Por Jesús Lara
Agosto 2021

La manifestación más evidente del subdesarrollo es la pobreza: el que una parte importante de la población de un país es incapaz de satisfacer ciertas necesidades a pesar de trabajar o buscar la oportunidad para trabajar durante la mayor parte de su tiempo, en actividades remuneradas o no remuneradas. Relacionado con esto, el mercado de trabajo es sumamente precario. Las relaciones asalariadas formales —es decir, sujetas a la regulación del Estado— por lo general no abarcan ni a la mitad de la fuerza laboral; abundan el autoempleo y el empleo casual e informal, de tal forma que la tasa de desocupación (siempre menor que en los países ricos), dice muy poco acerca de la verdadera escasez de empleos. Finalmente, el ingreso que perciben los trabajadores en estas actividades alcanza en el mejor de los casos, solo para las necesidades fundamentales. Así pues, en los países subdesarrollados, el grueso de su fuerza laboral sufre algún tipo de pobreza, vive en la precariedad y en la incertidumbre permanentes y, además, en contextos de carencias de servicios básicos e infraestructura social y crimen rampante.

Esta realidad, sin embargo, no es algo exclusivo de México, sino que, en diversos grados, caracteriza al bloque de países “subdesarrollados” o del “tercer mundo”, como se nos denomina comúnmente.  La pregunta acerca de las causas de las diferencias abismales en la riqueza de los países ha marcado la historia del pensamiento económico y social. Quienes han buscado la respuesta a esta pregunta en la forma en que el sistema capitalista se desarrolla y expande históricamente a nivel mundial han llegado a la conclusión de que ha sido este mismo proceso el que ha generado la división entre países ricos y pobres a la que hicimos referencia.

El resultado de este proceso han sido formaciones sociales capitalistas con lógicas distintas en el Norte y en el Sur Global. Así, mientras en los países ricos hay una interconexión bien desarrollada entre los distintos sectores económicos —los que producen bienes de consumo y medios de producción, fundamentalmente— y la expansión del capital se basa en la profundización extensiva e intensiva del mercado interior, los países pobres dependen del exterior en cuanto a tecnología, mercados e inversión. La superación de esta dependencia mediante el desarrollo científico y tecnológico, la formación de encadenamientos productivos a escala nacional, y el desarrollo de un mercado interno robusto, unificado y generalizado son, de acuerdo con esta interpretación, los pasos fundamentales para superar el subdesarrollo y sus efectos más perversos sobre el nivel de vida de las masas. En ese sentido, reformas parciales que no revolucionan el aparato productivo nacional; que no alteran las relaciones entre las distintas ramas de la economía, y que no cambian las fuentes de inversión, demanda final, y de tecnología, tendrán efectos limitados y muy acotados en el tiempo sobre el nivel de vida de la población.

La experiencia de varios países latinoamericanos durante la década de los dos mil provee ejemplos concretos de los límites de la redistribución y la política social cuando no se reforman en serio el aparato productivo y las relaciones económicas del país. Por su relevancia, vale la pena detenerse en el caso de Brasil. Tras con concluir dos periodos presidenciales, el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), encabezado por Lula da Silva, había sacado de la pobreza a cerca de 30 millones de brasileños, con tasas de crecimiento de la economía que oscilaron entre el 3 y el 7 por ciento. Esto le valió a Lula el reconocimiento generalizado de la opinión mundial, desde amplios sectores de la izquierda, hasta el mismo presidente de Estados Unidos en ese entonces, Barack Obama, quien llamó a Lula, “el político más popular del planeta”. Sin embargo, ya para 2014 el ciclo virtuoso se había agotado, y Brasil entró en una profunda crisis económica y social, que creo las condiciones para la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro al poder y el posterior desastre sanitario en que se sumió el país durante la pandemia de covid-19. Así pues, aunque no se puede decir que se haya perdido todo lo ganado durante 10 años de gobiernos del PT, lo cierto es que los retrocesos han sido enormes y no hay mucho espacio para el optimismo en el corto plazo. 

¿Cómo explicar este cambio tan abrupto? El economista brasileño de la Universidad de Cambridge, Pedro Mendes Loureiro, propone la siguiente explicación: durante los primeros diez años de gobierno del PT (2003-2013), se generaron simultáneamente un círculo virtuoso y uno vicioso; este último, sin embargo, no fue evidente sino hasta 2014, cuando estalló la crisis económica que mencionamos previamente. El círculo virtuoso consistió en la retroalimentación de redistribución del ingreso y crecimiento económico: a esta dinámica se deben los resultados de reducción de pobreza y desigualdad que tuvieron lugar en esos años. La elevación del ingreso de los más pobres fue el resultado del aumento de 70% en el salario mínimo en esos 10 años (en 2005 más de la mitad de los empleados ganaba el salario mínimo); el aumento de las transferencias monetarias directas (siendo el programa Bolsa Familia el componente central), y las transferencias asociadas a la seguridad social (como las pensiones). Este aumento del ingreso, a su vez, se tradujo en expansión de la demanda de bienes y servicios básicos, lo que se conoce como “bienes salariales”. Esta nueva demanda, a su vez, provocó un aumento en la demanda de trabajadores no calificados; y esto, finalmente, aumentó aún más los salarios e incentivó la formalización en estos sectores (la informalidad disminuyó del 41 al 30 % de 2002 a 2013). De esa forma, el círculo virtuoso se retroalimentaba así mismo. Así se explica, pues, que el consumo privado fuera el responsable del 59% del crecimiento del PIB de 2006 a 2013, y que hubiera elementos para el optimismo e incluso la euforia.

