Por Tania Rojas
Julio 2021
Al inicio del sexenio, el gobierno presentó la Nueva Política de Salarios Mínimos con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. A partir del primero de enero de 2019 el salario mínimo (SM) volvió a establecerse de manera diferenciada en dos regiones geográficas, la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el resto del país. De un salario mínimo único de 88.63 pesos en 2018, el salario mínimo general aumentó a 102.68 y el correspondiente a la ZLFN se estableció en 176.72 pesos. Para 2020 los montos fijados fueron de 123.22 y 185.56 respectivamente; y para este año de 141.70 y 213.39. En términos reales los incrementos fueron de 11.3% en 2019 y 16.2% en 2020. El de la frontera norte lo hizo en 91.63% en 2019 y en 1.7% en 2020.
Sin dejar de reconocer que estos incrementos contrastan visiblemente con la evolución del SM en las últimas tres décadas, periodo en el que perdió el 80 por ciento de su poder adquisitivo, es importante advertir que el gobierno ha agigantado el verdadero alcance de esta medida. En palabras de Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), “la política de salarios mínimos ha sido muy exitosa y ha beneficiado a muchos trabajadores a nivel nacional.” Para dar sustento a esta declaración informa que el 9.4% de los trabajadores formales se beneficiaron de los incrementos al SM en 2019, 16.8% en 2020 y 22.6% en 2021.
Dos razones nos llevan a poner en tela de juicio estas aseveraciones: primero, los porcentajes que presenta se obtienen respecto a los trabajadores formales (solo 4 de cada 10 trabajadores son formales). Pero si tomamos al total de la población ocupada (PO) los beneficiados resultan ser un porcentaje muy pequeño de los trabajadores a nivel nacional; y segundo, la ley, por sí misma, es insuficiente para revertir la tendencia a la baja del poder adquisitivo de los salarios. Abundaremos más en los argumentos aducidos.
¿Quiénes y cuántos trabajadores se benefician de forma directa de los incrementos al SM? De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la población sobre la cual la Conasami fija el SM comprende, cito: a los “trabajadores que tienen una relación subordinada de trabajo, que labora para un patrón por una jornada completa y rige su relación laboral bajo el apartado A de la Ley Federal del Trabajo.” En otras palabras, los trabajadores sujetos a esta legislación son los asalariados formales que laboran una jornada completa, de entre 40 a 48 horas a la semana.
Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2018, de los 54.6 millones de mexicanos que contaban con un empleo, tan solo 5.5 millones son asalariados formales. De este último universo debemos descontar a quienes ya obtenían un ingreso laboral por arriba del SM programado para el siguiente año, que en el ejemplo que nos ocupa son aquellos con un salario superior a 102.68 pesos diarios o 3,082 pesos mensuales. Este cálculo, en el que aún no se ha aplicado la restricción de la jornada de trabajo completa, arroja un total de 1.9 millones de trabajadores que serían los potencialmente beneficiarios directos de los incrementos al SM en 2019, mismos que representan el 3.5% de la PO total. Repitiendo este ejercicio obtenemos que 2.9 millones (3.9% de la PO) de personas se beneficiaron en 2020 y 3.6 (7%) en 2021. Hay que acotar que al mayor número de beneficiarios para este año contribuyó el desplome de los ingresos y de los puestos de trabajo a consecuencia de la crisis económica en la que nos encontramos.
En México, el trabajo formal, aquel que se halla bajo el amparo de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, ha dejado de ser la norma. La falta de empleo ha configurado un mercado de trabajo en el que reina la informalidad y la subocupación, que conviven con el dominio de actividades poco productivas. La escasez de trabajo atiza la competencia entre los trabajadores, quienes malbaratan su fuerza de trabajo para asegurarse una fuente de ingreso. Adicionalmente, los bajos niveles de productividad se compensan con salarios “competitivos”, es decir, bajos. La precarización del salario es la aleación de estas y otras tantas fuerzas económicas. Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores significa, entonces, enfrentar estos problemas. Crear empleos formales en suficiencia, modernizar la planta productiva, destinar recursos a ciencia y tecnología, elevar la educación profesional de los mexicanos, impulsar el crecimiento económico y redistribuir la riqueza en favor de sus productores directos.
Tania Rojas es economista por El Colegio de México e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.