Por Tania Rojas
Septiembre 2021

Ya en campaña, Andrés Manuel López Obrador bautizó su mandato presidencial como la “cuarta transformación” de México. Este nombre daría a su sexenio relevancia histórica, lo colocaría como momento fundacional de una forma de gobierno moralmente superior, exenta de abusos, honesta y comprometida con los pobres. Ya en funciones, este calificativo ha sobrevivido a base de argumentar que todas y cada una de las decisiones de gobierno obedecen a este propósito. Bajo este entendimiento, es la voluntad la que determina la naturaleza de los hechos; la grandeza de la causa perseguida dota de contenido a su programa de acción.

Esta forma de pensar ha trivializado la rendición de cuentas, la crítica a las políticas enarboladas y la misma forma de gobernar. Al amparo de la gesta histórica a la que está destinada la “cuarta transformación” se vuelve fácil y común evadir la responsabilidad ante las equivocaciones, la ineptitud y la negligencia. La austeridad republicana no es equivocada porque responde al combate a la corrupción; en el desabasto de medicamentos no hay asomo de incompetencia porque el gobierno ya no compra a sobreprecio al sector farmacéutico; la falta de mantenimiento en el metro de la Ciudad de México no es negligencia porque hay que renunciar a los despilfarros. Por otro lado, la crítica no sobrevive a la deslegitimación de su portador, quien suele ser señalado como personificación de la bajeza moral propia de los enemigos del presidente. Como resultado, la opinión personal se convierte en axioma, escapa a la confrontación de los hechos, desdeña la razón y la más mínima lógica, se mofa de la técnica y la ciencia, y se le concede valor demostrativo que no tiene. Gobernar así abre paso a la simulación, la improvisación y el engaño.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no escapa a esta forma de proceder. En palabras de Luisa María Alcalde Luján, secretaria de esta institución, la política laboral del actual gobierno es distinta porque busca construir un mercado de trabajo regido por los principios de igualdad y justicia en el que no habrá más abusos contra los trabajadores. Se trata de un cambio no solo normativo, sino también cultural, que apuesta por un tipo de relaciones laborales en las que domine la conciliación y el respeto a los derechos de los trabajadores. La política laboral a la que hace referencia descansa en cuatro ejes: 1) fortalecimiento del salario mínimo; 2) libertad sindical y negociación colectiva auténtica; 3) regulación del outsourcing o subcontratación; y 4) el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sobra cuestionar la urgente necesidad de poner un coto al abuso de los patrones contra el trabajador, así como de la responsabilidad que el Estado tiene de mejorar la calidad de vida y empleo de los trabajadores. La duda surge de la explicación que se le da al abuso que se dice combatir. La agenda laboral de la “cuarta transformación” parte de la idea de que los abusos contra el trabajo no son connaturales al sistema capitalista en el que vivimos, sino propios de un sector empresarial fuera de la “formalidad” al que hay que aleccionar contra la avaricia. Así, la justicia laboral perseguida tiene como lindero el trabajo formal que, a juicio de la STPS, establece relaciones entre empleadores y empleados que sí se basan en el reconocimiento de los derechos laborales, en la equidad y la justicia.

El corazón del sistema capitalista, lo que condiciona su carácter, lo que le imprime su naturaleza, es el trabajo asalariado. Los capitalistas desembolsan su dinero, lo invierten con el objetivo de crear más dinero, esto es, solo para embolsarse después un monto de dinero mayor al desembolsado inicialmente. El capitalista contrata al trabajador libre porque él es la fuente del valor que busca, porque a costa de él, de su salario, el dueño del dinero incrementa su riqueza. Al capitalista poco o nada le importa reducir el desempleo, cuidar la salud de su plantilla, darle un salario remunerador, velar por su bienestar y el de su familia. Él solo responde a la sagrada utilidad y en el momento en que deje de hacerlo su dinero deja de ser capital. De aquí viene la inhumanidad del capitalista, esa que la misma secretaria Luisa María denuncia: “a los trabajadores subcontratados se les pone en calidad de mercancías y eso se evidencia en los contratos en donde se describe a los trabajadores como objetos o insumos que una empresa suministra a otra” (Animal Político, 12 de noviembre). En efecto, al capitalista le interesa el trabajador como mercancía cuyo valor de uso es crear un valor mayor al suyo. La secretaria se equivoca cuando afirma que esto ocurre solo en la subcontratación, así sucede siempre y en todos lados.

