Por Citlali Aguirre
Septiembre 2020

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 incluyó por primera vez el tema ecológico como factor explícito en el desarrollo social y económico del país; anteriormente este se encontraba inserto en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y después en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. En 1988, se publicó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que, con posteriores modificaciones (1996), ha sido el instrumento rector de la operación de la política ambiental hasta nuestros días.

Desde entonces México ha avanzado en política ambiental; se han creado instituciones y un andamiaje legal sólido. El Instituto Nacional de Ecología, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se creó en 1991. En 1992, surgieron la PROFEPA y la CONABIO. Dos años después, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca que, en el 2000, dio lugar a la SEMARNAT. Actualmente, son 12 las leyes que conforman la legislación ambiental en México.

La asignación de recursos para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (ramo 16 del PEF) venía creciendo desde su origen. La primera disminución notoria se dio en el sexenio de Peña Nieto, que cerró con un 60% menos respecto a lo que se tenía. Luego, en 2018, llegó otro recorte del 25% y del 20% en 2019. En 2020, el presupuesto alcanzó niveles muy bajos en materia de gasto neto para el Ramo 16 (línea naranja) y el valor mínimo de los 15 años que se comparan del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (línea azul). Este programa es crucial para la vigilancia y protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs); incluye también los recursos para los programas forestales en el medio rural; para el Programa de Empleo Temporal, enfocado a mitigar los incendios forestales; así como el recurso de operación de la PROFEPA, encargada de vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y leyes. El 23 de abril de este año, se decretó la disminución del 75% del presupuesto de gastos de operación de la Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

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Los centros de investigación que generan conocimiento técnico y científico e incrementan el capital humano calificado para la protección, preservación y restauración del medio ambiente, así como para la mitigación y adaptación al cambio climático y el desarrollo de sistemas de producción sustentable han crecido en las últimas décadas. No obstante, la investigación requiere financiamiento para la elaboración de proyectos, adquisición de herramientas necesarias y viáticos, mucho de lo cual proviene de instituciones como CONABIO y SEMARNAT. El recurso asignado a estas instituciones ha disminuido. SEMARNAT recibió 37,580. 6 millones en 2018; 31,020.5 en 2019, y 29,869.5 en 2020 (Semarnat, 2020).

El programa Sembrando Vida (SV), instrumentado por la actual administración, ha sido presentado por el presidente como el programa bandera en materia ambiental de su gobierno, como “el programa de reforestación más grande del mundo”. No es uno ni otro, no tiene lineamientos ambientales; sembrar árboles no significa restaurar o rehabilitar ecosistemas degradados; de hecho, hay casos en los que resulta contraproducente (Cao y otros, 2011). Después de la siembra pasan décadas para que se consiga la restauración de los suelos, para que se recupere la estructura, la composición y la funcionalidad del ecosistema. ¿Qué pasará después de plantar los árboles si SV no incluye un programa de monitoreo ecológico-productivo?

A un año de la instrumentación de SV, el programa se ha visto envuelto en un manto de opacidad, falta de planeación y fallas técnicas. María Luisa Albores, Secretaría del Bienestar, informó que únicamente se sembró el 13.9% de las plantas programadas, de las cuales solo brotó el 50%. Además, en el documento Avances y Retos del Programa Sembrando Vida (2020), el CONEVAL advirtió que el programa no cuenta con mecanismos para determinar el método apropiado de plantación por región, ni con un calendario de distribución de entrega de plantas que coincida con los ciclos agrícolas para evitar la muerte de las mismas. El ciclo productivo de las plantas varía de una región a otra, por lo que es menester entregar las plántulas a los beneficiarios del programa en el momento preciso del ciclo agrícola regional, determinado por los factores ecológicos de cada sitio.

