Por Jorge López Hernández
Noviembre 2021

La producción de alimentos es la actividad económica que más dependencia tiene del clima, a pesar del gran esfuerzo que han hecho la ciencia y la técnica por crear ambientes controlados para disminuir los riesgos inherentes a las actividades agropecuarias. A través del tiempo y con ayuda de la ciencia los agricultores aprendieron a disminuir los riesgos que provocaban los fenómenos naturales. Sin embargo, con el cambio climático los problemas y riesgos en la producción han aumentado y repercutido negativamente en la producción de alimentos.

Los efectos directos del cambio climático sobre la producción de alimentos son varios, pero los más visibles son los siguientes: reducción de la disponibilidad de agua, mayor presencia de plagas y enfermedades, cambios en el crecimiento y disminución del rendimiento de varios cultivos, pérdida de tierras aptas para la agricultura por causa de la erosión del suelo y desertificación, pérdida de cultivos y cosechas a causa de la mayor frecuencia de fenómenos climatológicos extremos.

Para el caso de México las consecuencias negativas se intensifican debido a las condiciones de producción imperantes en el campo. De 22 millones de hectáreas que se siembran en el país, cerca de 16 millones son de temporal con alta vulnerabilidad ante las sequías, cada vez más largas y frecuentes. Alrededor de 6 millones de hectáreas son de riego y son las que producen el mayor volumen de alimentos a costa de usar el 78% del agua (CEDRSSA, 2020). Esto significa que, ante una disminución en el almacenamiento de agua para riego, la producción de alimentos tendría serias afectaciones. En otras palabras, el cambio climático pone en alto riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país.

Los efectos del cambio climático en el campo mexicano ya están en marcha. Todo el año pasado y la primera mitad de 2021, la Conagua declaro estado de emergencia por la persistencia de sequía severa y extrema en gran parte del territorio, al grado de que en mayo del presente año el 80% del territorio presentaba algún nivel de sequía.

Estamos pues, ante un problema de grandes magnitudes y de carácter social que debería ser clasificado como prioritario por el Estado. La mitigación de los efectos del cambio climático sobre la agricultura requiere de la participación de la sociedad, los agricultores, los académicos y, sobre todo, del gobierno, ya que es el que tiene la capacidad y los medios para dirigir y cohesionar todos los esfuerzos.

Las acciones para enfrentar el cambio climático en el sector agropecuario se encuentran en la tecnología y la inversión. El proceso de adaptación por parte de los agricultores requiere, entre otras acciones, de nuevas variedades de cultivos más resistentes a sequías, enfermedades y plagas, de adecuaciones en las parcelas para la conservación del suelo y agua, de la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia para su posterior uso. A nivel del Estado se requiere en primer lugar de una planeación de corto y largo plazo que contemple todas las acciones para enfrentar el problema.

En esa planeación se debe considerar la inversión en obras de infraestructura hidroagrícola para cuidar y usar con mayor eficiencia el principal insumo de la agricultura: el agua. De acuerdo con el exdirector del Sistema de Aguas de la CDMX Ramón Aguirre, se requiere de al menos 30 mil millones de pesos al año para la inversión en infraestructura hidroagrícola. Sin embargo, el gobierno de la 4T le ha dado poca importancia a este problema. En 2021, el presupuesto destinado a este rubro fue de 470.8 millones de pesos, para el 2022 pasó a 1,434 millones, es decir, muy pocos recursos para lo que realmente se necesita. De acuerdo con los especialistas en el tema, el problema está en que México no tiene la infraestructura necesaria para almacenar el agua que requiere la agricultura y la que tiene ya está obsoleta. De ahí la necesidad de las inversiones en este rubro.

Dotar con infraestructura hidroagrícola al campo mexicano y apoyar a los productores más pobres para que tecnifiquen sus unidades de producción ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático. Además, mejoraría los ingresos de los campesinos y aseguraría la producción de alimentos.


Jorge López Hernández es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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