El presupuesto para educación del PPEF 2021 es de 338 mil 46 millones de pesos. Esto es, 5.4% del gasto neto total, lo que representa un aumento nominal del 3.6%, 0.4% en términos reales, con respecto al presupuesto de 2020. Esta cantidad, asignada al ramo 11 en su conjunto, se reparte en cuatro funciones; de estas, la que mayor recurso recibe es la destinada específicamente a actividades de educación, que concentra el 93.1% del presupuesto total del ramo.
Sobre la distribución del presupuesto en subfunciones: cuatro pesos con 10 centavos, de cada 10, están destinados a educación superior; tres pesos y 60 centavos son para educación media superior; un peso con 70, para educación básica, y los restantes 60 centavos son para posgrado, educación para adultos y otros servicios educativos. Cabe aclarar que esta distribución, presentada en la Tabla 3, que privilegia la educación superior y media superior, no representa ningún cambio significativo con las asignaciones anteriores. Sin embargo, hubo algunos movimientos entre subfunciones. El mayor cambio entre el presupuesto de 2020 y el proyectado para 2021 es que este último conlleva un recorte real de -26.7% en educación para adultos y otro de -3.2% en educación básica; al tiempo que otorga un aumento real de 8.1% a otros servicios educativos, donde se encuentran apoyos a organizaciones educativas de diverso tipo. Por lo demás, educación media superior experimentó un ligero aumento real de 2.2%, mientras educación superior y posgrados experimentaron recortes reales de -0.05% y -0.08%, respectivamente.
No obstante, al interior de las subfunciones hubo movimientos importantes. En primer lugar, desaparecieron varios programas para aumentar los montos destinados a programas de transferencias. En la Tabla 4 se muestran los programas eliminados y el monto destinado durante 2020. Como se puede apreciar, el monto total de los programas desaparecidos ascendió a más de 11 mil millones de pesos, lo que, mutatis mutandis, quedó libre para su aplicación a otros programas en lo proyectado para 2021. Por otro lado, solo se creó un nuevo programa, el de Normalización y Certificación en Competencias Laborales, dentro de la subfunción Educación Media Superior, con una asignación de 3 mil 688 millones de pesos.
Con respecto a los demás programas presupuestarios, fueron varios los que presentaron recortes. El monto total de estas reducciones asciende, en términos reales, a 2 mil 99 millones de pesos, y lo que más destaca son las fuertes disminuciones al Programa de Formación Profesional Docente que, proporcionalmente, pierde la mitad de sus recursos. Por otro lado, los programas con más reducciones en términos absolutos son el de Educación inicial y básica comunitaria, que, en términos reales perdió 588 millones de pesos con respecto a la asignación previa y el programa de Educación para Adultos (INEA), que redujo su asignación en mil millones. En la Tabla 5 se presentan todos los datos.
En términos reales, el número de programas presupuestarios con recortes es de 40. Claro está que algunos programas experimentaron recortes menores al millón de pesos o menores al 1% de su presupuesto, lo que en teoría no tendría que afectar gravemente su desempeño; si embargo, en la realidad, estos tampoco experimentarán ninguna mejoría. Por otro lado, los 15 programas que se encuentran esta situación son solo 12. Los otros 28 programas experimentarán reducciones mayores que podrían afectar de manera importante su funcionamiento.
Finalmente, resta revisar los programas que recibieron aumentos. Como se puede apreciar en la Tabla 6, los principales programas beneficiados fueron tres: La Escuela es Nuestra, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con incrementos reales de tres mil, dos mil y mil millones, respectivamente.
Estos son, de manera detallada, los movimientos entre programas presupuestarios. Como se puede apreciar, los recortes fueron la norma, sacrificándose programas para la formación docente, infraestructura y para la atención a diversos grupos vulnerables, todo lo cual se reorientó, fundamentalmente a programas de becas y al programa la escuela es nuestra. Cabe señalar que este último programa es, en cierto modo, el que se ocupará de la infraestructura escolar entre los planteles de educación básica. El programa ya operó en 2020, aunque aún no hay una evaluación puntual de su funcionamiento. Teóricamente, la fortaleza de este programa es que promueve la participación de la comunidad escolar en la resolución de sus problemas de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, la medida también puede acarrear toda una serie de complicaciones como elevación de costos de obra o la realización de obras de menor calidad, lo que podría traer riesgos innecesarios. Claro está que estas no son consecuencias necesarias, sino riesgos probables que derivan de un aumento en la heterogeneidad de las decisiones y los resultados observados. Asimismo, no son claros los criterios de asignación de recursos, por lo que puede prestarse a un manejo político de estos.
De acuerdo con el informe presentado por el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, en Palacio Nacional, el 16 de junio de 2020, se habían asignado recursos para poco más de 50 mil escuelas, con lo que cubrían el 96% del gasto presupuestado. Sin embargo, de acuerdo con datos de la SEP, en 2018 había más de 90 mil planteles de prescolar, 96 mil 508 de primaria y 39 mil 967 de secundaria. En total, se estaría hablando de más de 226 mil planteles. Ahora bien, es probable que en estos datos se considere el número de registro del plantel y no las instalaciones físicas, por lo que habría más de una escuela utilizando las mismas instalaciones, lo que reduciría el número de planteles. Sin embargo, e incluso considerando solo la mitad de los planteles, el número de planteles ascendería a más de 100 mil. En pocas palabras, la cobertura es insuficiente. De aquí resulta que la falta de criterios claros abre la puerta al probable uso discrecional de los mismos, que es una de las advertencias que se han hecho con respecto a los programas sociales del actual gobierno.
En este sentido, el programa guarda una semejanza con las políticas de transferencias, pues, aunque en estricto sentido no constituye un ingreso para la comunidad escolar, puede generar un efecto político similar en la percepción del apoyo gubernamental recibido. Uno de los riesgos del programa, entonces, es que caiga en la misma lógica clientelar que se ha acusado en otros programas del actual gobierno.
El panorama educativo que se retrata en el nuevo presupuesto es poco alentador. En principio, se mantiene y ahonda el esquema que prioriza los niveles superiores por sobre la educación básica. En segundo lugar, se disponen menos recursos para escuelas y maestros, y menos recursos específicos para diversos grupos vulnerables; en cambio, se destinan más recursos a transferencias directas. En pocas palabras, se vulnera al sistema educativo en su conjunto para transferir el dinero a los estudiantes. Y no es que las transferencias estén mal en sí mismas. El problema es que las acciones en beneficio de una parte van en detrimento del conjunto, y la educación no puede atenderse de forma unilateral. El presupuesto proyectado para 2021, en pocas palabras, repite los fallos de presupuestos pasados y genera nuevas debilidades, sin que esto se traduzca, necesariamente, en el mejoramiento de las condiciones de educabilidad de los estudiantes.
Este es un apartado de “Informe sobre el gasto social y de inversión en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021″, documento elaborado por el CEMEES.