Por Diego Martínez
Febrero 2021
Las muestras de intolerancia por parte de los miembros de la “Cuarta Transformación”, desde el ejecutivo hasta los más bajos niveles pseudointelectuales, etc., han salido a relucir una y otra vez; estas se han convertido en una forma cotidiana de actuar. Encabezados por el presidente mismo, los miembros de la “Cuarta Transformación” consideran que pueden evaluar la estructura del sistema político, decretar los resultados y proponer “soluciones”, teniendo como único criterio lo que ellos consideren correcto.
Un ejemplo ilustrativo fueron los ataques ocurridos recientemente ante la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de limitar las intervenciones del presidente en sus conferencias mañaneras sobre temas relacionados con el proceso electoral, así como sobre la no transmisión íntegra de la conferencia mañanera durante dicho proceso. Al poco tiempo de dar a conocer estas resoluciones, comenzaron a escucharse acusaciones por parte de integrantes de MORENA. El presidente mismo manifestó su preocupación porque, según su entender, el INE buscaba censurarlo y privarle de su derecho de libertad de expresión. Otros tantos manifestaron que, con esa decisión, el INE arrebata a los mexicanos el derecho de estar informados, pues consideran la conferencia mañanera como un ejercicio inédito de información, un espacio en el que el ejecutivo rinde cuentas a la ciudadanía. La conclusión a la que llegaron todos es que, lo mejor para el país es desaparecer al Instituto, ya que sus tareas bien las pueden realizar organismos centralizados o desconcentrados ya existentes.
A esa conclusión, se le sumaron malabares para apuntalarla, abarcando a otros organismos autónomos para justificar su ataque sobre el INE. Los argumentos más comunes (y ridículos) son que: los organismos autónomos son una carga muy pesada para las finanzas públicas; que fueron creados por Carlos Salinas de Gortari para implementar sus políticas neoliberales de reducción del poder estatal; que los resultados de su trabajo son negativos para la población; que no representan la voluntad popular; y un largo etcétera. Todas estas “críticas” piden de los organismos autónomos resultados para cosas que no fueron creados, pero olvidan la importancia de su existencia: ser contrapeso al poder del Estado. No se trata de defender a capa y espada la existencia y los resultados de los organismos autónomos, sino de colocarlos en sus justos términos y analizar si la opción de desaparecerlos es la mejor forma de fortalecer nuestro sistema político de democracia representativa; y cuál sería, por tanto, la consecuencia inmediata de dicha decisión a la luz de los acontecimientos recientes.
Por cuestiones de espacio, nos limitamos a analizar el problema del INE. Es un verdadero dislate pensar que el INE surgió por voluntad de Salinas de Gortari como maniobra para que el PAN aceptara su triunfo fraudulento. Esto solo busca deslegitimar de principio la existencia de este instituto (anteriormente IFE). Lo único cierto de este argumento es que efectivamente, fueron las elecciones de 1988 las que pusieron a la orden del día la creación del IFE para la democratización de las elecciones. Aunque desde finales de los 60 se observan manifestaciones populares de descontento con la falta de democracia en el país, el Estado se las ingenió para mantenerlos a raya, unas veces con represión (1968, 1971, la guerra sucia) y otras con reformas políticas para que los disidentes pudieran expresar su inconformidad por medios jurídicamente establecidos (reforma del 77 principalmente, con la que comenzó la llamada transición democrática). Sin embargo, la esencia autoritaria del sistema permanecía. Con un partido único controlando el ejecutivo, legislativo y judicial, se hacía imposible llevar a la práctica la división de poderes. Las demandas de una vida democrática continuaron sin satisfacerse. Es así como llegamos a las elecciones del 88. Antes de seguir conviene recordar, para ayudar un poco a la memoria selectiva de los morenistas, que uno de los principales autores del fraude electoral fue precisamente Manuel Bartlett, hoy uno de los incondicionales del presidente de la República.
Una condición mínima para lograr la transición pacífica del poder en un sistema democrático representativo como el nuestro es que uno de los contendientes no puede ser juez y parte. Cuando la secretaría de gobernación era la encargada de supervisar el proceso electoral, las posibilidades de manipular los resultados eran inimaginables. Eso sucedió en 1988. De ahí que la ciudadanía exigiera que esa función quedara fuera de las manos del partido en el poder, y el IFE vino a buscar resolver dicho problema.
