Anti monopolismo y regulación en Estados Unidos: ¿progresismo o la política de la élite?

Por Bridget Diana
Enero 2022

El anti monopolismo (o antitrust, en inglés) está regresando al discurso popular de la izquierda demócrata estadounidense, tanto entre los demócratas del establishment como entre las figuras más progresistas. Y para complicar las cosas, el sentimiento anti monopolista gana partidarios también en la derecha republicana. Las propuestas anti monopolistas de Biden buscan combatir la concentración en las industrias farmacéutica, agrícola, de gran tecnología (big tech), entre otras. Estas medidas están cubiertas por una retórica acerca de un regreso a la llamada Era Progresista (1890s-1916), siguiendo los pasos de presidentes como Theodore Roosevelt. Para entender el verdadero alcance y los móviles de estas políticas, vale la pena preguntarse: ¿qué tan progresista fue esta Era en realidad?  

La Era Progresista duró desde finales de la última década del siglo XIX hasta 1916. Es ampliamente conocida como un periodo en el que el estado regulador norteamericano se fortaleció para prevenir la creación de grandes monopolios y neutralizar el poder de los grandes negocios. Las políticas aprobadas reformaron diversos ámbitos: desde el medio ambiente hasta los derechos de las mujeres, laborales y de bienestar. De ahí su buena reputación. Sin embargo, 50 años después, una izquierda estadounidense generalmente anti burocrática comenzó a ver a este periodo con escepticismo. Pensadores de izquierda como C. Wright Mills, Theodore Roznak y Gabriel Kolko creían que el Estado, desde la Era Progresista hasta sus días, estaba capturado por los grandes negocios y, contrario a la concepción común, no actuaba de acuerdo con el “interés público”. Estos eran tiempos de abusos extremos por el poder estatal de EEUU, incluida la Guerra de Vietnam y las violaciones a los derechos civiles. No es de sorprenderse, pues, que el sentimiento anti burocrático se extendiera a la izquierda en los sesentas, incluyendo a movimientos como la Nueva Izquierda y contracultura. Estos movimientos criticaron colectivamente a todas las burocracias; ni la academia ni la jerarquía productora de ideas escaparon al ataque. Para ellos, al final, el Estado, y la sociedad estadounidense en general, estaba gobernada por un pequeño e interconectado grupo de élites económicas, políticas y militares.

En El triunfo del conservadurismo, Kolko analiza cómo esto se desarrolló durante la Era Progresista; argumentando que los grandes negocios sí apoyaron activamente muchas leyes regulatorias —y se beneficiaron de ellas— de 1900 a 1916. Esto se sitúa en un contexto económico particular: el movimiento de fusiones (merger movement) entre 1895 y 1904, donde las principales empresas industriales se fusionaron con sus competidores directos en uno de los episodios de concentración económica más rápidos y profundos en la historia del capitalismo. Dada esta nueva hiper centralización, la ideología del libre mercado o Laissez Faire dejó de reflejar los intereses de las grandes corporaciones, quienes usaron su poder para cabildear y determinar la regulación federal de la economía. Mas que un periodo de reformas progresistas, la Era fue solo una nueva forma en que el capitalismo se sostuvo a sí mismo, promoviendo las relaciones capitalistas no solo a través de la acumulación, sino también limitando la competencia y la democracia política.

Este uso de mecanismos extra-económicos para acelerar la centralización del capital no pasó desapercibido por los grandes clásicos del pensamiento socialista. Tan temprano como 1892, el viejo Engels se percató de que los grandes fabricantes británicos habían aprendido a utilizar las principales demandas de los trabajadores y medios de lucha (las huelgas) para sus propios propósitos:

“Así, resultó que los grandes fabricantes, que antes habían sido los instigadores de la lucha contra la clase obrera, eran ahora los primeros en predicar la paz y la armonía. Tenían para ello razones muy poderosas. Todas estas concesiones a la justicia y al amor al prójimo no eran en realidad más que un medio para acelerar la concentración del capital en manos de unos pocos y aplastar a los pequeños competidores, que no podían subsistir sin estas ganancias adicionales.” (Engels, 1892)

