Por Aquiles Celis
Marzo 2021

En el cuarto año de su mandato, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la nacionalización de la industria petrolera. Según los historiadores, esta decisión no fue una improvisación desesperada para sortear dificultades inmediatas, sino que se fraguó lentamente, desde 1925, en la Huasteca veracruzana, cuando, como jefe de la zona militar, junto con el revolucionario Francisco J. Mújica, se convencerían de que las soluciones a los principales problemas del país debían pasar por la recuperación de los recursos de la nación. Estas ideas se consolidaron cuando comenzó su campaña con miras a la presidencia de la República.

A decir del historiador Ricardo Pérez Montfort, durante el recorrido por todo el país en 1933 Lázaro Cárdenas conoció y reconoció las severas circunstancias en la que vivían las grandes mayorías, los olvidados por la Revolución que se hizo gobierno. Así también tomó conciencia de las grandes dificultades que esta empresa significaba y de que la única forma de sortearlas sería a partir de la acción de los trabajadores y los campesinos. De manera premonitoria, en el año de 1933 en un mítin en el estado de Tabasco, Lázaro Cárdenas decía: “La patria no es sino el disfrute común de las riquezas del territorio.” El reconocimiento de los problemas de México hizo que no hubiera improvisación en la medida de la expropiación petrolera.  

En el año de 1938 comenzó una fuerte disputa entre los empresarios petroleros, en su mayoría estadounidenses, daneses e ingleses y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana debido a múltiples conflictos, a la denuncia de explotación laboral y al adeudo de un impago de 26 millones de pesos; otra de las demandas centrales era el alza salarial de todos los trabajadores del sector y, asimismo, la firma de un contrato colectivo que favoreciera a todo el gremio. En esta lucha fue determinante la organización de los trabajadores que, sindicalizados, pusieron contra las cuerdas a las grandes empresas extractivas. Tal era el poder de negociación del sindicato petrolero que logró una reunión de los líderes sindicales con las compañías más importantes como la Sinclair Pierce Oil Company, la Stanford Oil Company o la California Oil Company para hacer oír sus demandas.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictaminó a favor del Sindicato para la indemnización los trabajadores con un adeudo de 26 millones de pesos. Las grandes corporaciones petroleras, acostumbradas a una legislación sumamente favorable para sus intereses y a disfrutar de grandes beneficios fiscales, amenazaron frontalmente la soberanía nacional con retirar la inversión y se negaron sistemáticamente a acatar la resolución durante un lapso de tiempo.

Después de una serie de negociaciones fallidas, a las 10 de la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río dio un mensaje a los mexicanos mediante la radio de cadena nacional en donde se ejercía el decreto expropiatorio haciendo válido el artículo 27 de la constitución nacional redactada en 1917 que establecía que “corresponde a la nación el dominio directo de los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combustibles de minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos.”  De esta manera se consumó la expropiación de los bienes de las 16 empresas extractoras de petróleo.

Decía Adolfo Gilly que el futuro de México como Estado-Nación pasaba por la recuperación de la tradición cardenista para consolidar sus tres conquistas: el ejido, las empresas paraestatales y los sindicatos obreros. Es importante sin embargo evaluar que estamos en condiciones distintas. El planeta reclama una reconsideración en cuanto a la industria energética. Poco a poco el petróleo y el carbón están siendo remplazadas por otro tipo de energías debido a lo altamente contaminantes que son. La tradición cardenista en este punto sería invertir fuertemente en educación, tecnología y empresas públicas para la consolidación de las energías limpias, es decir, anticiparnos al futuro, pero manteniendo la propiedad de los recursos en manos de los trabajadores y las trabajadoras. La patria, a final de cuentas, debe ser el disfrute común de todas las riquezas del territorio.


Aquiles Celis es historiador por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.