Por Ollin Vázquez
Noviembre 2020

La carencia de vivienda digna entre los mexicanos es un problema que, a pesar de los años, no se ha podido resolver. En el artículo 4º constitucional se considera a la vivienda como una garantía social; se menciona que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar ese objetivo. Dada la situación de pobreza y marginación que caracteriza a la población mexicana, la intervención del Estado se vuelve necesaria para resolver este problema, como lo marca la Constitución.

Con este objetivo, el Estado creó organismos que prestan servicios de crédito a la población, dependiendo de si el empleador pertenece al sector público, la empresas privada del sector formal, u otros. Uno de estos organismos es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que recauda parte del ahorro de los trabajadores formales registrados ante el IMSS y lo transforma en créditos para adquirir una vivienda nueva o remodelarla. Las casas que provee el INFONAVIT las compra en grandes cantidades a inmobiliarias privadas, tienen la característica de ser muy pequeñas para el número de integrantes promedio de una familia mexicana, generalmente se encuentran alejadas del centro de trabajo de los beneficiarios y están mal ejecutadas. A pesar de que esta política proporcionó hasta 2018 el 57% de créditos del total prestados por todos los organismos que tienen esa función, y que ayudó a financiar una de cada tres viviendas construidas en el país, este esquema presenta el problema de que hay cerca de cinco millones de casas abandonadas por los beneficiarios (el índice de cartera vencida hasta junio de 2020 fue de 14.9%), y la mayor parte de quienes sí residen en estas viviendas viven en el hacinamiento.

Ante estos problemas, el gobierno en turno presentó una reforma a las reglas crediticias del INFONAVIT que flexibilizan el otorgamiento de los créditos y amplían la cobertura de los productos financieros; el crédito ahora no se reduce a una vivienda, sino que el beneficiario puede adquirir un terreno, autoconstruir su casa o comprar una al propietario que él decida. Estas reformas del INFONAVIT representa un gran atractivo al oído del pueblo. Sin embargo, plantear soluciones al problema de la vivienda otorgando créditos habla de la falta de comprensión de los problemas reales que afectan a México. Por ejemplo, cómo exigir a los “beneficiarios” que paguen, además de la vivienda, el costo del crédito, cuando sus salarios se encuentra muy por debajo de lo que eran en el siglo pasado y la aportación patronal se mantiene en 5%.

La solución al problema de la vivienda no reside en otorgar créditos más elevados y de fácil acceso a los trabajadores, ni en ampliar la cobertura de los mismos, sino en implementar un programa de carácter público, donde se subsidie la construcción de la vivienda y el trabajador aporte una cuota menor del costo total. De esta manera, se facilitaría a los trabajadores la adquisición de una vivienda digna, sin dejarlos atados a deudas que con el correr de los años se vuelven impagables. La solución vía crédito es demagógica y beneficia únicamente al capital financiero. Las cinco millones de viviendas abandonadas y la cartera vencida son pruebas suficientes de que la vía crediticia no es la solución.


Ollin Vázquez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.