Por Ehécatl Lázaro
Septiembre 2020

En la órbita imperial: relaciones México-Estados Unidos

La llegada de AMLO a la presidencia no modificó la relación de subordinación entre México y Estados Unidos. Desde el inicio de su administración, el presidente ha expresado su agradecimiento a Donald Trump por distintos motivos: por aceptar el resultado electoral de 2018, por firmar el T-MEC, por no aplicarle el arancel de 25% en las exportaciones mexicanas, por intervenir en la OPEP a favor del gobierno mexicano y por no cerrar la frontera mexicano-estadounidense en medio de la pandemia. El 8 de julio de 2020, en Washington, Andrés Manuel le agradeció a Trump por tratar a México con respeto.

El discurso afable del gobierno mexicano con su contraparte estadounidense contrasta con los ofrecimientos hechos por AMLO al electorado. El candidato de Morena se presentó como un hombre nacionalista que en su calidad de jefe de Estado lucharía por el respeto a México en la arena internacional; sin embargo, en los hechos la administración de AMLO ha sometido su política exterior a los intereses estadounidenses e incluso ha modificado sus políticas internas para adaptarlas a las exigencias norteamericanas.

El momento más elocuente de esta subordinación ocurrió en la crisis migratoria de 2019. Ante el creciente número de caravanas migratorias que llegaban a Estados Unidos desde Centroamérica, Trump amenazó con castigar comercialmente a México si el país no resolvía el problema en 45 días; para evitar el castigo, Andrés Manuel endureció los filtros migratorios en la frontera sur y desplegó a la Guardia Nacional en todo el territorio nacional para detener a los migrantes, todo lo cual contradecía la política humanitaria que había planteado al inicio de su gestión para el fenómeno migratorio.

Una de las consecuencias más controvertidas es el Protocolo de Protección a Migrantes – “Quédate en México”-, que compromete al gobierno mexicano a aceptar en su territorio a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Con base en este acuerdo, Estados Unidos envió a México 63 mil migrantes so – licitantes de asilo solo durante 2019 (La Jornada, 2019), personas que deberán esperar en territorio mexicano el tiempo que sea necesario para que las instituciones estadounidenses aprueben o rechacen la solicitud. En caso de que la resolución sea positiva, el migrante podrá entrar a Estados Unidos; si la solicitud es rechazada el gobierno mexicano se hará responsable de su situación.

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El Triángulo Norte y las caravanas migratorias

Los flujos migratorios que parten de Centroamérica con destino a Estados Unidos han sido un problema de seguridad para México y Estados Unidos desde la década de 1980, cuando las guerras civiles centroamericanas desplazaron a miles de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Desde entonces, distintos organismos internacionales han trabajado en proyectos trasnacionales orientados a enfrentar el fenómeno. Como resultado se ha identificado que el Triángulo Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- es la principal región expulsora de migrantes, y las principales causas que motivan a los centroamericanos a migrar son la pobreza y la desigualdad (CEPAL, 2019).

Si bien la migración de Centroamérica a Estados Unidos ha existido por décadas, el fenómeno de las caravanas migratorias solo comenzó a visibilizarse en 2018. Estas caravanas constituyen una modalidad de organización desarrollada por los migrantes para protegerse de los peligros del viaje. No se conoce con exactitud qué detonó la creciente ola de caravanas migratorias en 2018; sin embargo, una de las hipótesis más sostenidas es que la política humanitaria ofrecida por Andrés Manuel cuando estaba en campaña alentó a las poblaciones vulnerables del Triángulo Norte a buscar mejores oportunidades en otro país (Ruiz, 2019). Bajo esta hipótesis, el triunfo del candidato morenista habría acelerado la formación de caravanas migratorias en la segunda mitad de 2018 y en 2019, como efectivamente ocurrió.

Sin embargo, la política migratoria humanitaria se trocó en su opuesto a causa de la presión estadounidense: en junio de 2019 México cerró su frontera sur y comenzó la persecución de migrantes centroamericanos. A partir de ese momento, el gobierno de AMLO se enfocó en la aplicación del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, cuyo objetivo es abatir la migración mediante el desarrollo económico del Triángulo Norte. De acuerdo con el Plan, México invertirá 100 millones de dólares anuales en Guatemala, El Salvador y Honduras para generar empleos en dichos países. Esta política no es nueva: es una reedición del Plan Puebla-Panamá aplicado durante el gobierno de Vicente Fox, y del Proyecto Mesoamérica lanzado bajo la administración de Felipe Calderón. La política migratoria actual de México para Centroamérica es la misma de los últimos tres presidentes.

