Por Jorge López Hernández
Diciembre 2020

A nivel mundial más de 2 mil millones de personas no tienen acceso a servicios financieros, lo que equivale a cerca del 40% de los adultos. En América Latina alrededor del 50% de los adultos tampoco cuentan con estos servicios. En México, el 32% de la población adulta no cuenta con ningún producto financiero (ENIF, 2018). Ante esta situación, hace más de una década que instituciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, y los gobiernos de diferentes países, incluido el nuestro, han diseñado estrategias para que toda la población tenga acceso a servicios financieros formales (Inclusión Financiera).

La justificación y preocupación para que la mayoría de la población haga uso del sistema financiero formal radica en que la Inclusión Financiera (IF) tiene el potencial de facilitar el logro de mayores niveles de bienestar económico y social por parte de los hogares, así como un mayor crecimiento y productividad por parte de las empresas. Además, promueve una mayor movilización de recursos para actividades productivas, generando empleo, y contribuyendo al combate de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, para que la IF materialice los beneficios antes mencionados se requiere de la existencia de una gran variedad de servicios financieros, proveedores y canales de distribución que atiendan las necesidades de la población excluida.

Las estrategias que promueven la inclusión financiera tienen como ejes rectores promover la apertura de cuentas bancarias, acercar sucursales bancarias a las zonas rurales y urbanas excluidas, instalar cajeros automáticos en la mayoría de las poblaciones, ofrecer productos financieros adaptados a las necesidades de la población excluida del sistema financiero formal y promover la educación financiera. En México esta estrategia se implementó en la primera década de este siglo con la creación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en 2002 para promover el ahorro y la inclusión financiera, canalizar los apoyos gubernamentales y fortalecer el ahorro y crédito popular.

A casi 20 años de la creación de Bansefi y de la implementación de políticas de IF, los resultados muestran avances en cuanto al incremento de cuentas y sucursales bancarias, y cajeros automáticos; en 2016 Bansefi manejaba 13 millones de cuentas, de estas, 6.5 millones pertenecían a beneficiarios del programa Prospera; sin embargo, si se consideran aspectos como el ahorro, el crédito a actividades productivas, seguros, etc., los datos indican que la IF lejos está de beneficiar a la población pobre y excluida del sistema financiero. Solo 3 de cada 10 personas es beneficiaria de algún crédito, 5.4 millones de personas recibieron algún crédito a la vivienda, 2.5 de cada 10 personas contrataron algún tipo de seguro, 4 de cada 10 personas tiene una cuenta en una Afore (ENIF, 2018).

Ante el rezago antes mencionado, pareciera que el gobierno actual se ha propuesto hacer realidad la inclusión financiera de la población mexicana; para ello transformó Bansefi en Banco del Bienestar y estableció como meta construir 7 mil sucursales en todo el país durante el sexenio. Si se lograra llegar a la meta sería un avance sin precedentes en cuanto al número de sucursales bancarias, aunque es poco probable, ya que hasta septiembre de 2020 solo habían construido 226 de una meta de 2700 para 2021.

Construir sucursales bancarias en las comunidades alejadas parece una política acertada; sin embargo, es una estrategia que ya se ha implementado con las sucursales Bansefi, y los resultados no son alentadores, ya que no lograron incrementar significativamente el ahorro popular ni los créditos; sus funciones más importantes fueron la dispersión de apoyos del gobierno y el envío y cobro de remesas. Uno de los principales problemas a los que se enfrentó Bansefi fue la baja rentabilidad de sus operaciones, es decir, sus ingresos propios no cubrían el gasto de operación. Este problema se va a multiplicar con la puesta en marcha de 2700 sucursales y requerirá de al menos 6 mil millones de pesos al año para operar los bancos sin resolver el problema de la inclusión financiera.


Jorge López Hernández es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.