Por Aquiles Celis
Febrero 2021

Uno de los problemas de los análisis de la historia política contemporánea en México es el énfasis monocular sobre la figura del presidente, en decir, la sobrevaloración del presidencialismo. Según Ariel Rodríguez Kuri, en la historiografía abocada al tema priva un modelo explicativo sobre el siglo XX mexicano fascinado por la voluntad presidencialista como el principio y el fin de toda la cuestión política[1], relegando a las movilizaciones sociales y a los sectores en disputa a una segunda o tercera categoría. Sin querer caer en ese paradigma politológico es preciso apuntar que efectivamente el poder presidencial ha ocupado un lugar preponderante en el sistema político mexicano desde su constitución.

Dentro de los momentos estelares del presidencialismo mexicano podemos destacar la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, durante el llamado periodo de transición, es decir, durante la década de 1970.[2] Éste episodio fue interpretado en la retórica del partido en el poder como un punto de quiebre; como la delineación de una política que respondiera al desgaste del “desarrollo estabilizador” y a las movilizaciones sociales del fin del sexenio anterior. A pesar de la pérdida de legitimidad en un sector de la población, el Estado y el partido en el poder tenían la mirilla puesta en el futuro: se miraba con optimismo y con esperanza el porvenir de la nación mexicana.

El arribo de Luis Echeverría Álvarez a la palestra política reforzó esta noción aún antes de que asumiera el cargo: desde su campaña presidencial enfocada en recorrer los distintos espacios del país centró su atención en dejar constancia de las promesas de renovación en todos los aspectos de la vida social, principalmente en las comunidades rurales más recónditas o en los entornos periféricos de las grandes urbes. De hecho, el sexenio en que gobernó (de 1970 a 1976) ha sido catalogado por la historiadora Soledad Loaeza como el ejemplo preclaro de un gobierno populista en México.     

Este populismo mexicano estuvo caracterizado en primer lugar por el realce de la figura del presidente (en un régimen ya de por sí presidencialista) a un nivel por encima de los poderes y del partido; por una retórica heroificante del mandatario que lo vinculaba con las figuras que generaban más devoción en el pueblo o a los gobiernos arquetípicamente populares —como Lázaro Cárdenas o Benito Juárez—; por una actitud retadora frente a las clases altas y de supuesta identidad con los más pobres; por la promesa de un cambio inmediato y acelerado rumbo a la plena modernidad; por la propuesta y la realización de proyectos sin una planificación más elaborada y, entre otras cosas, por el desorden en el manejo del gasto público y el endeudamiento del país.

A la calificación de populista al gobierno echeverrista contribuyó la intervención directa del presidente de la república con los grupos sociales en disputa para la resolución de los problemas. Las reuniones con el gabinete de improviso en las madrugadas, las horas que Echeverría pasaba en su despacho sin interrumpir su actividad sin hacer caso ni a sus necesidades fisiológicas, las caminatas extensas en duración y en distancia a altas velocidades en las comunidades rurales o la admisión por decenas o centenas de personas para tratar asuntos en Palacio Nacional fueron una de las expresiones de lo que Daniel Cosío Villegas denominó el estilo personal de gobernar que fue la constante y por lo que estudios posteriores han denominado como un gobierno populista.

Su llegada a la presidencia se dio con base en un marcado distanciamiento de su predecesor Gustavo Díaz Ordaz (GDO), a pesar de que éste último lo había designado personalmente a partir de un proceso de unción predominante en el sistema político mexicano (cuyas raíces históricas se remontan a la época de Lázaro Cárdenas) denominado “tapadismo” por los contemporáneos.[3] Tan pronto llegó a la presidencia, Echeverría buscó un acercamiento con todos los estamentos sociales ponderando especialmente a los más agraviados durante el sexenio diazordacista: los estudiantes y las clases medias.[4]

El distanciamiento consciente frente al gobierno que lo antecedió respondió, entre otras cosas, a una búsqueda de relegitimación del Estado y al replanteamiento de los elementos cohesionadores entre los distintos grupos sociales inconformes. La nueva etapa se anunció en el discurso desde un primer momento[5]: los emisarios del pasado (inmediato) no tenían lugar en la nueva administración. Todos los sectores agraviados, e incluso los que no, fueron considerados para reelaborar su relación con el Estado para obtener un grado mayor de autonomía política y prebendas inéditas.