Retomando la política priista para América Latina

La política exterior aplicada por el gobierno de Andrés Manuel para América Latina es diferente a la que aplicaron Fox, Calderón y Peña Nieto. Esos gobiernos respetaron estrictamente la agenda estadounidense para la región: por un lado, México condenó la “falta de libertades y el atropello de los derechos humanos” en Cuba, Venezuela y Bolivia, y por el otro se acercó a Colombia, Perú y Chile aliados de Estados Unidos con quienes conformó la Alianza del Pacífico. En el último sexenio, México destacó por su intensa participación en el Grupo de Lima para desconocer las elecciones venezolanas por considerar que el “régimen autoritario” de Nicolás Maduro no ofrecía las garantías necesarias para un ejercicio democrático auténtico.

El gobierno de AMLO asumió una posición diferente. En el caso venezolano, reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo, le retiró su apoyo a Juan Guaidó y dejó de participar en el Grupo de Lima. Por otro lado, México tuvo una intervención destacada en el caso de Bolivia: denunció el golpe de Estado de 2019, le dio asilo en el país al presidente Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera, y asiló a otros nueve funcionarios del gobierno de Evo en la embajada de México en La Paz; esto provocó una crisis diplomática que resultó en la expulsión de la embajadora de México en Bolivia.

Aunque esta política exterior hacia América Latina se presenta como un giro inédito, tiene sus antecedentes en la política exterior de Luis Echeverría y López Portillo. Durante ese par de gobiernos (1970-1982) México cortó relaciones con la dictadura de Pinochet en Chile, le dio asilo a cientos de perseguidos por las dictaduras latinoamericanas, estableció relaciones con la China comunista, votó en la ONU contra el bloqueo a Cuba y a nivel mundial se colocó al frente del bloque de Países no Alineados. Mientras el México de Echeverría y López Portillo se proyectaba al exterior como un país humanista y democrático, al interior mantenía un gobierno antidemocrático que criminalizaba a los movimientos sociales. Así, la política exterior de AMLO para América Latina retoma la política priista de los años setenta.

Perspectivas

El fortalecimiento de China como potencia global que amenaza la hegemonía norteamericana y el interés estadounidense por recuperar el crecimiento económico previo a la crisis de 2008, han llevado a Estados Unidos a modificar su política exterior para América Latina, región que considera su espacio geopolítico vital. El T-MEC forma parte de este cambio: por un lado, prohíbe que México estreche relaciones comerciales con China, y por el otro pretende que las empresas estadounidenses que producen en otros países retornen a Estados Unidos bajo el lema trumpista “Make America great again”. Esta política exterior estadounidense, sin embargo, vulnera los intereses del Estado mexicano, pues se ve obligado a aumentar su comercio con Estados Unidos mientras renuncia a diversificar su comercio internacional, lo que profundiza la dependencia de México con respecto a la economía norteamericana.

En lo que respecta a la política exterior de México, es poco probable que Andrés Manuel asuma una posición nacionalista en lo que resta de su gobierno. Esto, no solo porque el país está subordinado a la agenda de Estados Unidos, sino también porque los planes del gobierno actual no contemplan alcanzar una soberanía más sustancial. Para que los países sometidos por las potencias mundiales logren una independencia política verdadera es necesario que su población se involucre activamente en la conquista de su liberación, en su defensa y en su consolidación. Así lo prueban los casos latinoamericanos de Cuba y Venezuela, dos países que a pesar de tener economías y poblaciones muy inferiores a las de México han conseguido emanciparse de la dominación estadounidense. En contraste con estos casos, el gobierno de AMLO ha admitido la dependencia de México y cuida la buena marcha de esa relación, cuyo único beneficiario es Estados Unidos.

A dos años de gobierno, el discurso nacionalista de Andrés Manuel sigue sin reflejarse en políticas concretas. El nacionalismo obradorista funciona más como elemento de retórica electoral que como parte de un proyecto de nación. Mientras la iconografía oficial se apoya en referentes patrióticos que inflaman el nacionalismo, en los hechos el gobierno de AMLO profundiza la lógica de subordinación y dependencia que ha caracterizado la historia contemporánea de México. Es esperable que la política exterior de México durante la “Cuarta Transformación” siga respondiendo a los intereses geopolíticos de Estados Unidos.


Este es un apartado de “Dos años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador: resultados y perspectivas”, documento elaborado por el CEMEES para analizar al gobierno actual.

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