Por Aquiles Lázaro
Septiembre 2020

La política cultural de las últimas décadas

Durante las últimas dos décadas, las políticas federales para el sector cultural no presentaron una continuidad nítida que les permitiera trascender a los cambios sexenales y a las alternancias políticas. No obstante, las formas generales en la aplicación de políticas culturales muestran algunos rasgos comunes a todos los sexenios.

El más relevante de estos rasgos, y sin duda el mayor problema, es la insuficiencia presupuestal. Mientras la UNESCO y otros organismos internacionales recomiendan para países como el nuestro un presupuesto equivalente al 1% del PIB, México destina siempre menos del 0.5%. La operación con recursos tan limitados compromete el alcance de prácticamente todos los proyectos gubernamentales en materia cultural.

La equidad en el acceso a los bienes y servicios culturales para toda la población ha sido otro punto central de la política cultural. Pese a los ambiciosos planes sexenales, y pese al uso de distintos eslóganes políticos (democratización de la cultura, ciudadanización de la cultura, país de lectores, etc.), lo cierto es que los últimos sexenios presentan a este respecto un avance exiguo. De especial relevancia es, en los retos que plantea este punto particular, la inclusión de los sectores sociales de bajos ingresos —que constituyen la inmensa mayoría en nuestra sociedad— en las dinámicas de la oferta cultural pública.

El debilitamiento general de la participación pública en la oferta de bienes culturales contribuyó en las últimas décadas a establecer entre la población patrones de consumo dominados por los repertorios comerciales de grandes empresas del entretenimiento, cuyos discursos —por principio homogéneos, unidireccionales y carentes de pluralidad— contribuyen a normalizar problemas sociales como la desigualdad, la exclusión y la violencia. Más aún: si tales patrones de consumo cultural son aplicables a la población en general, es precisamente en los sectores sociales de bajos ingresos donde adquieren un alcance casi universal.

Ensayos

Nuestros propios puntos de vista en la discusión e interpretación de algunos temas relevantes para el contexto social y político de nuestro tiempo

La política cultural muestra, en contraparte, algunos aspectos efectivos. El primero de ellos es un proceso de soberanía para el sector, a través de cuyas plataformas la centralidad en la toma de decisiones y la discrecionalidad en la asignación de recursos fueron cediendo paso a mecanismos más incluyentes, en los que participaban directamente miembros de la comunidad cultural. Ejemplos de esto son el fortalecimiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y la creación de la Secretaría de Cultura en 2015.

Otros renglones destacables son los que se refieren al mantenimiento del sistema de infraestructura pública, la conservación de un modelo cultural en el cual el Estado conserva su papel rector —en el contexto de la cesión de grandes espacios públicos al sector privado—, y la elaboración de una visión más inclusiva hacia las distintas formas de diversidad cultural.

En lo general, no obstante, estas políticas se mostraron incapaces de superar los problemas principales del sector, y su insuficiencia se presentó, en última instancia, bajo la forma de un deterioro cada vez más profundo de las dinámicas de convivencia colectiva y la normalización de graves consecuencias de la descomposición social.

La política cultural actual

Las fuerzas políticas en el gobierno federal actual, por su parte, reivindicaron en su proyecto el carácter social de la cultura, así como su centralidad en el proceso de transformación que se proponían llevar a cabo. A pesar de que el tema no ocupaba un lugar central en la retórica de AMLO, ni tampoco en los documentos escritos de su partido, el candidato de MORENA ganó el apoyo casi unánime de los círculos culturales del país.

La política de la “Cuarta Transformación” ha sido, no obstante, uno de los focos principales de polémica. En sus objetivos principales, la política cultural actual se mueve prácticamente en las mismas líneas generales que los planes anteriores: ni la inclusión de los sectores sociales tradicionalmente marginados, ni el rescate y difusión de las expresiones culturales de los pueblos originarios —temas en que los que la retórica gubernamental pone un acento especial— representan ninguna novedad.

En sus primeros pasos, sin embargo, la política cultural ha profundizado a un ritmo vertiginoso algunos de los problemas centrales del sector. El aspecto más notable es precisamente el del presupuesto: a través de varios mecanismos se han reducido drásticamente los recursos para organismos culturales de diversa índole. Algunas de estas instituciones, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) o el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) representan plataformas clave de la infraestructura cultural actual, cuyo proceso de consolidación atraviesa varias décadas.

La política de reducciones presupuestales avanza en sentido opuesto a las recomendaciones de los organismos internacionales especializados. Es claro que, bajo esta línea de acción, el viejo problema cardinal de la falta de recursos para el sector se profundiza gravemente.

En lo que se refiere al desarrollo de la infraestructura, en concordancia con el principio de austeridad, la administración actual prioriza en su Plan Nacional de Desarrollo la optimización de la infraestructura en lugar de su desarrollo y expansión. Los proyectos de infraestructura más relevantes, como el Complejo Cultural Los Pinos o el Centro Transformativo de Educación y Cultura Ambiental Muros de Agua: José Revueltas (Islas Marías), han sido cuestionados por los círculos especializados como carentes de un proyecto integral que defina sus normas de operación, su marco jurídico e incluso su certeza presupuestal. Hasta la fecha, tales iniciativas han redituado más como capitales mediáticos y discursivos que como proyectos sólidos de infraestructura cultural.