El mismo Lula, en una entrevista en 2011, afirmó:  “no hay nada más barato que invertir en los pobres” y añadió que, en Brasil, la inclusión había, ya, llevado al desarrollo, sin provocar inflación e incluso pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero, aunque los logros fueron claramente impresionantes, los hechos subsecuentes demostraron que era demasiado temprano para cantar victoria porque, paralelamente, se desarrollaba un círculo vicioso en la economía brasileña. Esto fue así porque los sectores que más crecimiento experimentaron, y que más crecimiento del empleo absorbieron, fueron, casi en su totalidad, servicios de baja productividad y que, por su propia naturaleza, no son comercializables en el mercado exterior. Esto quiere decir que gran parte de los recursos de la economía brasileña se reasignaron hacia los sectores menos productivos, lo que se conoce como “transformación estructural regresiva”.  Simultáneamente, el crecimiento del ingreso aumentaba la demanda de importaciones, es decir de productos del exterior para ser usados directamente como bienes de consumo o como bienes intermedios o de capital para la producción de otros bienes y servicios. El problema fue que las exportaciones no crecieron al mismo ritmo: ni las exportaciones de bienes primarios (cuyos precios comenzaron a descender en 2011), ni de bienes manufacturados y tecnológicamente avanzados. De hecho, durante el periodo, Brasil (y la mayoría de América Latina) experimentó un aumento de las exportaciones de productos primarios y derivados, a expensas de las exportaciones de productos de media y alta tecnología.  Es decir, Brasil experimentó una reprimarización de su economía, un retroceso en el desarrollo.

Como consecuencia, el balance externo se comenzó a deteriorar desde 2006. Al mismo tiempo, el aumento en los costos de producción terminó provocando, alrededor de 2013, aumentos sustanciales en la inflación, que se concentró en el sector servicios. Finalmente, durante todo el periodo, la inversión, tanto pública como privada, tuvo un crecimiento mediocre. Esto se debió, en gran parte, a la política macroeconómica ortodoxa del gobierno, que privilegió el combate a la inflación, manteniendo tasas de interés elevadas y un tipo de cambio sobrevaluado. De hecho, el gobierno de Dilma Rousseff implementó el programa llamado “nueva matriz económica”, cuyo elemento central era cambiar la inversión pública por subsidios y exenciones fiscales a las grandes empresas, esperando —en un supuesto clásico de la teoría del goteo o trickle down economics— que esto se traduciría en mayor inversión. Esto no sucedió y la creciente inflación y el déficit externo se terminaron conjugando para generar la crisis económica que creó las condiciones para el fin del lulismo y la contraofensiva del neoliberalismo autoritario, apoyado por el imperialismo y las élites brasileñas. Así terminó un proyecto que esperanzó a millones sobre la posibilidad de terminar en el corto plazo con la pobreza en el gigante sudamericano. 

Esta experiencia (para nada única ni extraordinaria) ejemplifica la tesis que aquí se defiende: que la política social y laboral puede desempeñar un papel central en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y que ningún proyecto que se proponga mejorar el nivel de vida de las masas populares puede prescindir de ellas, sobre todo considerando que el capitalismo tiende, naturalmente, a concentrar el ingreso y la riqueza. Sin embargo, estas políticas redistributivas no son estrategias de desarrollo, es decir, no atacan las restricciones estructurales que enfrentan los países subdesarrollados y, por lo tanto, la extensión de las medidas redistributivas enfrenta dos disyuntivas: o es mínima, capaz, en el mejor de los casos, de paliar los efectos más perversos de la pobreza, o, si es más ambiciosa, está limitada a periodos de elevado crecimiento económico que, al ser independiente de la dinámica interna, necesariamente termina cuando el ciclo internacional cambia, y obliga a disminuir la cobertura y el monto de la redistribución. La ideología liberal todavía dominante toma estos últimos hechos de forma unilateral y afirma que no hay que combatir la desigualdad, sino la pobreza, y que para eso hay que crear condiciones para el crecimiento económico. En su esquema, esto significa dar las mejores condiciones posibles a la empresa privada. La falsedad y unilateralidad de esta proposición se ha demostrado prácticamente y siempre ha sido endeble teóricamente.

El dilema, por lo tanto, no es crecimiento o igualdad. La única salida realmente viable en el largo plazo es el desarrollo productivo con creciente igualdad social. Esto implica, en resumen, el desarrollo de las capacidades productivas nacionales; la expansión de la producción con técnicas modernas y sustentables para generar empleos de calidad, y distribuir o redistribuir los frutos de este crecimiento mediante políticas sociales y laborales y facilitando la autoorganización de la clase trabajadora. Traído al contexto mexicano, es claro que el gobierno de la “cuarta transformación” no cumple con ninguno de estos criterios. A pesar de la retórica, su política social es impotente para combatir la pobreza y reducir la desigualdad y, desde que  AMLO asumió la presidencia, la capacidad productiva de la economía —ya bastante dañada tras décadas de neoliberalismo— se ha deteriorado todavía más.

Resolver los problemas más urgentes de las masas populares en los países periféricos requiere, pues, mucho más que buena voluntad de sus gobernantes. En última instancia, un proyecto que se proponga ese objetivo necesita ser impulsado y defendido por el mismo pueblo, en tanto que, llegado cierto punto, es imposible seguir avanzando sin tocar poderosos intereses económicos y políticos. Sin esta condición fundamental, cualquiera de los extremos, ya sea el voluntarismo o el tecnocratismo desarrollista desde arriba, se dará de bruces contra las restricciones que impone la acumulación de capital a escala global, reproduciendo “milagros que no llevan a nada” y desarrollando el subdesarrollo.


Jesús Lara es economista por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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