El trabajo formal es aquel que está sujeto a las regulaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y al pago de impuestos. Respecto al trabajador informal sí representa mayores ventajas para los empleados, como el acceso a la seguridad social, mayor protección legal, prestaciones y reparto de utilidades, sueldo mínimo, entre otros beneficios. Pero también aquí la contraposición de intereses entre empleadores y empleados se hace patente. Por ejemplo, aunque los empleadores deben pagar las cuotas patronales a la seguridad social, en realidad, trasladan este impuesto al empleado a través de la reducción de su salario. Aparentemente hay una redistribución de los beneficios de las empresas a favor del trabajador, pero ese monto que se redistribuye se obtiene de salarios más bajos (Levy, 2019). En el marco de esta formalidad ocurren también trágicos accidentes, como el que cobró la vida de siete trabajadores de la mina de carbón mineral de Múzquiz, en la comunidad de Ranchería del estado de Coahuila. En este caso los peligros eran conocidos y el accidente pudo evitarse, pero sobre la ley pesa más la evaluación de los costos en medidas de seguridad, pues arrebatan a la utilidad beneficios para los trabajadores. No olvidemos tampoco la facilidad con la que fueron despedidos 245 trabajadores de la agencia estatal de noticias Notimex, la mayoría de los cuales eran de base y sindicalizados. La formalidad nuevamente resultó burlada, no hubo derecho laboral que valiera, la única justificación presentada fue la lucha contra la corrupción.

La Reforma Laboral puso plazo a la legitimación de los contratos colectivos (ser sometidos a votación) so pena de quedar anulados. Con el anuncio de esta reforma la “cuarta transformación” proclamó la era de la libertad sindical, de la negociación colectiva “auténtica”. Es el toque de muerte del sindicalismo charro, el de la CTM, se apresuraron a decir unos; el inicio de la “descharrización de la vida sindical mexicana” (La Jornada, 20 de agosto), afirmaron otros. Pero ¿qué garantía hay de que así sea? No deja de causar desconfianza la tutela aumentada que sobre los trabajadores han puesto, no solo el gobierno, sino también los representantes de la inversión estadounidense y organismos internacionales. Ahí está el caso de los trabajadores de la planta automotriz General Motors en Silao, Guanajuato, quienes el pasado 19 de agosto votaron por la anulación del contrato colectivo que lideraba Miguel Trujillo López a nombre de un sindicato afiliado a la CTM. A la votación acudieron como vigilantes la STPS, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muy solícitos a los reclamos hechos por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai. Causa también desconfianza el reconocimiento del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia como titular del contrato colectivo de los mineros de Cosalá, reconocimiento en el que la injerencia del señor presidente fue más que evidente. La CTM fue al PRI lo que el sindicato de Gómez Urrutia es a Morena, sindicalismo corporativista cercano al poder.

La historia del movimiento obrero en particular, y de los trabajadores en general, enseña que solo ellos pueden y deben defender sus derechos; que la negociación colectiva auténtica, verdaderamente independiente, debe estar libre de los poderes establecidos; y que “ninguna ganancia social ha sido regalada, todas se han conseguido luchando” (Fontana, 2021). Bienvenidas sean las leyes y acciones que mejoren la situación de los trabajadores, hay que tomarlas y apropiarse de ellas. Sin embargo, hay que estar alerta ante los cantos de sirena, ante las reformas a modo, ante la politiquería, ante la conciliación y ante los intentos de poner freno a la liberación definitiva de los trabajadores mexicanos.


Tania Rojas es economista por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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