Ciertamente que las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero los primeros resultados con la existencia del Instituto fueron notables. No obstante, sería ingenuo pensar que este organismo es capaz por sí mismo de cambiar la realidad, se requiere también de la creciente participación de la sociedad civil en la política. Fueron dos factores: una institución libre de compromisos con el gobierno en el poder y una sociedad civil activa, los que crearon las condiciones para que el partido de Estado (PRI) perdiera su poder aplastante en el Congreso de la Unión y concluyera su dominio del ejecutivo. A pesar del notable avance, es claro que existen limitaciones, pues aun con todas las reformas, si la ciudadanía quiere participar en el juego político prácticamente su única opción son los partidos ya constituidos, aceptando las propuestas que estos puedan ofrecerles.
El objetivo de la “Cuarta Transformación” claramente ha sido destruir estos dos aspectos: los organismos autónomos como contrapeso (INE) y la sociedad civil movilizada. Toda la estructura de asistencia social con el discurso de dar los apoyos de manera directa, de no tratar con organizaciones etc., tienen el objetivo de desarticular los lazos de subjetividad política que la ciudadanía ha venido construyendo en los últimos treinta años.
Con el inicio de las campañas electorales, se ha acelerado el proceso de destrucción de los contrapesos al poder del Estado que representan los organismos autónomos. En la búsqueda por no perder el control del Congreso y sabiendo que los resultados de su gestión en dos años no les alcanzan para convencer al electorado, recurren a el ataque de la única institución que puede decidir la contienda electoral. Desde la pasada elección de consejeros electorales la “cuarta transformación” buscó colocar a personas afines a sus intereses, alegando que la sobrerrepresentación obtenida en el congreso debería reflejarse en la estructura interna del INE (la sobrerrepresentación que MORENA tiene hoy no se debe gracias a que el electorado lo haya decidido así, sino al intercambio de diputados entre partidos afines a ellos, de esta manera tienen un control que no fue ganando en la contienda electoral).
Como no pudieron hacerse del control del INE, los morenistas utilizan el pretexto de defender la libertad de expresión del presidente y el derecho de información de los ciudadanos. Sin embargo, si para algo ha demostrado ser de utilidad la conferencia mañanera es para difamar o atacar a aquellos a quienes el presidente considera como sus enemigos políticos. Partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación y periodistas han sido señalados como corruptos, enemigos de la democracia, etc., sin mostrar pruebas de todos esos señalamientos. Una y otra vez se ha desmentido al presidente, y éste, como sus defensores, una y otra vez recurren a la vieja idea inquisitorial de que los quejosos se quejan porque sus intereses están siendo atacados por la “transformación profunda” que encabeza la “Cuarta Transformación”; y como el presidente dice que son corruptos, los quejosos no son dignos de confianza o credulidad alguna.
Sobre la decisión del INE de limitar las opiniones del presidente, se dice que el Instituto presupone que AMLO hablará sobre temas electorales; pero los críticos evitan recordar que él ya ha comenzado a hacerlo; que, mientras por un lado evade hablar de las alianzas que su partido hace con aquellos a los que en algún momento calificó como la mafia del poder (Morena-PT-PVE), por otro se toma la libertad de descalificar la alianza que los partidos de oposición han realizado (PAN-PRI-PRD). Olvidan también que el estilo personal de gobernar de AMLO consiste en utilizar los medios y recursos del aparato estatal para difamar, para decidir qué es lo justo y lo injusto, tomando decisiones arbitrarias, sin escuchar opiniones alternas. Es así, con las mentiras del presidente, como se llegó a la idea de que la mejor manera de solucionar el problema que el INE les representa es desaparecerlo.
Con esto quedan claras las intenciones de la “Cuarta Transformación”: un retroceso histórico de la democracia en México. Buscan someter la voluntad de la sociedad civil a su voluntad y eliminar todos los mecanismos por los cuales puedan ser expulsados del poder. La existencia de los organismos autónomos obedece a la necesidad que nuestra sociedad tiene de ellos, y solo será posible eliminarlos cuando la sociedad en su conjunto no los necesite. Esto significa que toda la estructura social del país haya avanzado hacia niveles de organización superiores a los que conocemos, esto es, una revolución social. La “Cuarta Transformación” no representa ni por equivocación este avance; su esencia se encuentra en el pasado, anhelan dominar como el PRI lo hizo en su momento. Su soberbia e intolerancia es tan grande que se creen capaces de marchar en contra de la historia, y los ataques al INE no son sino el anuncio de un fraude electoral de dimensiones nunca vistas. Sin embargo, la historia está del lado de los pueblos, ellos decidirán cuando sus instituciones políticas sean obsoletas y trabajarán por la construcción de estructuras políticas superiores. Aquellos que se creen capaces de hacer retroceder la historia terminarán en el basurero de la misma.
Diego Martínez es sociólogo por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.