Por Tania Rojas y Jesús Lara
Septiembre 2020

El presidente de México, AMLO, ha hecho mención reiterada del neoliberalismo, modelo económico al que atribuye todos los males de México. La pobreza, inseguridad, violencia y desigualdad son resultado del neoliberalismo, más aún, de los gobiernos que lo impulsaron. Simultáneamente, afirma que la corrupción ha sido el principal problema de México, fuente de todos los males mencionados previamente. Entonces, para él, ¿es la corrupción o el neoliberalismo el principal problema de México? La respuesta es que, de acuerdo con el discurso presidencial, ambos son la misma cosa. Para el presidente, el neoliberalismo es un periodo de corrupción generalizada en el gobierno, de colaboración permanente del poder político y el económico para apropiarse de recursos públicos.

Pero esta definición es incorrecta, y despoja a la categoría de neoliberalismo de su utilidad para explicar aspectos de la realidad social actual. Si se iguala al neoliberalismo con corrupción estatal y colaboración público-privada para apropiarse ilegalmente de recursos, tendríamos que concluir que vivimos en el neoliberalismo desde el surgimiento del estado moderno hasta la fecha, en México y en todo el mundo. Se puede documentar que, en diferente grado y forma, este tipo de actividades han estado presentes en toda la historia del capitalismo. Así, el neoliberalismo, como periodo histórico determinado en la historia del capitalismo, pierde todo contenido.

Una definición más precisa de neoliberalismo lo señala como la forma insti – tucional que adopta el modo de producción capitalista a mediados de los años 70 del siglo pasado, así como el conjunto de ideas que le dieron origen y lo sustentan (Kotz, 2015). El neoliberalismo solo se puede entender correctamente en contraposición a la forma de capitalismo que le precedió, a la que algunos denominan “capitalismo regulado”, que duró de mediados de los 40 a finales de los 70 del siglo pasado. A su vez, esta forma de organización capitalista se originó de la crisis mundial de 1929, que sirvió de comprobación empírica de que el capitalismo, dejado a las libres fuerzas del mercado, ge – neraba desempleo, desequilibrios y crisis.

Las características centrales del capitalismo regulado en los países desarro – llados fueron: 1) la existencia de un estado de bienestar, cuyos elementos centrales eran la provisión de seguridad social y seguro de desempleo; 2) con respecto a la relación capital/trabajo, se reconocía la desigualdad de las partes en la negociación por lo que había negociación colectiva del salario en la que los sindicatos tenían un papel central; y 3) el Estado tenía un rol económico importante, entre otras cosas, limitando el flujo de mercancías y capitales, administrando directamente algunos sectores económicos estratégicos y, en algunos casos, realizando una “planificación indicativa” de la economía, emulando a los países del campo socialista.

En México, así como en casi todos los países de América Latina, el capitalismo regulado se tradujo en estrategias de desarrollo que buscaban romper con el rol que jugaban en la división internacional del trabajo como exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados, situación que desfavorecía el crecimiento económico por varios mecanismos. La respuesta fue un modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, o como otros lo denominan, de Industrialización Dirigida por el Estado (Bertola y Ocampo, 2012), en donde se buscó desarrollar una industria nacional propia, protegiéndola de la competencia exterior a través de aranceles, cuotas y otros mecanismos.

El neoliberalismo surge y se impone en oposición a este modelo de capitalismo regulado. Una primera definición, simple pero informativa, es que el neoliberalismo es el capitalismo de libre mercado. La actividad económica se deja en manos de la empresa privada y se eliminan las restricciones al libre cambio de mercancías (incluida la fuerza de trabajo) y capitales. Bajo condiciones de competencia —ningún agente es capaz de manipular los precios— y la estabilidad macroeconómica, este marco generaría aumentos permanentes en la productividad y de la actividad económica. La competencia incentivaría el cambio técnico y la innovación, mientras que la estabilidad macroeconómica daría certidumbre y permitiría tomar decisiones de inversión a largo plazo.

Resumiendo: libre circulación de mercancías y capitales, y la limitación del Estado a proteger los derechos de propiedad y garantizar la competencia y la estabilidad macroeconómica, son las características esenciales del neoliberalismo. Con la administración de Andrés Manuel estas características permanecen intactas y en varios aspectos se han profundizado.