Así pues, en este texto buscaremos una explicación que se aleje de la manida referencia a la megalomanía personalista y a la justipreciación excesiva de la figura del presidente de la república para entender, por otro lado, al periodo de Echeverría como un intento estructural, como una bala guardada, para el restablecimiento del consenso social y la recuperación de la legitimidad perdida; una especie de valla de contención del régimen frente a las certezas de que la conflictiva década de 1960 había dejado al país al borde del colapso; al borde de una crisis económica y social que hacía peligrar la estabilidad política; certezas fundadas, por demás, en elementos objetivos del pasado inmediato.[6] En otras palabras, el sexenio pretendió lograr la conciliación del Estado con los grupos disidentes de la crisis de 1968 que sí aceptaron la vía reformista.

El espíritu del cambio en el régimen fue impulsado debido al México que “heredaba” LEA, ya que el convulso final de la década de 1960 se vio condicionado entre otros factores por las presiones sociales, el resquebrajamiento de los pactos institucionales, el debilitamiento del corporativismo y la contracción de la economía. De esta manera se anunció un viraje importante en cuanto a las políticas que llevaran las riendas del país.

En este sentido, el régimen buscó cerrar filas con todos los sectores de la sociedad que impulsaran “(hacia) arriba y (hacia) adelante”. Uno de los elementos clave de esta política que ha contribuido a la calificación del echeverrismo como un episodio de la presencia del populismo en México fue la apertura democrática.[7] Esta última aseguró la reformulación de la relación del Estado con las oposiciones tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos, al tiempo que mantenía incólume el monolitismo de la república autoritaria.[8] Por esa razón, desde un primer momento, el gobierno de Echeverría se presentó con un paquete de reformas que se fue expandiendo mientras avanzaba su sexenio: la reforma política, la reforma educativa, la reforma agraria e incluso un fallido intento de presentar una reforma fiscal.

La apertura democrática fue el recurso más importante del régimen y el enclave más sugerente para las clases medias y la pequeña burguesía ilustrada inconforme. Por una parte, el cambio de régimen también suponía un cambio generacional, pues incorporó a su gabinete a jóvenes provenientes de sectores disidentes como Víctor Flores Olea, Enrique González Pedrero o Porfirio Muñoz Ledo. De hecho, el de Echeverría fue el gabinete con el más alto porcentaje de egresados de la UNAM. Con el ímpetu propio de la juventud, desde que aceptó su candidatura Echeverría proclamó que “no lo hacía en nombre propio, sino en nombre de toda una generación de jóvenes que irrumpía en el escenario político nacional.”[9] Sin embargo, con los jóvenes radicalizados no se buscó el diálogo y más bien se recrudeció la represión, fue este el sexenio de la guerra sucia del Estado.

La apertura democrática también incluyo la reforma política, que comenzó con el objetivo, según Jesús Reyes Heroles, de “fortalecer al Estado y recuperar legitimidad a través de la democracia formal”[10] y terminó como un vago intento de incorporar al sistema de partidos a las disidencias más representativas: no se logró y terminó siendo una (débil) reforma electoral que más bien apuntaló la hegemonía del PRI promoviendo mayores facilidades a partidos afines como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que se beneficiaron de la disminución del porcentaje de votación para mantener el registro y del incremento del tiempo en radio y televisión. Otro de los aspectos de la reforma política menos comentado, pero igualmente clientelar fue el impulso de la “Asociación Política Nacional”, figura que permitía la creación de organismos sin autonomía política pero que podían participar en las elecciones mediante la incorporación a un partido. Esta iniciativa buscó, desde luego, institucionalizar las agrupaciones pequeñas manteniendo la dispersión social.[11]