Este programa se queda corto para resolver la crisis socio ecológica de las zonas rurales más pobres de México; se han reforestado únicamente 575 mil ha de las más de 30 millones que han sido deforestadas desde 1970 (Semarnat, 2018). Con este programa, se estará beneficiando a 430,000 campesinos, lo que solo representa el 10% de las 4,181,613 unidades de producción rural con bajos niveles de ingreso que presentan un nivel de activos por debajo de la media nacional ($132,051/año), considerada como el umbral crítico, ya que corresponde al valor por debajo del cual el nivel de capitalización es insuficiente para generar niveles de ventas que permitan un desarrollo económico sostenido de la unidad de producción (Sagarpa, 2012).

Este programa habría sido una herramienta sólida de combate a la crisis socioambiental si capacitara sistemáticamente a los campesinos con ayuda técnica para elevar la productividad del trabajo a la par de la conservación y restauración de los ecosistemas, y si se abrieran mercados locales y regionales para que los campesinos coloquen sus productos, pues SV reparte  plantas maderables y frutales a los beneficiarios, pero no se resuelve dónde venderán sus productos (luego de aproximadamente cuatro años que tardarán los árboles en generar frutos). ¿Qué sucederá después? En la cadena de valorde las plantaciones volverán a ganar los mismos, los intermediarios, como ha sucedido hasta ahora. En consecuencia, los beneficiarios del programa van por el subsidio por encima de cualquier cosa, este es mayor ($5,000 mensuales) al otorgado por el Programa de Pago por Servicios Ambientales ($2,750) que sí regula el valor de los servicios ambientales, la conservación de la biodiversidad, los recursos hídricos y el fomento de secuestro de carbono dentro de los sistemas agroforestales, además de apoyar en la creación de mercados de estos servicios.

En México, los efectos del cambio climático han comenzado a manifestarse en la intensidad de huracanes y ciclones en costas del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, en frecuentes e intensas olas de calor y sequía en el norte del país, y en las lluvias torrenciales en el centro, sur y noreste del territorio (García, 2015). Además, México adquirió el compromiso a nivel internacional de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de las Conferencias de las Naciones Unidas (COP21 y COP23) y de restaurar 8.5 millones de ha como parte de la iniciativa 20×20. Algunos de los compromisos consisten en emitir máximo 672 millones de toneladas CO2 en 2020, 762 en 2030 y 320 en 2050.

Claramente, la actual administración carece de intenciones para cumplir los compromisos y para mitigar el cambio climático con la urgencia que el país y el mundo requieren. El total de emisiones anuales de la refinería Dos Bocas serían 2.16 millones de toneladas de CO2 (MtCO2). En los próximos 20 años, solamente la operación de la refinería habrá emitido aproximadamente 43.2 MtCO2 (Cemda, 2020). Según lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental de la primera fase del Tren Maya (MIA-F1), tan solo el funcionamiento de los trenes de los primeros tres tramos del tren (de un total de siete tramos) emitirán 64,432.6678 ton anuales. Sin embargo, también se generarán emisiones durante la etapa de construcción, del funcionamiento de otras máquinas y transporte asociados a los a la estructura ferroviaria, así como por la deforestación de las franjas por donde irán las vías. El presidente afirma que este proyecto persigue la sustentabilidad, pero la sustentabilidad cuesta y hay que estar dispuesto a pagarla.

Dos Bocas y el Tren Maya son obras de alto impacto situadas en zonas ecológicas que funcionan como barreras físicas ante catástrofes meteorológicas como los ciclones tropicales; incluyen humedales, manglares, ANPs, todos ellos muy susceptibles al cambio climático, de inigualable importancia para la conservación y que poseen gran relevancia en la permanencia de servicios ecosistémicos y hábitats para diversas especies de flora y fauna, incluidas aquellas en categoría de riesgo. Cierto es que la crisis ecológica de México viene desde los sexenios anteriores. Sin embargo, Sembrando Vida, El Tren Maya y la refinería Dos Bocas no solo no resuelven los problemas ecológicos de México, sino que obstaculizan su correcta solución. Una política dirigida hacia la crisis ambiental debe considerar la particularidad ecológica, social y económica en que se produce geográficamente dicha crisis.


Este es un apartado de “Dos años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador: resultados y perspectivas”, documento elaborado por el CEMEES para analizar al gobierno actual.

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