El modelo económico neoliberal en México

La introducción del modelo neoliberal en México coincide con la crisis del modelo keynesiano, basado en el estímulo permanente de la demanda agregada. La adopción de políticas keynesianas en los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) condujo al país a la crisis de la deuda de 1982. Ante la ingente necesidad de recursos para salir de esta crisis, el FMI vio la oportunidad de implementar las reformas estructurales de libre mercado mediante el condicionamiento de la ayuda financiera. Estas reformas consistían en reducción de aranceles y cuotas, desregulación financiera, supresión de los controles de capitales, privatización de empresas y activos públicos (que son vistos como monopolios ineficientes), disciplina fiscal, y debilitamiento de la capacidad de negociación salarial de la clase obrera. Los años ochenta constituyen el inicio de la puesta en marcha de estas reformas, modificando por completo el rol del Estado en la promoción del crecimiento económico y cediendo el paso a la empresa privada y a las fuerzas del mercado.

Confirmación de este viraje es la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) en 1986, la privatización de la banca en 1990, el fin de la reforma agraria en 1992, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y la reforma que dio autonomía al Banco de México (1994), con la cual el gobierno dejó de tener voz y voto en la política monetaria. Estos cambios trajeron consigo un incremento sustancioso de las exportaciones, el auge de la maquila y la llegada de la industria automotriz, lo que terminó por condicionar el crecimiento económico de México a la inversión extranjera y a la demanda de nuestros productos en suelo norteamericano. Las políticas neoliberales han traído estancamiento económico, la consolidación de la dependencia económica hacia Estados Unidos, la quiebra de pequeños campesinos y empresas incapaces de competir con los productos extranjeros baratos, el aumento de la migración a EEUU (mitigada sólo a raíz de la crisis de 2008) y la precarización del mercado de trabajo. Además, aumentaron el desempleo (en cualquiera de sus formas) y el empleo informal, así como la pobreza y la desigualdad. ¿Qué fue lo que falló? El proceso de liberalización no estaba completo, dijeron sus defensores. Por tanto, había que implementar una nueva ola de reformas para ahora sí detonar el crecimiento económico. Así se hizo.

Esta segunda ola de reformas tuvo como objetivo ampliar y profundizar el rango de acción de las fuerzas del mercado en la esfera del factor trabajo y en los sectores financiero, de energía y telecomunicaciones. La reforma laboral de 2012 flexibilizó la contratación y despido de los trabajadores con la legalización de la subcontratación laboral. Por otro lado, las reformas al sector financiero, de competencia, telecomunicaciones y energía de 2014 buscaban aumentar la competencia y la inversión privada en estos sectores. En fin, la política económica en los últimos cuarenta años ha estado encaminada a profundizar la liberalización comercial y financiera, la competencia, la estabilidad macroeconómica, la protección de los derechos de propiedad y la flexibilización del mercado de trabajo. Por este mismo camino, como demotraremos más adelante, transita la “Cuarta Transformación”

Globalización y dependencia económica

El rostro internacional del neoliberalismo es la globalización. La globalización es la libre circulación de mercancías, servicios y capitales a escala global sin ningún tipo de obstáculo nacional. De acuerdo con los teóricos del sistema, la globalización es el mejor mecanismo para nivelar el progreso tecnológico, económico y social de las naciones rezagadas con las del llamado primer mundo. La lógica de este argumento está en que una vez que todas las naciones entran al juego de la competencia, los países más atrasados se ven obligados a perfeccionar sus métodos de trabajo, su organización interna y su tecnología, y a especializarse en lo que son mejores en términos relativos. Todo esto bajo el supuesto de que se compite en igualdad de condiciones y derechos.

La división de los procesos de producción en diferentes etapas alcanza escala planetaria. Estamos hablando del surgimiento de las cadenas globales de valor (CGVs) que hacen partícipes de la manufactura de un bien a prácticamente todos los países. Las grandes empresas con sede en los países ricos (la empresa matriz) subcontratan procesos industriales en países subdesarrollados o invierten directamente en ellos aprovechando el diferencial salarial y regulaciones más laxas del Estado. Es decir, la empresa matriz, dueña del diseño y la tecnología de sus productos, deja la producción de los diversos componentes del producto con especificaciones exactas en manos de empresas localizadas en otros países. Sin embargo, las partes del proceso que capturan más valor no es la manufactura, sino la I+D, diseño, logística, marketing y comercialización. Las empresas matrices controlan y tienen el monopolio intelectual sobre estos procesos, lo que les permite retener la mayor parte del valor.

Subcontratar los procesos de producción conlleva el riesgo para la empresa matriz de que las unidades productivas subcontratadas (Fabricantes de Equipo Original, OEM 1 por sus siglas en inglés) se apropien de la tecnología y que, en determinado momento, sean la competencia de las empresas matrices. Pero una vez que los derechos de propiedad intelectual (DPI) están fuertemente protegidos, aumentan los incentivos de las empresas matrices para subcontratar sus procesos de producción. Las empresas subcontratadas generalmente se localizan en los países subdesarrollados, como México.

