Por Jenny Acosta
Mayo 2021

La tragedia es conocida en México y el mundo. El 3 de mayo cerca de las 10 de la noche en el tramo de la estación Olivos de la línea 12 del metro, colapsó la estructura de concreto sobre la que el metro se mueve provocando que el tren se rompiera y que muchos de los usuarios de ese vagón fueran hacia abajo. El resultado de esta tragedia es, hasta el 5 de mayo, de 25 muertos y 78 heridos. Por la hora en la que ocurrió la tragedia, pero sobre todo por la zona que recibe el servicio de la línea 12, podemos decir que el grueso de los usuarios que vivieron esa tragedia eran mexicanos y mexicanas que regresaban de sus jornadas de trabajo, de esos trabajos en los que el home office no se puede ejercer porque son los que forzosamente se tienen que hacer tensando cada músculo, bajo la luz del sol o el ruido de la máquina.

Distintas voces se han pronunciado al respecto, algunas han pedido que se investigue las causas del siniestro, que se señale a los responsables y que no se olvide a los principales afectados; otras han enfatizado en la composición social de los usuarios de esa línea en ese horario, con la intención de que quede claro que quienes pagan los platos rotos son siempre los mismos y quienes menos la deben; pero hay otro conjunto que ha salido a justificar el accidente como una mala pasada del destino, en la que la acción humana nada podía hacer.

Llamó especialmente la atención la declaración inmediata de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se inauguró esta línea en medio de acusaciones de corrupción, diciendo que las investigaciones tenían que arrojar a los culpables y deslindar a los inocentes. Según la perspectiva de Ebrard, los culpables son otros; pero no solo desde la visión del secretario, para todo el gabinete federal y de la Ciudad de México, los responsables de la tragedia son otros, que se darán a conocer solamente después del peritaje que mandaron a hacer con dos empresas distintas. Otra maroma de la burocracia, pues, desde 2017 por lo menos, se reportó sistemáticamente que las estructuras que sostenían la línea 12 presentaban fallas que podrían desencadenar una tragedia. ¿Qué se hizo con esas denuncias de la ciudadanía y del personal que trabaja en el metro? Absolutamente nada.

Pero la culpabilidad del gobierno no se limita a saber y no hacer. Desde que el presidente López Obrador asumió la presidencia en 2018, el rubro que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año se debe destinar a la construcción de obra pública y mantenimiento de la existente, ha sufrido disminuciones sistemáticas. Para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en 2018 se designaron 17 mil 548 millones 560 de pesos; mientras que en 2019 se redujo a 15 mil 548 millones 951 pesos. En 2020, esta cifra se mantuvo estática y en 2021 se redujo a 15 mil 081 millones de pesos. En términos absolutos, entre 2010 y 2020 hubo un aumento en el presupuesto de cerca de 5 millones de pesos, pero considerando los aumentos progresivos que se habían registrado hasta 2018, podemos decir que hay, en términos relativos, una disminución al presupuesto.

Uno de los argumentos utilizados por Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno, para justificar la disminución presupuestal efectiva de 2020 fue la pandemia de COVID, arguyendo que el uso del metro disminuyó por la cuarentena y que el dinero era más indispensable en los hospitales. Los hechos han mostrado que el apoyo económico a hospitales durante el periodo de la pandemia no ha sido significativo y que un sector de mexicanos –aquellos que trabajan en fábricas y sembradíos– no detuvo sus labores ni siquiera en el periodo que se decretó la cuarentena, por lo que los recursos destinados al metro seguían siendo necesarios.

