Por Vania Sánchez
Noviembre 2021

La ONU declaró el acceso al agua potable como un derecho humano en el año 2002. Sin acceso al gua potable es impensable una vida digna de ser humano; es impensable siquiera pensar en la vida pues la falta de agua potable es la causa directa del desarrollo de enfermedades y la muerte. El artículo 4º de la Constitución mexicana estipula el acceso al agua suficiente, salubre, aceptable y asequible.  México se comprometió, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a reducir a la mitad en 2015 el porcentaje de mexicanos sin acceso sostenible al agua potable. El gobierno consideró cumplido el propósito pues según las estadísticas oficiales se pasó de 9.4% de la población sin acceso al agua en 2010 a 4.7% en 2015.

Para 2020, INEGI reporta que 6.7% de las viviendas no cuenta con acceso a agua potable; esto implica a 8.5 millones de personas sin agua potable al interior de sus viviendas. Sin embargo, las cifras oficiales citadas ocultan la magnitud real del problema de la falta de acceso al agua potable. La infraestructura existe, pero por sí misma no garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes para cubrir las necesidades de los hogares. Las cifras oficiales reportan la existencia de la red y de las tomas de agua domiciliarias, pero no el acceso efectivo.

Según aproximaciones del Dr. Manuel Perló Cohen del Instituto de Investigaciones Sociales la verdadera magnitud del problema es que alrededor de 30% de la población mexicana no tiene realmente acceso a agua potable sostenible en México. Según Conagua, en el área metropolitana de la Ciudad de México, 26% no se recibe agua suficiente, 15% no la recibe diario, y hasta 8% se abastece mediante pipas. Esto es, apenas la mitad de la población en esta zona metropolitana tiene la capacidad de ejercer este derecho.

En general, son las autoridades municipales. Como se ha dicho, el PPEF 2022 ha recortado los recursos disponibles por estas. Pero además, la inversión en infraestructura de agua potable, saneamiento y alcantarillado, requiere inversiones grandes. Esta inversión, hecha para conseguir que toda la población ejerza efectivamente su derecho de acceso a agua potable sostenible, ha sido históricamente insuficiente; y en los últimos años, durante el gobierno morenista, se redujo y se estancó: de 14,602 millones de pesos en 2018 pasó a 7,500 millones de pesos (la mitad) en promedio en los últimos tres años. La carencia de agua potable no se ha abatido ni un ápice.  En el proyecto de presupuesto se contemplan 12,523 millones de pesos para ello, 0.17% del total del presupuesto (apenas al nivel de lo realizado en 2017). De estos 7.5 mil millones se concentrarán en tres proyectos: Proyecto Ecológico Lago de Texcoco, el Proyecto hidrológico en el estado de Tabasco (PROHTAB) y el Proyecto Agua Saludable para la Laguna. Los últimos dos, proyectos urgentes a la luz de los riesgos de sequía e inundaciones que implica el calentamiento global; el primero, otro capricho de la 4T.

La escasez de agua está marcada por la enorme desigualdad económica del país. Son los estratos más pobres, los residentes de las colonias y pueblos más marginados, los que sufren la falta o escasez de este líquido; y en el reverso de la moneda, hay una minoría para la que el agua potable le es accesible de modo abundante y calidad. El problema de la falta de agua potable es un problema de los pobres de México; atenderlo es de urgente justicia social. Otra vez la demagogia del gobierno de AMLO queda a la vista.


Vania Sánchez es doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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