Una vez que México cumplió las condiciones requeridas para insertarse en las CGVs, vino la inversión extranjera con sus plantas ensambladoras y maquilas. Pero este tipo de unidades productivas presenta varios problemas. El primero es que las unidades insertas en las CGVs están muy poco vinculadas con los sistemas de producción locales por lo que las importaciones de insumos intermedios tienen un peso importante en su producción. La expansión de su producción se traduce en una muy baja generación de empleos. Una economía nacional que base en este tipo de unidades su producción industrial corre el riesgo de caer en la trampa de la maquila, es decir, en especializarse en los procesos de la cadena donde se captura menos valor, y quedar subordinada permanentemente a las empresas matrices. A diferencia de los mercados de bienes finales, en los que unas pocas empresas se distribuyen el mercado (Apple y Microsoft en electrónicos, o los gigantes de la industria automotriz), los OEM y las maquilas se hallan bajo una competencia intensa con empresas de todo el mundo. Esto las obliga a disminuir costos permanentemente, bajo el riesgo de que las sustituyan por otra.

En México, este riesgo se ha resuelto mediante la permanente depresión de los salarios reales. Por otro lado, el insuficiente ahorro nacional sólo se complementa con la inversión extranjera, y para conseguirla, el país ha otorgado todo tipo de facilidades laborales, fiscales y ambientales, que han hecho de la nación suelo fértil para la obtención de mayores tasas de ganancia. Así, el crecimiento económico de México es dependiente del flujo de capital extranjero (en términos de deuda e inversión). El actual gobierno, lejos de tomar medidas encaminadas a contrarrestar esta dependencia, la esconde y la profundiza.

Sin crecimiento económico no hay bienestar

Los problemas más profundos de nuestra economía son el desempleo, la pobre – za y la desigualdad. Para combatirlos se requiere de una estrategia bien definida de crecimiento económico. Cierto es que el crecimiento por sí mismo no produce bienestar, pero es una condición para este; por lo que ocuparse del bienestar de la población implica ocuparse del crecimiento económico. Es un error de la “Cuarta Transformación” pretender resolver lo primero desdeñando lo segundo.

Desde 1982 el país ha sufrido una desaceleración económica; la tasa de crecimiento promedio anual entre 1982 y 2019 es de 2.17%. Una de las causas del bajo crecimiento es haberle conferido al sector externo el papel de promotor principal del crecimiento económico dejando de lado las necesidades del mercado interno y su potencial para impulsar un crecimiento más acorde con las características de la economía nacional. La otra, es la baja acumulación de capital físico resultado de la baja inversión productiva (Ros, 2008). De 1993 a 2019, la inversión total representó en promedio anual el 21.1% del PIB, por debajo de la proporción que se considera la mínima suficiente (24%) para generar el crecimiento y empleo necesarios del país (Moreno y Ros, 2015) 2 . La inversión pública, a su vez, es el componente que menos ha contribuido a la inversión total; para 2010, el gasto público en inversión fue 5.1% del PIB, pero en 2019 descendió a 3.1%. De este monto total, menos de la mitad (48%) se destinó directamente a infraestructura (CIEP, 2020).

El resultado de no asistir a las exigencias del mercado interno, así como de las bajas tasas de inversión, es una estructura productiva polarizada. Por un lado, un sector exportador dinámico y altamente tecnificado, incrustado en las CGVs. Del otro, millones de micro y pequeñas empresas 3 (98.9% del total de unidades económicas) con muy baja acumulación de capital, pero que concentran más de la mitad del empleo. El contraste entre estos dos segmentos es tal, que el 54.7% del valor agregado recae en solo el 0.22% de las unidades económicas, que corresponde al porcentaje de las grandes empresas. Esta polarización de la estructura productiva tiene como contracara la polarización del mercado laboral. Las micro y pequeñas empresas tienen mucho peso en la ocupación, baja productividad laboral y retribuyen ingresos y salarios muy bajos. Las empresas en las que recae el crecimiento, el 0.22% ya mencionado, paga nueve veces mejor que los micronegocios; las remuneraciones en estas últimas equivalen al 57.3% del promedio nacional. Además, los micro y pequeños negocios están fuertemente ligadas al sector informal, falso muro de contención al problema del desempleo en México (IDIC, 2020). Este esquema reproduce y amplifica los canales que conducen a la precariedad laboral y a su resultado final, la pobreza. Renovar el sistema productivo nacional es un imperativo para lograr el crecimiento económico y el bienestar.