Igualmente se preconizó la defensa de la libertad de prensa,[12] la libertad de expresión, la libertad sindical y de asociación campesina. Caso particular fue el espaldarazo de un sector de los intelectuales verbalizado en uno de los eslóganes más espectaculares de Fernando Benítez, [atribuido erróneamente a Carlos Fuentes, miembro activo de este grupo]: “Echeverría o el Fascismo.”[13]

La renovación del consenso también incorporó a las asociaciones campesinas, a los sindicatos obreros y a los sectores populares, pero como sus representantes se encontraban dentro de la red clientelar del PRI, dentro de los sectores del partido, a los trabajadores se les buscó apaciguar mediante dos formas: la represión o la concesión de mejoras económicas. Para los obreros no hubo tal apertura democrática; todo intento de autonomía política fue censurado y combatido.

Otro de los puntales de la política de Echeverría fue la ampliación de su radio de acción hacia la provincia y, más concretamente hacia el estamento campesino y la cuestión agrícola para influir en la regeneración educativa, social y económica a través de distintas vías como la económica: mediante la descentralización de la industria —potenciando la inversión fuera del centro geográfico y social, el Distrito Federal[14]—; o la educativa mediante la creación de centros educativos, pues a lo largo del sexenio, el gobierno aumentó de manera considerable los subsidios a las universidades e institutos técnicos de la capital pero sobre todo de la provincia.[15]

Sobre este último aspecto, el despliegue del apoyo a la educación fue sumamente importante ya que durante los primeros años de gobierno se crearon 34 institutos tecnológicos y más de 254 escuelas tecnológicas de educación superior, todas ellas en distintos estados.[16] Este apoyo estuvo aparejado al intento de reedición de una segunda reforma agraria emulando el más puro estilo cardenista, con el fin ya no de la repartición de la tierra sino de aumentar la productividad y diversificar las actividades económicas ejidales.[17]

La reforma educativa el sexenio de Echeverría contempló también este aspecto. En 1973 se promulgó con la venia del poder legislativo, la Ley Federal de Educación que sustituyó la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 1941. La reforma estuvo dirigida mayormente a la educación primaria y media superior para aumentar el nivel educativo y los centros de instrucción. Aun así, desde su diseño fue polémica en varios aspectos pues concedió muchas facilidades para la educación privada en los distintos niveles educativos, impulsó las nuevas tecnologías en las telesecundarias, generó incordias en el sector conservador y en la Iglesia por la publicación de libros de texto gratuitos (que avivaron protestas aún mayores que en épocas de Adolfo López Mateos, porque incluían fotografías de Lenin, Fidel Castro y el Che Guevara). También cosechó críticas por parte de los especialistas. “No fue en ningún momento un proyecto coherente ni en la teoría ni en la práctica, sino más bien fue un conjunto de medidas que obedecían a diferentes propósitos y que no se desviaron en lo esencial de las líneas seguidas en las décadas anteriores”.[18] Se acusó que la educación conservó su carácter vertical, paternalista.

Los objetivos centrales de la reforma educativa se expusieron tanto en el discurso inicial de LEA ante el Congreso de la Unión del 11 de septiembre de 1973 y en la exposición de motivos de la Ley Federal de Educación.[19] Esta tenía como objetos de intervención a los educadores, las aulas, los alumnos, los programas de estudio, los espacios escolares con el fin de reelaborar la relación escuela-comunidad-ciencia-nación-familia,[20] y como objetivos centrales incidir en la formación del individuo, fomentar la movilidad social, innovar en el desarrollo económico y lograr la tan ansiada autarquía tecnológico-científica.[21]

