Agosto 2021
Actualmente no hay duda de que la excesiva concentración del ingreso en manos de unos pocos es un problema de México y de todos los países del mundo con una economía de libre mercado. Por ello, hay consenso mundial en que hoy el gran reto del sistema capitalista es frenar tal concentración y proceder a un reparto más equilibrado del ingreso para disminuirle presión a la inconformidad y a la polarización crecientes. Y aunque esta idea no es reciente, la pandemia del Covid-19 la ha descubierto como nunca y ha vuelto indispensable la discusión de las posibles vías para su solución.
Ahora bien, la herramienta básica y fundamental de los gobiernos para disminuir la desigualdad en los países es su política social; a través de ella se espera que se dedique mayor gasto público a los hogares que están en peor situación. En México, la política social históricamente ha sido y es deficiente. En general, los recursos y esfuerzos que el gobierno mexicano ha dedicado a través de programas dirigidos a mejorar las condiciones de las personas con menores ingresos no han tenido resultados que correspondan a las metas planteadas; éstas han sido insuficientes. En 2008, los programas y acciones sociales lograron un desempeño promedio de 36% del cumplimiento de sus metas u objetivos (Coneval, 2008); en 2019 esta cifra fue de 66%[1] (Coneval, 2021). Por su parte, a finales de julio pasado, el sociólogo Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, en su publicación titulada Los mitos de la política social de la 4T, con base en el análisis de una serie de indicadores, ilustra que la idea de la modificación estructural de la política social durante el nuevo sexenio es un mito y que más bien tal política repite los errores de los gobiernos anteriores.
Así, según los especialistas más leídos en el país, parece que la alternativa más útil y la más realista para los mexicanos es una reforma fiscal progresiva y redistributiva, como un mecanismo directo para mover a la baja los niveles de desigualdad hoy existentes.
En México, desde abril de este año fuimos testigos de una campaña mediática para convencer a la opinión pública de que era urgente una reforma fiscal que refuerce las finanzas del Gobierno. Los argumentos con que se abandera tal urgencia son: la necesidad cotidiana de una política fiscal bien diseñada y mejor aplicada, la necesidad de un régimen fiscal adaptado a los cambios que provoca el paso del tiempo (ahora más urgente por la necesidad de dar remedio a los estragos causados por el incontenible crecimiento de la desigualdad agravada por la pandemia), la bancarrota del actual Gobierno y la contracción de la economía que viene gestándose desde 2019.
Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, ya anunció que la reforma va. Ante lo cual surge la duda sobre a quién afectará y a quién beneficiará; y la duda no es gratuita. A mediados de marzo, el exsecretario de Hacienda aclaró que las reformas fiscales tienen muchos elementos y que uno de ellos (el que ahora les interesa) es la simple facilitación del pago de los impuestos ya existentes. Según la jefa del SAT, la reforma fiscal que se está revisando tiene que ver con la manera en que las personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones fiscales, sobre todo de las pequeñas y las medianas empresas. En la mañanera del 8 de junio, el presidente expresó que no va a haber aumento de impuestos y, luego, unos días después sostuvo ante miembros del Consejo Mexicano de Negocios, que no se afectará al sector privado con la reforma fiscal que se avecina.
Hasta ahora la reforma fiscal que entraría en vigor en 2022 tiene dos características: facilitar el pago de impuestos y reducir la evasión y elusión fiscal. Ambas cuestiones son muy importantes, el problema es que, aún si fuera exitosa, sería insuficiente y podría pasar por simple maniobra.
La analista Viridiana Ríos señala en su columna del 16 de julio en el diario El País que con la reforma anunciada México alcanzaría una recaudación de 17% del PIB, todavía muy por debajo del promedio mundial y de la recaudación en países similares. Pero, sobre todo, y más importante, señala que la reforma fiscal mantendrá la estructura fiscal de México intacta. Esto es, no se bajarán los impuestos a los asalariados a pesar de que hoy el 35% de los trabajadores formales de México gana un salario mínimo o menos; al mismo tiempo no subirán los impuestos ni se impondrán otros que afecten a las personas de más alto ingreso. Cobrar más impuestos a los más ricos no solo es lo que se requiere en nuestro país, también es más lo explotable: primero, la tasa máxima de ISR en México es muy inferior a la que se tiene en otros países; segundo, es necesario poner un impuesto a las herencias superiores a determinado monto y otro a la riqueza, como se ha hecho en otros países; tercero, la reforma manitene la gran cantidad de impuestos regresivos que hoy existen, y cuarto, la política fiscal por sí misma no garantiza la progresividad y redistribución necesarios, también es importante crear una mejor y más fuerte alianza con los gobiernos locales con el fin de lograr que se cobren los impuestos que les corresponden a través de mejores mecanismos de vigilancia y fiscalización.
Lo descrito antes significa que la reforma no logrará elevar la inversión pública de manera significativa, tampoco proporcionará los recursos suficientes para pagar por los compromisos corrientes y los adquiridos por la 4T (como ha sido documentado, por ejemplo, por el Banco de México en el caso de la última reforma de pensiones contributivas vigente desde este año).
Recordemos que la realidad no se deja engañar con discursos. Una reforma así, como remedio a la desigualdad y la pobreza, tendrá la misma eficacia que las estampitas y los amuletos contra el coronavirus. El hecho es que sin una reforma fiscal progresiva y de fondo no hay solución posible para los graves problemas del país. Ante tal perspectiva no queda más recurso que unirnos todos para exigir, al menos como remedio para el corto plazo, una verdadera reforma fiscal y la consiguiente atención de las necesidades y carencias de los más desprotegidos ayer y hoy.
Los escuderos del capital de inmediato podrán responder con la gastada cantaleta keynesiana de que subir impuestos a las empresas implica ahuyentar la inversión, frenar el crecimiento económico y recaudar menos impuestos. Otros podrán buscar apelar al “sentido común” argumentando que “lo sensato” es hacer que paguen impuestos los que no lo hacen, refiriéndose a los trabajadores del sector informal (ejemplo clásico y erróneo debido a que en México se llama informal a toda persona que no paga seguridad social, aunque sí pague impuestos). Los más “audaces” señalarán que la solución es cobrar IVA a los alimentos y medicinas y que el gobierno se niega a explotarla debido a su populismo. En resumen: dirán que la política impositiva correcta es aquella que no toque seriamente al capital y a sus grandes fortunas. Esta negativa es propia de las clases en decadencia y de las clases a ella aliadas (consciente o inconscientemente), que buscan mantener el status quo, y lo más preocupante es que, por sus resultados, la “cuarta transformación” y sus asesores hacendarios siguen esta misma línea.
Níobe Enciso es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
[1] El desempeño promedio se calcula incluyendo los indicadores de todos los niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) calculada por el Coneval, la cual identifica en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora los indicadores de resultados y de gestión que miden estos objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
Referencias
Coneval. (2008). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008. Ciudad de México: Coneval.
Coneval. (2021). Consideraciones para el Proceso Presupuestario (CPP) 2021. Ciudad de México: Coneval.