Por Pablo Hernández Jaime
Agosto 2021
Una de las principales banderas del gobierno de la 4T es dar atención prioritaria a los pobres. Atención que tendría que traducirse en una política social bien reglamentada, tendiente a la universalidad y con criterios claros de evaluación.
Sin embargo, en los hechos, las acciones tomaron otro camino. Bajo la bandera del combate a la corrupción, se eliminaron múltiples programas sociales y, para sustituirlos, se presentaron otros de transferencia monetaria directa. Poco importó que el paradigma fuera esencialmente el mismo de las políticas anteriores, o que sus nuevos programas no contaran con reglas claras. La política funcionaría porque se hacía con honestidad. Pero las buenas intenciones no bastan.
Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 (ENIGH-2020). Este instrumento recoge información relativa a la economía de los hogares, incluyendo su percepción de ingresos por concepto de programas sociales. Con estos datos es posible hacer un primer diagnóstico sobre los resultados de la política social de la 4T. Y esta primera evaluación la realizó el Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (INDESIG). Veamos algunos de sus hallazgos.
El primer aspecto que salta a la vista es que la política social “más ambiciosa de la historia” es, en realidad, una política social insuficiente, en tanto se mantiene dentro de los parámetros de cobertura de administraciones previas. Así, en 2014, 2016 y 2018, el porcentaje de hogares que reportó percibir ingresos derivados de alguna política social fue de 29%, 31% y 28%, respectivamente. En 2020, los beneficiarios ascendieron solo al 30%.
¡Pero claro! Quizá las políticas se ubican sólo en los hogares más pobres. Pues no. Y esto es quizá lo que causa más consternación. La política social de la 4T no prioriza a los pobres. En 2016 el 5% más pobre de los hogares recibía una cobertura de 61%; cobertura que tendió a descender durante los años posteriores; tendencia que no cambió con la nueva administración, sino que se acentuó, alcanzando una cobertura de solo 35% en 2020. Por el contrario, el 5% más rico, pasó de tener una cobertura de 7% a tener una de 20%. En pocas palabras, la política social de la 4T contribuye menos a reducir la desigualdad y a erradicar la pobreza. Y esto queda todavía más claro si consideramos la distribución porcentual del total de recursos de programas sociales entre los distintos estratos de la población. Así, mientras en 2018 el 20% más pobre de los hogares recibía el 33% de los recursos, en 2020 pasó a recibir solo el 21%; y, por el contrario, en 2018, el 20% más rico recibía sólo el 9% de los recursos, mientras en 2020 recibió el 17%.
Y acaso el panorama sería menos grave, de no ser porque atravesamos una de las mayores crisis de los últimos tiempos. Esta crisis trajo, en 2020, una contracción del producto interno bruto de 8.5% y una pérdida de al menos 647 mil empleos formales; y a esta pérdida hay que sumar, además, la destrucción de una cantidad ingente de empleos informales que, durante los momentos de mayor confinamiento se llegó a estimar en más de 12 millones; es verdad que muchos de estos empleos se “recuperaron” de manera relativamente rápida. Y es que no podía ser de otra manera. Frente la pobreza, los mexicanos no pueden darse el lujo de estar desempleados. No obstante, hay algo que da cuenta, fehacientemente, de las consecuencias de esta crisis en los hogares mexicanos y es el aumento de la pobreza durante 2020, misma que se estima entre 8.9 y 9.8 millones. Pues bien, frente a esta crisis, cuyas consecuencias son las ya señaladas, el gobierno de la 4T consideró que su política social era suficiente para afrontar el problema. Mas no fue así. Y, por tanto, las consecuencias de esta política no resultan solo insuficientes y regresivas, sino que además han dejado en amplia desprotección a los mexicanos frente a una de las peores crisis de la historia reciente.
Estos son, a grandes rasgos, los resultados de política social de la 4T. Nada más alejado de las promesas de la actual administración. Es claro que las buenas intenciones no bastan. Y si queremos una política social que realmente contribuya a combatir la desigualdad y erradicar la pobreza, tendremos que cambiar de estrategia, pues la actual no da los resultados esperados.
Pablo Hernández Jaime es Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.