La reforma no contemplaba a las universidades ni a la educación superior en su conjunto. Paradójicamente, el presidente de la generación de los jóvenes encontró en los universitarios uno de los polos menos conciliadores y que más desafiaban la autoridad. Las universidades continuaron siendo espacios de conflicto a pesar de los intentos de acercamiento y cooptación y las contradicciones no se diluyeron, antes bien se enconaron. Al proceso de descentralización educativa le siguió muy de cerca la ampliación de la oferta mediante la creación de instituciones como los Colegios de Ciencias y Humanidades, las extensiones universitarias de Acatlán y Aragón —que quedaron orbitando en la periferia del Distrito Federal[22]— y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Finalmente, el impulso reformista general fue opacado por los exiguos resultados. A la postre se puede caracterizar a ese sexenio como un periodo de mucha retórica y pocos resultados. Sobre estos aspectos es posible hacer una comparación con la política de la Cuarta Transformación, la relación entre las acciones y los resultados de esta son perfectamente colindantes con los de aquella. Los paralelismos son evidentes en algunos puntos. Así, la Cuarta Transformación recupera su poesía del pasado, concretamente del episodio populista del Partido Revolucionario Institucional y marca una clara ruptura con los gobiernos inmediatamente precedentes: esta con el neoliberalismo priísta; aquel con el autoritarismo diazordacista. Hemos evaluado los logros del echeverrismo; ¿serán similares los de la Cuarta Transformación? Mientras tanto, “la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.”


Aquiles Celis es historiador por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

[1] Ariel Rodríguez, “El presidencialismo en México, posibilidades de una historia”, Historia y Política, núm. 11, enero-julio de 2004, pp. 131-134. A pesar de que la constitución de 1917 tiene ese velo presidencialista en la medida en que la figura central ejerce poderes metaconstitucionales, los límites los mostraban los poderes fácticos como los organismos sindicales, empresarios o movimientos sociales.

[2] Nuria Fernández, “La reforma la reforma política, orígenes y limitaciones”, Cuadernos Políticos, núm. 16, abril-junio de 1978, p.18.

[3] Para entender el presidencialismo y el sistema político mexicano es necesario un acercamiento a los mecanismos que apuntalaban el régimen pero que simultáneamente lo actualizaban mediante el planteamiento de reformas que lo perfeccionaban, v. gr., consúltese: Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial, México, Editorial Joaquín Mortiz, 1975 pp. 37-140.

[4] Para un acercamiento a las tensiones entre GDO y LEA en los distintos niveles de la política y del Estado, consultar: Manuel Basáñez, La lucha por la hegemonía en México, 1968-1990, México, Siglo XXI, 1990, pp. 198-203.

[5] A este respecto, es interesante ver cómo los trabajos de otras disciplinas como la filología contribuyen a esclarecer hasta qué punto el discurso tiene repercusión en las prácticas y en las relaciones sociales y cómo construyen sujetos a partir del ejercicio del poder. En este sentido, el análisis de la toma de protesta de LEA en 1970 más que una declaración de intenciones nos da cuenta de las relaciones de cooptación y connivencia entre los representantes de los grupos subalternos y el poder. Véase “Emanuel Rojas, La construcción de los sujetos en el discurso de toma de protesta de Luis Echeverría Álvarez. Un acercamiento al discurso populista en México”, Tinzun, Revista de estudios históricos, No. 62, julio, diciembre de 2015.

[6] Rodríguez Kuri, Op. Cit., p. 150

[7] Soledad Loaeza, “La presencia populista en México”, en Guy Hermet [et. al], Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos, México, El Colegio de México, 2001. El sexenio echeverrista ha sido calificado como populista en virtud de la imposición de la lógica política a las decisiones económicas cuya consecuencia más costosa fue el aumento desorbitado del gasto público.

[8] Cfr. Cosío Villegas, Op. Cit., p. 7. Para Cosío Villegas dos piezas centrales sostenían el sistema político mexicano: el presidente de la República que ostentaba un poder poco menos que ilimitado y un partido fuerte que dominaba en grado sumo.

[9] Daniel Cosío Villegas, El estilo personal de gobernar, México, Editorial Joaquín Mortiz, 1974. P.20. Al margen del mito de la juventud, Cossío Villegas apunta que en el sexenio de Echeverría se continuó con la tendencia alemanista de sustituir poco a poco al político por el técnico, es decir, al hombre con experiencia, instinto e incidencia en ciertos sectores por el burócrata de partido, obediente, ejecutivo y expedito.

