El presupuesto que se considera para el bienestar del país en el PPEF 2021 es de 189,970,648,206 pesos, cantidad que corresponde al 3.01% del gasto total. El incremento nominal fue de 4.69%, mientras que el incremento real fue de 0.047% con respecto al PEF de 2020. Se presupuestan 16 programas, cuatro menos que en 2020 (Tabla 1). Se eliminan: 1) Fomento a la Participación Ciudadana, 2) Programa al Fomento a la Economía Social, 3) Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, y 4) Subsidios a Programas para Jóvenes. Así, también, se agrega el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijos e Hijas. Esta característica de reducción de programas es propia de la actual administración, pues en 2018 se contaban con 25 programas sociales. En esta misma línea, observamos que hay programas a los que poco a poco se les va quitando presupuesto, tal es el caso de los programas Evaluación de los Programas Sociales, y el de Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural, a los que se les ha quitado una cuarta parte de su presupuesto; al programa Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, más de la mitad.
El 94.6% del presupuesto de este ramo, se destina a tres programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores (71.2%), Sembrando Vida (15.2%) y Pensión para Personas con Discapacidad Permanente (8.1%). Cada programa se mantiene en su proporción respecto al gasto total del ramo; es decir, respecto a 2020, no hay reorientaciones del gasto dentro del ramo, a pesar de los incrementos (Tabla 2).
Los incrementos al presupuesto se destinan principalmente a los tres programas clave del ramo; de los 8.9 mil millones de pesos adicionales, 5.7 mil millones van a pensiones para adultos mayores. A las transferencias monetarias se les sigue otorgando la responsabilidad de cubrir el objetivo de la Secretaria de Bienestar, que es el de “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad”. Tomemos un ejemplo, el programa de pensiones para el bienestar de las personas mayores toca varios ejes transversales: Desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, Desarrollo rural sustentable, Igualdad entre mujeres y hombres, Atención a grupos vulnerables y Superación de la pobreza. Es decir, estos objetivos, según el gobierno, se pueden cubrir con una transferencia de 1,275 pesos mensuales. Para dar cuenta de lo que este monto puede impactar en la vida de las personas, tomemos como referencia la canasta alimentaria, que es igual a la línea de pobreza extrema por ingresos. En las zonas urbanas asciende a 1,661.39 pesos mensuales, mientras que en las zonas rurales es de 1,192.06 pesos mensuales. Ahora bien, si los apoyos son apenas suficientes para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, ¿por qué cargarle los demás objetivos? Se observa que hay una sobreestimación del alcance de dichos programas. En diferentes ocasiones, el presidente ha dicho que la recuperación económica, vendrá “desde abajo”, haciendo referencia a que los programas sociales también son el sustento de la recuperación económica, a través de su incidencia en el consumo. He aquí la justificación para recargar el gasto público en estos programas. La apuesta del gobierno es que el mercado, por sí solo, responderá al estímulo de la demanda del mercado interno. Esta estrategia obvia los daños que la crisis a causado en el aparato productivo, y a las personas que pasaron a formar parte de los grupos vulnerables, mismas que aún no se contabilizan en la lista de beneficiarios de los programas de asistencia social. Cuantitativamente, las transferencias monetarias no sostendrán el consumo, y si lo hicieran, esta vía de recuperación es completamente insuficiente.
A la lista de soluciones, se agrega el problema de la desigualdad. Dentro del modelo neoliberal se ha acelerado la brecha de desigualdad que hay en México. Estas condiciones no son deseables para una economía, pues, como dice Ostry (2014)[1] “la desigualdad puede perjudicar el crecimiento porque priva a los pobres de la capacidad para mantenerse saludables y acumular capital humano, genera inestabilidad política y económica que reduce la inversión e impide el consenso social requerido para hacer ajustes cuando hay choques y sostener el crecimiento”. Los mecanismos de mercado son el origen del desigual reparto de la riqueza; los programas que implementa el gobierno federal son paliativos temporales, mas no remedio a este problema. Mientras el mercado siga siendo el responsable de asignar los recursos, la desigualdad, muy a pesar de las ayudas del gobierno, seguirá su curso ascendente. En suma, las transferencias monetarias, a pesar de ser necesarias, no tienen la capacidad de sostener el crecimiento económico, ni la recuperación productiva, ni el consumo, ni la erradicación de la desigualdad. Sostener lo contrario es, en los hechos, renunciar de facto a la resolución real de estas cuestiones.
Este es un apartado de “Informe sobre el gasto social y de inversión en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021″, documento elaborado por el CEMEES.
[1] Ostry, J. D., Berg A., & Tsangarides C. G. (2014). Redistribución, desigualdad y crecimiento. Revista de Economía Institucional, 16, 53-81.