El monto total de recursos que reciben los estados y municipios de la federación es lo que se conoce como Gasto Federalizado. Este recurso está conformado por las Participaciones Federales (Ramo 28), las Aportaciones Federales (Ramo 33), los subsidios (una parte del Ramo 23), y los convenios de descentralización y reasignación (con la SEP, SAGARPA, y SEMARNAT). Con estos recursos los estados tienen la obligación constitucional de proveer educación, salud, desarrollo, economía y agricultura; y los municipios, agua potable, drenaje, alcantarillado, calles, servicio de residuos y seguridad pública.

Solo se analizan los ramos 28 y 33 por su representatividad en el Gasto Federalizado –en el presupuesto aprobado en 2020 tuvieron un peso de 40.7% y 45.8%, respectivamente– y porque la clasificación de los recursos en el PEF vuelve muy difícil captar la parte del Ramo 23 que pertenece al Gasto Federalizado, así como la obtención del monto de los convenios de descentralización y reasignación.

Participaciones federales

En el PPEF 2021, las entidades federativas tienen presupuestado para participaciones la cantidad de 921 mil 402.64 millones de pesos nominales. Este monto representa una caída real de 6.4% respecto al PEF 2020; las participaciones ya se habían reducido en 0.1% de 2019 a 2020 (Tabla 7). Como porcentaje del PIB, representan el 3.8%, esto es 0.15 puntos porcentuales más que en 2020, cuando representaban el 3.6%. Esta disminución se debe a que los fondos que la integran presentaron reducciones reales; los que más se redujeron fueron Fondo de Fomento Municipal (-4.4%) y el Fondo General Participable (-4.3%). El resto de los fondos que conforman las participaciones disminuyeron 10%. Este recurso está calificado como no etiquetado, quiere decir que se emplea libremente por los municipios y estados sin que esté decidido desde el nivel federal en qué se va a emplear; en otras palabras, es el margen de maniobra que tienen los ayuntamientos para resolver los problemas de las localidades.

Las participaciones provienen principalmente de la Recaudación Federal Participable (RFP), que se compone de los ingresos tributarios y petroleros del gobierno federal. En los pre-criterios se visualizó una caída en el precio del petróleo mexicano y, por tanto, una disminución en los ingresos petroleros –comparando lo que se estimaba obtener para 2020 con lo estimado para 2021, la caída es de 33.4%–; los ingresos tributarios también muestran una contracción de 1.8%. Así puede explicarse que se hayan disminuido drásticamente las participaciones.

Por ley, las reducciones en las participaciones deberían ser resarcidas con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), contenido en el Ramo 23. Este fondo, en teoría, permite que las Participaciones Federales no sufran afectaciones por una caída en la actividad económica que traiga consigo una disminución del RFP. Sin hacer distinción entre lo que forma parte del Gasto Federalizado, el Ramo 23 se redujo en el PPEF 2021 en 6.1% en términos reales. Sus variaciones han sido muy drásticas: de 2018 a 2019 cayó 30.1% y de 2019 a 2020 aumentó 12.2%. El FEIEF tuvo una reducción real de 19.7% respecto al PEF 2020, mismo que ya se había visto reducido en 23.4% comparado con el PEF 2019. Esto quiere decir que, en caso de que la economía se contraiga –problema real que se tiene al no haberse controlado la pandemia– y se vea con ella afectada la recaudación, el gobierno no hará frente a una caída mayor en las participaciones porque no contará con una programación suficiente en el FEIEF; y si ya de por sí son reducidas las participaciones, dejarán a estados y municipios en el total desamparo para hacer frente a sus obligaciones.

Aportaciones federales

Las Aportaciones Federales (Ramo 33) presentaron una caída real de 1%. De los ocho fondos que conforman al ramo, cinco tuvieron recortes. Los fondos más afectados fueron: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF, hoy CDMX (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con variaciones de -4.5% cada una. De estos fondos, cabe destacar que la repartición del FAIS entre estados y municipios se mantuvo en la misma proporción, 12.1% y 87.8% respectivamente. Respecto al FAM, hubo una fuerte reducción en lo destinado a Asistencia Social (-18.7%) y aumentó la porción para infraestructura educativa (12.1%).

Los fondos que aumentaron fueron: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), con incrementos de 2.4, 0.4 y 0.2 por ciento, respectivamente. Respecto al FASSA, hubo un cambio en su composición porque se redujo en 10.2% el recurso destinado a la Protección Social en Salud, mientras que el resto de los rubros aumentaron en 32.9% en total. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se mantuvo en la misma cifra en términos reales. En cuanto a la composición de los dos ramos (28 y 33), no hay variaciones significativas. La distribución del ramo 33 está hecha como se muestra en la Tabla 14. Las cifras que se mencionan muestran un panorama desalentador si tomamos en cuenta las obligaciones que tienen los estados y municipios. Por un lado, porque al ver reducidos sus recursos, los ayuntamientos locales y los gobiernos estatales no podrán costear totalmente los servicios que proveían a la población; es decir, se reducirá el número de personas beneficiadas por los servicios públicos, o bajará la calidad de ellos por falta de recursos. Si baja el número de personas beneficiadas, una buena parte de la población tendrá que asumir el costo que antes cubrían los servicios públicos y, consecuentemente, verán afectada su economía familiar. Aumentarán entonces las carencias sociales que forman parte de la medición de la pobreza multidimensional. Por otro lado, recordemos que en julio de 2020 disminuyeron drásticamente los ingresos estatales y municipales, y el 85% de los municipios estaba en quiebra técnica (no podían sufragar los gastos de operación). Esto trajo el despido de una buena parte de los trabajadores de los ayuntamientos y provocó la inoperatividad por escasez de personal suficiente para brindar la atención necesaria a la provisión de servicios en una coyuntura tan grave. Estos recortes presupuestarios harán que estos dos problemas se profundicen y afecten a la población en general, y en particular a quienes se beneficiaban más de los servicios públicos, es decir la población más pobre. Adicionalmente, los estados y municipios, que ahora tienen que sumar los efectos de la pandemia a sus obligaciones, contarán con un recurso limitado, incluso para condiciones normales, cuando la contratación de deuda estaba al orden del día. Esto es, se les está orillando a compensar los recortes con más deuda.


Este es un apartado de “Informe sobre el gasto social y de inversión en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021″, documento elaborado por el CEMEES.

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