[10] Jesús Reyes Heroles, Discursos Políticos, México, Comisión Nacional Editorial, 1975, p. 64-70-

[11] Nuria Fernández, Op. Cit., p.27

[12] Un caso paradigmático fue la atenuación de las tensiones entre la prensa crítica y el Estado ya que desde el inicio se buscó el acercamiento de Echeverría con uno de los sectores de la prensa más disidente: el periódico Excélsior y Julio Scherer. Desde otra arista, este acercamiento ha sido interpretado como una estratagema del régimen para mostrarse con una imagen democrática ante la sociedad ávida de una válvula de escape. Véase: Arno Buckholder, “El olimpo fracturado. La dirección de Julio Scherer García en Excélsior, (1968-1976)”, Historia Mexicana, Vol. 59, núm. 4, abril-junio de 2010, p. 1369.

[13] Para un acercamiento a la división grupal en el gremio de los intelectuales, revisar: John King, Plural en la cultura literaria y política latinoamericana. De Tlatelolco a “El ogro filantrópico”, México, Fondo de Cultura Económica, 2011. La crítica al gobierno nacional y del papel del escritor en México fueron el elemento común de la discusión. Carlos Fuentes defendía la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, y consideraba que en esa coyuntura específica el papel del escritor debería ser el papel de un crítico con el firme propósito de impedir el ascenso de la extrema derecha. Frente a esto, Gabriel Zaid y Octavio Paz mantenían una abierta discrepancia con el gobierno en turno y defendieron la independencia del intelectual frente al Estado como la máxima garantía contra la censura o la subsunción de la literatura a la política.

[14] Uno de los episodios más referidos fue el caso de Bahía de Banderas, un ejido en Nayarit que incluía una playa al que se le inyectó una fuerte cantidad de dinero en el diseño de un complejo turístico que incluía escuelas, institutos de capacitación, centros de recreación y parques históricos, que a su fin fue altamente improductivo y cuyos recursos se esfumaron por la corrupción. Véase: Enrique Krauze, La presidencia imperial, México, Tusquets Editores México, 1997, p. 413.

[15] Ibíd. p. 405.

[16] Cosío Villegas, Op. Cit., El estilo personal de gobernar, p.45.

[17] Ibíd. p. 49. Es ya casi un lugar común dentro de la historiografía la comparativa entre Echeverría y Cárdenas. Quizá la explicación más acabada sea la de Cossío Villegas.

[18] José Agustín, Tragicomedia Mexicana 2. La vida en México de 1970 a 1982, México, Editorial Planeta, 1998, p. 56. Uno de los aspectos más reseñados y a la postre mejor valorados de la reforma educativa echeverrista fue el empeño sostenido para el impulso de la ciencia y la tecnología institucionalizado en el CONACYT, organismo que emergió con una clara intención de lograr autodeterminación científica mediante el desarrollo tecnología propia en las universidades y patentar los resultados con el fin de erosionar poco a poco la relación de dependencia principalmente con Estados Unidos.

[19] La Reforma Educativa de Luis Echeverría Álvarez ha sido interpretada desde varios ángulos. Ciertos estudiosos la han visto como una estrategia legitimadora del presidente para aminorar el descontento universitario post 68. v. gr. Itzel López Nájera, “Efectos negativos del movimiento de 1968: la reforma de Luis Echeverría Álvarez”, (Artículo online). Disponible en https://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/3575/E%20consulta%202%20de%20abril%20Itzel%20López%20Nájera.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Desde el marxismo, esta se interpretó como un reacomodo de la superestructura para la tecnificación de la enseñanza ante la reformulación del mercado de trabajo. Cfr. Cuauhtémoc Ochoa, “Sistema educativo y Reforma Educativa”, en Cuadernos Políticos, México, Editorial ERA, 1976. También se le consideró como un proceso de formación de nuevas subjetividades del neociudadano mexicano que ingresaba a una nueva etapa de la modernidad. Véase: Roberto González Villarreal, Luchas por la Reforma Educativa en México, Bs. As., CLACSO, 2018.

[20] Ibíd. p.101.

[21] Ídem.

[22] José Agustín, Op. Cit., p. 57.

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