Marzo 2022
Para hacer de México un país mejor en todos los ámbitos, se requiere en primer lugar, a una sociedad bien alimentada y, por ende, con buena salud. Sin esa condición, la población mexicana no podrá desarrollar todo su potencial en la educación, en la ciencia, en la cultura, ni en ninguno de los ámbitos sociales y económicos. No podremos ser una potencia económica, científica, cultural, y deportiva con millones de mexicanos mal alimentados y enfermos.
La atención que le ha dado el Estado al tema de la alimentación ha sido menor con respecto al tema de la salud y la educación, que a pesar de su mal funcionamiento y de sus deficiencias tienen su propio sistema. Sin embargo, no hay un sistema estatal que atienda los problemas de alimentación y nutrición de los mexicanos. Y, por si fuera poco, fue hasta el año 2011 cuando se elevó a rango constitucional el derecho a la alimentación.
Las políticas y programas enfocados a la alimentación y nutrición que se han aplicado en nuestro país han respondido a coyunturas de tipo ambiental, económico y político (Barquera, S., 2001), y no a una preocupación genuina del Estado por atender este problema. En cada sexenio se desarrollaron programas que atendieron uno, dos, o más aspectos de la alimentación, enfocados a distintos grupos vulnerables, pero nunca atendieron al problema en su conjunto. Así, algunos programas solo estuvieron vigentes en un sexenio o menos, y otros pocos han sobrevivido hasta la actualidad.
Los problemas de alimentación han sido atendidos desde distintos enfoques y con diversos programas a cargo de las instituciones de salud, de la secretaria de agricultura, y de desarrollo social-bienestar, entre otras. Desde el impulso a la producción para asegurar la disponibilidad de alimentos, la comercialización de productos de la canasta básica a través de la Conasupo-Diconsa, la dotación de despensas y leche a familias vulnerables, subsidios al consumo de productos básicos como los tortibonos, desayunos escolares, comedores comunitarios, hasta transferencias monetarias para mejorar el ingreso y el consumo de alimentos. Grandes programas han intentado atender el problema de alimentación, como el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), el Programa Nacional de Alimentación (Pronal), el Progresa, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y actualmente Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
A pesar de todos esos esfuerzos, millones de mexicanos pasan hambre, y otros tantos padecen problemas de salud relacionados con la alimentación como la desnutrición y obesidad. De acuerdo con el Coneval en 2020 el 22.5% de la población, es decir, 28.6 millones de personas no tuvieron acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020, en el primer año de pandemia el 47.1% de los hogares redujo el gasto en alimentos. Además, la misma encuesta menciona que existe una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los mexicanos, a tal grado que, el 74.1% de los adultos la padece, el 43.8% de los adolescentes de 12 a 19 años, el 38.2% de los niños de 5 a 11 años, y el 8.4% de los menores de 5 años. México vive el doble problema de la malnutrición, por un lado, hambre, por el otro, obesidad.
Y, ¿qué hace el actual gobierno para combatir estos problemas? Prácticamente nada serio. Los sellos en el etiquetado de productos alimenticios y las campañas contra la comida chatarra son las “grandes políticas” que combatirán los problemas de alimentación. El pueblo de México debe saber que el problema de la alimentación no solo es un asunto de los hogares y de los individuos, es un problema social y, por lo tanto, debe exigir al Estado una política alimentaria integral que atienda los problemas con seriedad y no con botargas.
Jorge López Hernández es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.