Por Ehécatl Lázaro
Mayo 2021

La propuesta de reforma fiscal enviada por el presidente de Colombia, Iván Duque, al Congreso de su país el 15 de abril, detonó una intensa movilización política por parte de los sectores populares y las clases medias de todo el país en contra de las modificaciones propuestas. La reforma buscaba elevar la recaudación fiscal a través de medidas como: 1) Gravar con IVA del 19% algunos servicios públicos, 2) Gravar los servicios funerarios, y 3) Integrar al régimen de IVA más productos de la canasta básica. La única medida que no atentaba directamente contra el bolsillo de las clases populares y las clases medias era un aumento en el impuesto sobre la renta para los multimillonarios que ganan más de 669 dólares mensuales.

La protesta callejera en contra de la implementación de la reforma comenzó el mismo día que se envió el documento al Congreso para su votación; sin embargo, el conflicto fue escalando paulatinamente y entró en su fase final con el paro nacional de actividades convocado por los trabajadores a partir del 28 de abril. Al paro se le sumaron las manifestaciones en las calles de las principales ciudades y Duque optó por instalar un toque de queda en todas las ciudades del país. La situación se desbordó cuando los cuerpos policiales comenzaron a atacar a los manifestantes con armas de fuego, ante la evidente incapacidad del gobierno de desactivar la movilización. En lugar de dispersar al movimiento, la represión solo le imprimió mayor furia al clamor popular, lo que se tradujo en manifestaciones más nutridas y con más energía. Finalmente, con una policía desbordada por la protesta, Duque ordenó que los militares salieran a las calles. La movilización no cesó. Colocado contra las cuerdas por la persistente manifestación callejera y por la amplia cobertura mediática a la brutalidad policial y militar, el 2 de mayo Duque anunció que retiraba la propuesta de reforma fiscal. Además, el ministro de Hacienda, uno de los principales cuadros técnicos del neoliberalismo colombiano, se vio obligado a renunciar a su cargo. Una lucha ganada por el pueblo colombiano.

Es verdad, como afirma Duque, que el Estado colombiano necesita aumentar su recaudación fiscal para hacerle frente a las obligaciones que tiene con sus acreedores y para poner en marcha la recuperación económica tras la pandemia; sin embargo, lanzar una reforma fiscal claramente antipopular en un contexto económico completamente adverso para las clases trabajadoras es la peor manera de hacerlo. Como lo mencionó el ahora ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, solo el 27% de la recaudación que contemplaba la reforma fiscal vendría de las grandes empresas, mientras que el resto lo pagarían las “personas naturales”, el pueblo pues. El conflicto no surgió porque se intentaba elevar la recaudación fiscal, sino porque el gobierno de Duque atentaba contra la economía y la dignidad de las clases trabajadoras al cargarles más impuestos mientras dejaba intocadas a las grandes empresas.

El caso de Colombia puede ser una advertencia para México. El Estado mexicano también necesita urgentemente una reforma fiscal y todo indica que después de las elecciones del 6 de junio se iniciará un proyecto para llevar a cabo dicha reforma. ¿Qué tipo de reforma será? Hasta ahora, son pocos los detalles que se han ventilado en la prensa sobre la posible reforma; no obstante, solo pueden pensarse dos escenarios generales: 1) Una reforma progresiva que cobre más impuestos a las grandes empresas, a los más ricos del país y a los que tienen más ingresos; o 2) Una reforma regresiva que lastime más a la empobrecida clase trabajadora, como la que impulsó Duque en Colombia. La relación de cercanía y amistad entre AMLO y los representantes más prominentes de la burguesía nacional (Slim, Salinas Pliego, etc.), hace difícil pensar una reforma fiscal progresiva que lastime los intereses de los grandes empresarios, aunque, vistos los bandazos e indefinición que ha mostrado este gobierno, cabe la posibilidad. Queda entonces la otra opción, que es el impulso de una reforma fiscal regresiva, pero esto, como se vio en Colombia, puede detonar movilizaciones sociales que no solo deslegitimen al gobierno de AMLO, sino que amenacen directamente su estabilidad.

Con las condiciones económicas actuales de las clases trabajadoras de México, cargarles con más impuestos sería jugar con fuego. La contracción de la economía en 2019 y las afectaciones generadas por la pandemia, han impactado negativamente en los sectores de menores ingresos por la pérdida de empleos. Por otro lado, el poder adquisitivo de los salarios sigue siendo insuficiente para que los trabajadores tengan una vida digna. En general, las condiciones económicas de las clases trabajadores no son menores hoy que en 2018. A los problemas más sentidos por los mexicanos: la inseguridad, el desempleo y los bajos salarios, durante este sexenio se le han sumado las muertes causadas por incapacidad del gobierno para enfrentar la pandemia. Esta situación potencialmente explosiva puede estallar con una reforma regresiva, aunque es verdad que el pueblo mexicano ha mostrado que es capaz de tolerar ese tipo de ataques. También es posible que la reforma fiscal que necesita el Estado mexicano no se efectúe en este gobierno. Pero en algún punto de los próximos años tendrá que llegar. Y cuando eso ocurra, el gobierno de México bien haría en tener presente la experiencia colombiana.


Ehécatl Lázaro es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Suscríbete al boletín semanal del CEMEES

Se está procesando…
¡Bien! Ya estás en la lista.