar parte de los pobres extremos. Sólo como referencia, el aumento equivalente de la crisis de 1994/1995 fue de 16.2% de la población total, ya que la población en pobreza extrema (o pobreza alimentaria, de acuerdo con los criterios utilizados en ese entonces) pasó de 21.2% en 1994 a 37.4% en 1996 (Esquivel, 2020).

[13] En 2019 se otorgó el premio Nobel de Economía a Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kremer por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. 

[14] Siguiendo las ideas de Lewis Morgan en La sociedad antigua y de Federico Engels en El origen de la familia la propiedad privada y el estado, cuando habla, sobre todo este último, de cómo la transformación de la sociedad fue cambiando la forma del matrimonio, al mismo tiempo que el papel de los hombres y mujeres con la aparición de la propiedad privada y la división del trabajo fue cambiando hasta convertirse el hombre en el proveedor prioritario de los medios de subsistencia de la familia, a tal grado que la mujer quedó relegada como procreadora de la mano de obra que necesita la sociedad. En el capitalismo desarrollado, no solamente es la procreadora sino como otro integrante del proceso de producción. En éste encontrará la igualdad de género cuando tenga igualdad económica. Esta organización, hasta ahora predominante, cambiará con el cambio de la organización de la producción social; es decir, la mujer encontrará su liberación definitiva cuando la sociedad alcance una producción socializada.

[15] Hasta el día 26 de junio de 2021 la elección de Evelyn Salgado Pineda como gobernadora sigue siendo oficial; el candidato de segundo lugar impugnó la elección dadas las presuntas irregularidades presentadas en los comicios.

[16] Según el el Sistema de indicadores para el seguimiento de políticas de desarrollo, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (2015) sugiere la existencia de condiciones estructurales en el sistema de salud y en el mercado de trabajo que mantienen niveles bajos de accesibilidad para las mujeres.

[17] (Ley 701, Convenio 169 de la Organización Intenacional del Trabajo, entre otros)

[18] La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, integrada e ideada por indígenas y afrodescendientes, creo la Policía Comunitaria para garantizar su seguridad mediante regida por sus “usos y costumbres”.

Bibliografía

Buve, Raymond (2003). Caciquismo, un principio de ejercicio de poder durante varios siglos, en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, Vol. XXIV, núm. 96, pp. 17-39. El Colegio de Michoacán, A.C. Zamora, México.

Camou, Antonio (2016). Gobernabilidad y democracia. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, Instituto Nacional Electoral, Ciudad de México.

Cohen, Jean y Andrew, Arato (2000). Sociedad civil y teoría política, México, Fondo de Cultura Económica.

Coneval (2019). Guerrero, pobreza estatal 2018. Consultado en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/Pobreza_2018.aspx el 20 de junio de 2021.

Coneval (2020). Informe de pobreza y evaluación 2020. Guerrero. Ciudad de México. Consultado en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Guerrero_2020.pdf el 3 de junio de 2021.

Coneval (2021). Treinta años de evolución de las carencias sociales a partir de instrumentos censales y la Encuesta Intercensal, 1990-220. Consultado en https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Carencias_sociales_censales_90_20/Presentacion_evolucion_carencias_sociales_censales_1990_2020.pdf el 20 de junio de 2021.

Corral, Margarita (2008). (Des)confianza en los partidos políticos en América Latina en Revista de Ciencia Política, Vol. 28, Núm. 2, pp. 195-202. Consultado en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 090X2008000200009 el día 10 de junio de 2021.

CPEUM (2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf el día 9 de junio de 2021.

Esquivel, Gerardo (2020). Los impactos económicos de la pandemia en México en ECONOMÍAUnam Vol. 17, núm. 51, septiembre-diciembre, 2020. 

Estrada, Castañon A. Teresa (1994). Guerrero: transición democrática, obstáculos y perspectivas en Elecciones y Partidos Políticos en México, 1993, pp. 53-77. Universidad Autónoma Metropolitana. Distrito Federal, México. Consultado en http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cede/Anuario_Elecciones_Partidos_Politicos%20/1993_div/1993%20p.44-58.pdf el 1 de junio de 2021.

Fernández, Méndez Jorge (1993). Las elecciones en Guerrero, en Revista Nexos consultado en https://www.nexos.com.mx/?p=6707 el 10 de junio de 2021.

IEEG (2011). Memoria Proceso Electoral de Gobernador publicado en Chilpancingo, Gro. Consultado en https://iepcgro.mx/principal/uploads/publicaciones/memoria_PE2011.pdf el día 29 de junio de 2021.  

IEPCGRO (2021). Procesos electorales en Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Consultado en https://iepcgro.mx/principal/sitio/procesos_electorales el 9 de junio de 2021. 

IEPCGRO (2021b). Resultados del cómputo estatal de la elección de gubernatura del estado de Guerrero. Consultado en  Resultados_Gubernatura_2020-2021.pdf (iepcgro.mx) el día 29 de junio de 2021.

Illades, Carlos (2000). Breve historia de Guerrero. Fideicomiso de historia de las Américas, El Colegio de México. Ciudad de México. 

Illades, Carlos (2021). Post de Carlos Illades el 01/05/2021.   Recuperado en https://www.facebook.com/photo?fbid=10222374454569180&set=a.10202248744239000 el día 12 de junio de 2021. 

IMO (2021). Resultados de la Elección para Gobernador en el Estado, Guerrero en Instituto de Mercadotecnia y Opinión. Consultado en https://web.archive.org/web/20120517030726/http://www.imocorp.com.mx/CAMPO/ZSIEM/ELEC_X_ANIO/RESULTADOSWEB.ASP?IDELECCION=41 el 8 de junio de 2021.

Inegi (1935). Quinto Censo de Población. 15 de mayo de 1930. Estado de Guerrero. Consultado en https://inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825411534 el 30 de junio de 2021.

Inegi (2020). Censos económicos 2019. Consultado en  https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/ el 23 de junio de 2021.

Inegi (2021). Presentación de resultados. Guerrero. Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_gro.pdf el 24 de junio de 2021.

Mitofsky (2020). Ranking Mitofsky confianza en México: instituciones. Consultado en http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1407-confianza-2020 el 10 de junio de 2021.

PNUD (2021). Página web de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado en https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home.html el 18 de junio de 2021.

Sartori, Giovanni (2003). ¿Qué es la democracia? Traducción de Miguel Ángel González Rodríguez y María Cristina Pestellini Laparelli Salomon. Taurus. Distrito Federal, México.  

Stiglitz, Joseph (2012). El precio de la desigualdad: El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Madrid, España: Taurus

Ugalde, Luis Carlos (2016). La democracia estancada (México 2006-2016), en Revista Nexos consultado en https://www.nexos.com.mx/?p=29026  el 10 de junio de 2021.

Uvalle, Ricardo (2012). Sociedad abierta, gobernabilidad y gestión pública en Gobernabilidad y gobernanza en los albores del siglo XXI y reflexiones sobre el México contemporáneo / Bertha Lerner, Ricardo Uvalle, Roberto Moreno, coords, México, DF: UNAM, pp. 33-64.