Por Vania Sánchez
Enero 2021

El trabajo manual y productivo es un elemento formador irremplazable en el proceso educativo de los jóvenes. No solo es necesario para el desarrollo más completo posible de las capacidades cognitivas; también permite reconocer directamente la fuente de la riqueza y la capacidad creadora y transformadora del trabajo cooperativo, y, con ello, valorar la dignidad de los trabajadores y el orgullo de formar parte de ellos. Sin embargo, hay situaciones en las que el trabajo está marcado por la parcialidad y monotonía de las tareas en los procesos de producción automatizados, así como por condiciones leoninas y de insalubridad en términos de remuneración y jornada laboral. En estas condiciones, el trabajo infantil es embotador y riesgoso para la salud física de un individuo que además está en plena etapa de desarrollo. La protección a los niños, adolescentes y mujeres en el ambiente laboral fue una de las primeras leyes que los gobiernos se vieron obligador a tomar porque la explotación abusiva de los trabajadores empezaba a hacer estragos con las condiciones físicas de las nuevas generaciones.

En México, la prohibición de emplear a los menores de 12 años originalmente, y actualmente de 15, así como los términos legales para la contratación de los jóvenes (ahora de quienes tengan entre 16 y 18 años) se decretaron en la Constitución de 1917 en el artículo 123. A pesar del tiempo que ha pasado desde entonces, el trabajo infantil sigue siendo una realidad para buena parte de la niñez y la adolescencia en México. Es así porque, como muchas otras prácticas, su desaparición no depende del decreto ni de la voluntad de los individuos.

Recientemente el INEGI dio conocer el resultado de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019. La población de estudio son los mexicanos de entre 5 y 17 años que suman más de 29 millones.  Los resultados arrojan que 3.3 millones de la población mencionada realizaban actividades económicas o en condiciones de trabajo prohibidas por la ley porque ponen en riesgo su salud física y mental. Esto es, 11 de cada 100 jóvenes; además, de estos 11, 4 son menores a 14 años. Los resultados de la encuesta, por otro lado, reportan un incremento de más de 100 mil menores entre 2017 y 2019. Este repunte rompe con la tendencia a la baja que se había registrado desde 2007, el primer año en que se levantó ENTI. Hace unos días la Unicef denunció que el sector de la niñez y la adolescencia ha sido uno de los más golpeados en los presupuestos federales recientes; en este periodo se cerraron los comedores públicos, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, y las becas para los estudiantes de educación básica se redujeron.

Las familias de estos niños son el blanco fácil de la responsabilidad. Todas ellas, no sobra recordarlo, forman parte de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. La ocupación de los niños en actividades eminentemente económicas no es una elección para ellas, sino una necesidad de sobrevivencia. La mitad de los muchachos que hacen trabajo infantil aportó ingresos a su hogar; el resto, en general no percibe ingresos porque su actividad se hace en el seno del hogar. Así pues, la causa está en la pobreza en que viven los hogares de estos niños. No es casual que el trabajo infantil se concentre en los estados con más pobreza, a saber, Oaxaca, Chiapas y Puebla, y en los sectores con mayor precariedad: la agricultura  y el comercio.

La ENTI 2019 reporta la situación que prevalecía antes de la pandemia. No podemos esperar que los números del trabajo infantil disminuyan porque la pobreza y la desigualdad, sus causas, se han agravado en el último año por la emergencia sanitaria y la negligencia de la Cuarta Transformación.


Vania Sánchez es doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.