Por Jorge López Hernández
Febrero 2021

México lleva más de medio siglo implementado programas para combatir la pobreza sin resultados satisfactorios. Miles de millones de pesos del presupuesto se han destinado para operar programas de alimentación, subsidios a productos básicos, transferencias monetarias directas, etc. A pesar de estos esfuerzos, la pobreza y marginación siguen haciendo estragos en gran parte de la población mexicana. De acuerdo con la UNAM, antes de la pandemia 22 millones de personas se encontraban en situación de pobreza extrema y con la pandemia esa cifra pasó a 32 millones.

La política social de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX ha sido caracterizada como un régimen dual, debido a que la cobertura de la protección social privilegió a los grupos de ingresos medios, como los trabajadores industriales, los empleados del Estado y los miembros de las clases medias, mientras que los trabajadores informales, los campesinos y los indígenas recibieron asistencia social, es decir, fueron excluidos de las principales instituciones de bienestar. Así, el IMSS y el ISSSTE atendieron solo a los trabajadores formales y del Estado, la gran mayoría de la población fue excluida.

Al intensificarse la industrialización, y como consecuencia del modelo económico implementado, el empobrecimiento de las zonas rurales se agudizó, y aparecieron los cinturones de miseria en los alrededores de las zonas urbanas. Para resarcir los problemas sociales y evitar el descontento social el Estado creó una serie de programas asistencialistas para combatir la marginación y pobreza. En realidad, solo fueron parches para resanar las grietas del modelo económico en curso. Uno de los programas más ambiciosos fue la creación de la CONASUPO que tenía un objetivo doble, comprar las cosechas de los campesinos a un precio competitivo y vender los productos subsidiados.

En el sexenio de Luis Echeverria se siguió con la política social dual: para los trabajadores formales creó el Infonavit y Fonacot; para las zonas rurales implementó un Programa Integral de Desarrollo Rural. Con la llegada de José López Portillo a la presidencia, se implementó el COPLAMAR, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y una serie de programas asistencialistas, loc cuales tenían como objetivo reconocer a los grupos considerados marginados que durante años habían sido excluidos del Estado benefactor.

A principios de la década de los ochenta, por las crisis de la deuda, los precios bajos del petróleo y el agotamiento del modelo de industrialización provocaron la eliminación de la mayoría de los programas asistenciales del llamado estado paternalista. Lo que provocó que los males sociales como la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, etc., se agudizaran. Toda la política asistencialista de ese periodo no logró su cometido de distribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de la población. Lo que sí logró fue el control social y político de la población por parte de los gobernantes en turno. En suma, fue un ensayo exitoso para administrar la pobreza.

Con la puesta en marcha del modelo Económico Neoliberal la política asistencialista y el arte para administrar la pobreza se modernizó con la puesta en marcha de los programas de transferencias monetarias directas. Así nació Solidaridad, luego, PROGRESA, Oportunidades, Prospera y seguimos en los Programas del Bienestar de la 4T. Todos con el mismo discurso, combatir la pobreza y los rezagos sociales con dinero en efectivo.

De acuerdo con estudios del CONEVAL el efecto de estos estos programas fue positivo en algunos indicadores como la afiliación a los sistemas de salud, la mejora en los niveles de escolaridad, mejores condiciones de vivienda, etc. Pero negativo en el ingreso familiar, ya que este no ha aumentado. En síntesis, los programas sociales no han acabado ni acabarán con la pobreza porque son tan solo un paliativo. Además son un instrumento efectivo que usan los gobernantes en turno para mantenerse en el poder, pero sobre todo funcionan como un buen analgésico social que previene posibles levantamientos sociales. Por tanto, mientras no haya un gobierno interesado realmente en acabar con la pobreza, seguiremos viendo programas asistencialistas como eje central para combatir la pobreza.


Jorge López Hernández es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.