Sin embargo, la idea según la cual las regulaciones y políticas estatales terminan sirviendo a determinados grupos con intereses económicos similares, existe también en la derecha, aunque en una forma menos compleja. La teoría de la elección pública, que emergió en los cincuenta del siglo pasado y se popularizó en los ochentas, aplica las formas de análisis de la microeconomía neoclásica, de las interacciones en el mercado al proceso colectivo de toma de decisiones, como las elecciones o el papel de los burócratas en el gobierno. De acuerdo con esta teoría, los agentes reguladores —que supuestamente actúan en interés público— son capturados para actuar de acuerdo con los intereses de otro grupo (en este caso las corporaciones), quienes ofrecen a los reguladores recompensas de diverso tipo. Este es un concepto conocido como la captura del regulador. Las soluciones propuestas desde esta teoría varían, pero todas involucran aumentar la competencia y reducir el poder del gobierno.

Este sentimiento casi libertario se ha extendido entre las personas afectadas por las regulaciones a favor de los grandes negocios. Por ejemplo, los pequeños farmers han sido barridos debido a regulaciones, particularmente algunas relacionadas con seguridad alimentaria, que han sido cabildeadas por los grandes agronegocios, que son quienes se benefician de ellas. Producir en pequeña escala se vuelve prácticamente imposible por los costos que implica adquirir la tecnología necesaria para cumplir con estas leyes. Joel Salatin, un pequeño farmer de Virginia, provee un testimonio personal de cómo estas regulaciones lo han afectado a él y a otros farmers. La consecuencia política es evidente: él y otros se han volcado ciegamente contra toda forma de intervención gubernamental, pues la ven como el enemigo número uno de su sustento y el de sus familias. Así se explica su atracción hacia la retórica anti gobierno de Trump, que resultó en un apoyo abrumador en las elecciones de 2016.

La teoría de la elección pública ofrece, pues, una explicación simple de la captura regulatoria y una solución al problema: aumentar la competencia y reducir la vigilancia del gobierno. No es ninguna sorpresa que esto provenga de la derecha liberal. Pero, ¿qué sugería la izquierda anti burocracia y anti élites? En la década de los setenta, algunas de las propuestas incluían transparentar las burocracias, expandir la protección judicial de la acción administrativa, eliminar entidades administrativas, e incluso, en algunos casos, proponer la separación de la regulación de asuntos económicos y sociales como dos aspectos distintos. En una palabra, incluso después de identificar que todo el sistema económico, social, militar y político está controlado por las élites y para su beneficio, las medidas propuestas no iban encaminadas a cambiar al sistema mismo. De hecho, en muchos casos convergieron con los instintos neoliberales y pro-mercado de la teoría de la elección pública y la retórica anti gobierno de Reagan, que se encontraban en su apogeo. Es importante tener en cuenta que los principales sindicatos norteamericanos nunca se subieron a la ola desregulacionista.

En suma, los movimientos de izquierda en los sesentas identificaron correctamente el carácter reaccionario y pro-negocios de la Era Progresista. Kolko afirma tajantemente: “solo si asumimos mecánicamente que la regulación gubernamental de la economía es automáticamente progresista podríamos afirmar que la regulación federal de la economía durante 1900-1916 fue progresista (Kolko, 1963: 58)”. La izquierda identificó esto correctamente: pero, en un giro sorpresivo, sus propuestas, basadas en el mercado y en la desregulación (incluyendo la política anti monopolista) terminaron alineándose con las de la derecha.

No hay duda de que los monopolios, tal y como existen ahora, dominan casi cualquier industria, exacerbando desigualdades extremas y, casi literalmente, matando a personas y al medio ambiente con prácticamente cero repercusiones. Pero deshacerlos con políticas pro mercado no va a la raíz del problema. Y, por lo tanto, los orígenes y las políticas del movimiento anti monopolista, tanto las de la Era Progresista como las de la izquierda que ha tratado de seguir sus pasos, no son el camino que las y los trabajadores de Estados Unidos necesitan. 


Bridget Diana es economista por The University of Massachusetts Amherst.