Un asunto de seguridad nacional

ENSAYO Por: Citlali Aguirre

Agosto 2022

El marco jurídico relacionado con el agua en México data de principios de los años 70s con la Ley Federal de Aguas. En 1992, dicha ley fue sustituida con la Ley de Aguas Nacionales. Desde entonces, esta ley gestiona el agua del territorio mexicano a través de un sistema de concesiones con lógica de mercado; las concesiones las otorga el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las decisiones de ambas instituciones han respondido históricamente a intereses particulares. Sus decisiones no se han basado en garantizar agua en cantidad y calidad suficiente a la mayoría de los mexicanos. La mejor prueba de ello es que, a la fecha, hay estados con sequías extremas y estados que se inundan frecuentemente; el agua que llega a las comunidades la mayoría de las veces viene contaminada, los mexicanos nos bañamos y consumimos agua con agentes cancerígenos que desechan compañías mineras e industriales que utilizan el recurso a su antojo.

En cuanto a la disponibilidad de agua, el Inegi reportó que en 2010 el 11.8% de los hogares mexicanos no contaba con agua potable y, en 2020, el porcentaje creció al 22.4% de los hogares. Sin embargo, cuando no hay lluvias (de noviembre a abril), la escasez recrudece para un mayor número de mexicanos. Los estados del Norte han sido los más vulnerables de esta escasez, y lo serán también en el futuro, como lo pronostican los expertos en cambio climático.

Respecto a la calidad, abundan los estudios químicos que indican que el “agua potable” que se consume en distintas zonas del país está cargada de sustancias nocivas, en cantidades que afectan la salud humana y también la salud de los ecosistemas. De acuerdo con una investigación de Data Crítica y Quinto Elemento Lab, que analizó una base de datos de Conagua, la presencia de niveles altos de arsénico en pozos pasó de 17 entidades en 2012 a 24 en 2018. Este trabajo encontró altas concentraciones de arsénico en pozos de Guadalajara, Jalisco; en La Paz, Baja California Sur; en Hermosillo, Sonora; en Villa de Cos, Zacatecas y en Tlajomulco, Jalisco, que ahora resienten una crisis de contaminación que antes estaba limitada a ciertos lugares en La Laguna, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato. El estudio advirtió que el arsénico y fluoruro ya alcanzaron pozos de casi todo el país, en cantidades superiores al nivel máximo permisible de la Organización Mundial de la Salud. 

En México se abusa del recurso hídrico. Pero, aunque buena parte de la sociedad hace un uso ineficiente del agua, no todos utilizamos ni abusamos del recurso en la misma cantidad. Uno puede entrar al Registro Público de Derechos de Agua y ver cómo está concesionada el agua en cada estado de la república. Basándose en este registro, el Frente Nuevo León, ha denunciado que 12 multinacionales, entre las que se encuentra Coca Cola, Cervecería  Cuauhtémoc Moctezuma y Alfa Subsidiarias, acaparan 44,690 millones 222 mil litros de agua al año, mientras para el uso doméstico de la población de Nuevo León se destinan solamente 1,033 millones 950 mil litros de agua al año. Es decir, estas 12 multinacionales y otras 34 personas físicas acaparan el agua en Nuevo León. Otros miembros de la lista de acaparadores de agua son la productora ítalo-argentina de acero Ternium México, y la productora de vidrio, cerámica y hormigón, Vitro, empresas vinculadas al apellido Garza Sada. En esta situación están la mayoría de los estados de México.

A estas concesiones privadas nadie las regula, porque no hay una institución reguladora del recurso hídrico en México, la Conagua es responsable solo del abasto. Para ellas no aplicaron los recortes y las tandas establecidas por el gobierno de Nuevo León; ellas tienen sus propios pozos, basta con que abran la llave para tener agua, mientras los habitantes de las colonias pobres tienen que madrugar para recibir de 4 a 10 am, si tienen suerte, un poco de agua para sus hogares. Y, por si fuera poco, cerca de 60 concesiones privadas agrícolas e industriales funciona sin estar en regla: no están pagando sus títulos y derechos, como la misma Conagua lo reconoció recientemente.

Otra deficiencia de la gestión hídrica en México es que hay pocas posibilidades de reutilizar el agua. La responsabilidad del saneamiento corresponde a los municipios a través de sus organismos operadores. Sin embargo, según la Conagua, el 43% de las aguas residuales en México no reciben tratamiento alguno, cuando existe una creciente demanda de agua tratada para usarse en la agricultura, procesos industriales y actividades recreativas. Varias de las plantas de tratamiento de aguas residuales funcionan apenas al 50% de su capacidad y otras más ni siquiera terminaron de construirse, como aquellas que rodean al lago de Pátzcuaro, en Michoacán.

El problema del agua en México es grande y requiere soluciones grandes. Hay que regular a las concesiones privadas, no se trata de desaparecerlas porque ello traería consigo más desempleo y elevación de precios, pero sí hay que obligarlas a que paguen más impuestos y que reparen los daños que provocan en el entorno. Hay que implementar una política nacional seria que atienda la crisis hídrica: más inversión en infraestructura para almacenamiento y transporte de agua, y mayor investigación para instrumentar tecnologías que atiendan el problema. Pero para administrar el agua, debe haber agua disponible y el cambio climático augura un futuro más seco, con menos lluvias. Por tanto, es necesario también priorizar la conservación y restauración de bosques, que de manera natural retienen el agua de las lluvias y recargan los acuíferos. Necesitamos una política nacional de mitigación y adaptación al cambio climático que sirva al menos para paliar las consecuencias de éste en el territorio mexicano. Lo anterior le toca al gobierno, y a nosotros, a la sociedad civil, nos toca presionar y exigir a los políticos avances en esa dirección.

El territorio mexicano exige a gritos un plan hídrico nacional, que se enfoque no solamente en la administración del agua, sino en la regulación del uso de este recurso tanto por los usuarios privados como para el uso de los ciudadanos en general.


Citlali Aguirre es maestra en ciencias biológicas por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.