Por Luis Antonio Rodríguez
Noviembre 2020
El pasado 15 de noviembre se firmó el tratado comercial denominado Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) entre los diez países que conforman la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda; India también pretendía formar parte del acuerdo, pero desistió por diferencias en el grado de apertura económica, aunque la puerta quedó abierta para una futura incorporación. Se espera que este acuerdo entre en vigor a más tardar en dos años, cuando sea ratificado por cada uno de los 15 países miembros. Se trata del acuerdo comercial más grande del mundo, pues abarcará un mercado de 2,200 millones de personas, casi un tercio de la población mundial; en términos del PIB del planeta los países miembros suman alrededor del 30 por ciento y el 28 del comercio internacional.
De acuerdo con el diario El Economista, el RCEP, que cuenta con más de 20 capítulos, eliminará los aranceles a las importaciones por las próximas dos décadas entre los países miembros; asimismo, contiene especificaciones sobre comercio de bienes, servicios e inversión, propiedad intelectual, comercio electrónico, competencia, pequeñas y medianas empresas (Pymes), cooperación económica y técnica y contratación pública; sin embargo, dejó fuera temas polémicos como la protección medioambiental y los derechos laborales. El mismo diario señala que el tratado “pretende reducir aranceles, abrir los mercados a los servicios y promover las inversiones para ayudar a las economías emergentes a atrapar al resto del mundo”, así como reducir costos y tiempos para las compañías porque unifica los requisitos para todos los países miembros.
Los expertos coinciden en que el RCEP fortalece el papel de China como segunda potencia económica mundial y consolida su posición en Asia y Oceanía; de hecho, la firma de este gran acuerdo comercial surgió como un intento de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en aquella parte del mundo. El nacimiento de la Asociación Económica Integral Regional se dio, en buena medida, como respuesta a otro mega tratado de libre comercio, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, impulsado por Estados Unidos, que finalmente decidió no firmar cuando Donald Trump asumió la presidencia de la potencia norteamericana.
No hay duda de que el RCEP se inscribe dentro de la lógica de la disputa política, económica e ideológica entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial; la nación oriental continúa avanzando gracias a su poderosa economía en despegue, que, pese a la ralentización de sus tasas de crecimiento en los últimos años, sigue siendo la más dinámica del mundo y aumenta su esfera de influencia. Por su lado, la Unión Americana, en estos cuatro años de Trump, se volcó sobre su interior y le apostó a una guerra comercial en contra de China, aunque le resultó contraproducente.
La pujanza económica china, ahora concretada en la firma del RCEP, demuestra que un sistema económico mixto, donde los sectores esenciales están en manos de un gobierno que actúa bajo un plan específico de mediano y largo plazo, es más exitoso que un modelo de mercado aplicado a rajatabla, que a la larga produce desigualdad social y aumento de la pobreza.
En este contexto, la política comercial de la 4T va a contracorriente mundial, pues ciertamente hay una situación objetiva, que consiste en la dependencia económica de México con Estados Unidos, pero tampoco se ha buscado la manera de diversificar inteligentemente las alianzas comerciales. Más bien, López Obrador se ha mostrado sumiso con respecto a las pretensiones del gobierno de Donald Trump, lo cual quedó claro en las negociaciones del TMEC: hay unanimidad de que se hicieron concesiones que afectarán a la economía mexicana. Para poder avanzar en esta dirección, México necesitaría tener un proyecto económico viable, pensado, realista, que busque en la medida de lo posible alianzas benéficas con países como China. Está claro que López Obrador no lo tiene y tampoco lo quiere tener.
Luis Antonio Rodríguez es economista por la UNAM e historiador por la Universidad Autónoma de Tlaxcala