No obstante, el abandono en que se han mantenido las instalaciones del metro solo es una parte de una política sistemática que ha funcionado como consigna a la hora de etiquetar las partidas presupuestales. La prioridad de este sexenio son, en primer lugar, las mega obras, cuya viabilidad y ganancia económica para el Estado ha sido puesta en duda por muchos expertos; en segundo, el ejército, que este año tuvo un aumento presupuestal del 16%, además de que el Fideicomiso de Administración y Pago de Equipo Militar (Fidape) posee 64 mil 628 millones de pesos, mucho más de lo que se destina al metro o al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información o al Instituto Nacional Electoral; y en tercero, los apoyos monetarios directos, tan criticados por lineamientos a modo y por usar erario público en pro de MORENA. Los gobiernos estatales y municipales han tenido que resolver la obra pública con los raquíticos recursos que les otorga la federación, insuficientes en los hechos. Así, se ha mantenido en el olvido una de las principales tareas que tiene el estado: garantizar que los servicios públicos sean de calidad y estén verdaderamente al alcance de todas y todos.

Durante la noche del lunes y la mañana del martes, se difundieron testimonios de trabajadores del metro, cuyos nombres se omitieron para evitar represalias en su contra. Ellos denuncian haber reportado constantemente el mal estado de las vías superficiales de la línea 12, de buena parte de la infraestructura de las líneas que convergen en Pantitlán y de la línea 1, por lo menos. La respuesta de sus jefes, según esos mismos trabajadores, ha sido nula, como si no pasara nada. La tarde-noche del martes comenzaron a circular comunicados de una posible huelga por parte del Sindicato de Trabajadores del Metro, misma que se confirmó entre las 7:00 y 8:00 p.m. de ese mismo día. La huelga, de realizarse, comenzará durante la siguiente semana con las metas de que: 1) se despida a la que “solo es la directora del metro”, Florencia Serranía Soto que, dicho sea de paso, es un chivo expiatorio de los verdaderos responsables de la tragedia, 2) se normalice la situación del metro para que no peligre la vida de las y los usuarios y 3) se garanticen condiciones óptimas y seguras a los trabajadores. Sin embargo, ha habido información contradictoria en este sentido pues, aunque Jesús Urban, secretario general del Sindicato del Metro, confirmó el paro de labores, admitió que este no se encuentra respaldado por Fernando Espino, secretario general desde hace 42 años del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Según una nota de Proceso fechada el 18 de marzo de 2020, Espino “ha modificado los estatus [del sindicato] para permanecer en la dirigencia, sin importar quién gobierne la capital… ha sido acusado de desviar dinero del sindicato para financiar a practicantes del pugilismo, además de que ha creado empresas cuyos servicios han sido contratados por el propio sindicato, vía asignación directa”. Como se deduce de la breve descripción de este personaje, no se trata sino de un “líder” charril que no representa los intereses de los trabajadores del metro, y que ha ido maniobrando con las administraciones en turno para mantener su poder a cambio del respaldo que su posición de secretario general le otorga.

Es una verdadera lástima que haya tenido que ocurrir una tragedia como la del lunes para que el mantenimiento del metro se ponga como prioridad en la agenda política. Antes de que ocurran otros sucesos que cobren más vidas de las y los mexicanos es indispensable que la ciudadanía apoye a los trabajadores del Sindicato del Metro en su búsqueda por mejores condiciones para usuarios y trabajadores. Sin duda se tratará de una lucha difícil, porque de hacerse implicaría una sacudida para una estructura que ha permanecido impasible bajo las pesadas botas del conservadurismo, pero que se ha visto requerida por el desenvolvimiento trágico de la necesidad, misma que de continuarse ignorando volverá a producir verdaderas catástrofes. Por esto, aunque el cese del metro por una huelga signifique una pesada carga para las y los trabajadores más pobres de esta gran urbe, para el estudiante, para el oficinista, para todas y todos, habrá que apoyar todas las formas de lucha en pro de un transporte más digno y seguro y, en todo caso, apoyar para que las demandas de los trabajadores del metro se solucionen lo más pronto posible. Este es el único camino en el que verdaderamente ganaremos las y los usuarios del Transporte Colectivo Metro.


Jenny Acosta es licenciada en filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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