El centralismo en la toma de decisiones ha generado también un profundo debate. Los casos citados señalan que las principales acciones de la política cultural vuelven a ser ahora decisiones del presidente. La actual efervescencia entre los círculos culturales e intelectuales contra el proyecto político de la “Cuarta Transformación” toma de aquí algunos de sus argumentos, y de este contexto surge también la retórica presidencial que asocia a estos sectores con élites que se beneficiaron de la corrupción de los gobiernos anteriores. En estas polémicas, es claro que la decisión presidencial desplaza a las valoraciones de la propia Secretaría de Cultura y de los especialistas al frente de los organismos culturales.

Las resoluciones unipersonales ganan lugar también en la colocación o remoción de figuras personales para organismos clave —dinámica que, por otra parte, se ha replicado en otros sectores más allá del campo cultural—; el caso más relevante ha sido la designación de Francisco Ignacio Taibo Mahojo como director del Fondo de Cultura Económica, para lo cual fue necesaria la modificación precipitada de una ley. Todos estos elementos señalan una tendencia que retrocede en el camino de la pluralidad e inclusión en la toma de decisiones.

En otro punto, el discurso que reivindica el pasado indígena y las expresiones culturales de los pueblos originarios contrasta con las acciones emprendidas dentro y fuera del sector cultural. La abierta oposición de comunidades originarias hacia proyectos gubernamentales como el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía) o la Planta Termoeléctrica de Huexca —este último enturbiado, además, por el asesinato del activista indígena Samir Flores— ha sido no solamente desestimada, sino incluso descalificada verbalmente por el presidente. En el tema presupuestal, destacan la disminución de 40% al presupuesto 2020 del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el recorte de 75% para los gastos operativos del INAH.

La concepción presidencial en torno a una presunta dicotomía entre el conocimiento técnico-científico (asociado con élites privilegiadas) y el conocimiento empírico (asociado con los sectores populares) ha tenido en la política cultural consecuencias relevantes. Desde este marco se justifican las descalificaciones contra algunos círculos intelectuales, el cuestionamiento a los supuestos privilegios de la comunidad de creadores y las mencionadas contracciones presupuestales a instituciones que realizan labores altamente especializadas.

La política cultural actual carece, por último, de una plataforma relevante en torno al viejo objetivo cardinal de garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales a toda la población. El proyecto que reivindica discursivamente a los sectores populares no ha podido, en cambio, abonar constructivamente en el diseño de mecanismos de inclusión para las dinámicas de producción y consumo cultural. Algunos proyectos ambiciosos más o menos desarticulados del resto de las acciones culturales —el más vigoroso de los cuales es la colección editorial Vientos del Pueblo, lanzada en 2019 por el Fondo de Cultura Económica— acaparan grandes espacios promocionales mientras ensayan sin más inventiva las viejas fórmulas fallidas de administraciones anteriores. Las perspectivas del impacto social de estas acciones son muy modestas. Por otra parte, los escasos proyectos locales de cultura comunitaria sobreviven entre la desarticulación y la indigencia presupuestal.

Perspectivas en el corto plazo

La reducción de recursos es el sello principal de la política cultural presente. En el marco de la emergencia sanitaria global, un minucioso estudio de la UNAM sobre el estado actual del sector señala las graves implicaciones de perpetuar las dinámicas de disminución presupuestal.

Esta política ha continuado en la presente administración y tiende a agudizarse debido a la pandemia. La contracción de la inversión pública en cultura amenaza con depauperar o inhabilitar una parte considerable de las instituciones culturales y de las infraestructuras destinadas a la educación, la investigación y la difusión del arte y la cultura.

La agenda de austeridad y combate a la corrupción vuelve poco probable una revisión crítica de esta política. Las tendencias apuntan a que las instituciones culturales tendrán que adaptarse a la nueva situación y diseñar mecanismos de operación adecuados a una disminución drástica de sus recursos financieros, materiales y humanos; esto, naturalmente, en detrimento del desempeño óptimo de sus funciones.

El constante debate entre las voces gubernamentales y los círculos del sector artístico-cultural conserva un desenlace abierto. De todos modos, es claro que el espacio para la discusión plural en la que participen las voces de los distintos agentes del sector se halla, bajo la actual administración, sensiblemente limitado. Las resoluciones vistas hasta hoy sugieren que las grandes decisiones en materia de política cultural seguirán siendo tomadas principalmente por el ejecutivo federal.

Por último, el robusto plan gubernamental de subsidios económicos a los sectores sociales de bajos ingresos contrasta con la ausencia y falta de dirección de las acciones culturales hacia esos mismos sectores. Sin recursos, sin fortalecimiento de la infraestructura y sin planes de trabajo articulados, tampoco pueden proyectarse resultados optimistas en lo que se refiere a garantizar el derecho a la cultura a toda la población, y particularmente a los sectores populares. En conclusión, puede afirmarse que la política cultural actual no representa ningún cambio radical hacia las formas en que las administraciones anteriores abordaron el tema. Si bien hay un fuerte acento retórico en torno a algunos temas particulares como los sectores marginados, los pueblos indígenas o las élites corruptas —acento que sugiere un distanciamiento y una ruptura con las viejas políticas—, lo cierto es que los hechos apuntan a una tendencia en la cual los problemas cardinales del sector cultural se profundizarán sensiblemente.


Este es un apartado de “Dos años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador: resultados y perspectivas”, documento elaborado por el CEMEES para analizar al gobierno actual.

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