El crecimiento económico logrado no alcanza para generar los empleos necesarios, ni para quienes se incorporan año con año al mercado de trabajo, ni para los que ya estaban ahí desempleados. Este déficit de puestos de trabajo ha contribuido al subempleo, la baja participación laboral y la informalidad (con tasas de 7.5, 60.3% y 56.5% respectivamente, en 2019), plagas del actual mercado laboral mexicano. La informalidad, a la vez que es consecuencia del lento crecimiento, supone un lastre adicional, en términos de productividad, para el despunte de la economía; es, por otro lado, la principal fuente de empleos, aunque mayoritariamente precarios. Este sector produce el 3.04% del valor agregado con solo el 2.5% de los activos físicos del país, lo que nos permite darnos una idea de la escasa productividad laboral asociada a este campo laboral, así como la brecha salarial con el sector formal de la economía: el producto por trabajador en el sector formal es 9.6 veces mayor al de la informalidad; las remuneraciones totales son 44.7 veces superiores (IDIC, 2020).

Mayor inversión pública y privada, la renovación de la estructura productiva y una estrategia para crear empleos formales en suficiencia son objetivos que urgen el diseño e implementación de una política industrial encaminada a la expansión de los sectores y las empresas más productivas. Sólo un verdadero impulso al desarrollo científico del país, que revolucione la técnica productiva y rompa la dependencia tecnológica, y el fortalecimiento del ahorro nacional, que rompa la dependencia financiera hacia el extranjero, nos pondrán en la posibilidad real de apuntalar un fuerte desarrollo económico nacional.

Ciencia, tecnología e innovación: la clave del crecimiento

México pertenece al conjunto de países que se encuentran en “la trampa del ingreso medio”. Estos son los países cuyo ingreso por habitante es superior al de los países pobres, pero han sido incapaces de mantener tasas de crecimiento económico que los hagan pasar al pequeño club de los países ricos. La causa principal de este estancamiento prolongado es que en esos países los salarios no son lo suficientemente bajos para competir con procesos productivos intensivos en mano de obra, pero tampoco cuentan con un nivel científico y tecnológico suficiente para competir en este terreno. Se hallan estancados en el medio.

Es cierto que México, debido a sus salarios excepcionalmente bajos y su cercanía geográfica a Estados Unidos, durante un tiempo pudo atraer considerables cantidades de inversión extranjera directa (IED) para la manufactura. Pero la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el surgimiento de otros países maquiladores en Asia (como Pakistán, Bangladesh o Vietnam) con salarios más bajos, hicieron que esta estrategia —que por sí sola nunca dio los resultados esperados— sea totalmente obsoleta. Por lo tanto, cualquier estrategia cuyo objetivo sea elevar el ingreso por habitante, necesita elevar la productividad del trabajo. El mecanismo para lograrlo es acelerar el desarrollo científico y tecnológico aplicado a la producción. Esto, a su vez, requiere de un aumento sustancial de la inversión privada en actividades de I+D que les permitan, en primer lugar, imitar la tecnología existente para, luego, innovar.

En el caso de México, la productividad ha evolucionado a un ritmo mediocre en los últimos años. Cuando se desagrega el análisis, observamos que la productividad ha crecido de manera importante en las empresas más grandes, en los sectores de equipo de transporte y electrónicos, principalmente. No obstante, estos sectores no generan empleos suficientes para absorber a toda la fuerza laboral. El reto es, pues, cerrar la brecha entre los dos segmentos de la economía mexicana, lo que supone hacer crecer el número de empresas medianas y grandes, competitivas e innovadoras.

La importancia de la tecnología e innovación para el desarrollo en México debe entenderse en el contexto de la permanente expansión de las CGVs. Acelerar el desarrollo tecnológico es crucial para que México conserve y ex panda, en un primer momento, su base industrial inserta en las CGVs que, como se indicó antes, es la más dinámica en términos de productividad, valor agregado y generación de empleos directos e indirectos. La simple expansión de esta base, es decir, incluso sin aumentos de productividad, traería beneficios porque reasignaría una parte de la fuerza laboral, que se halla en actividades con muy baja productividad (pequeño comercio, informalidad, etc.), a otras de productividad alta. Sin embargo, esto sería por sí mismo insuficiente para salir de la trampa del ingreso medio.

Para salir de ella es necesario que el aparato productivo nacional sea capaz de realizar las etapas de I+D, diseño y logística, que realizan unas pocas empresas en el mundo. En términos de la base productiva existente, el reto es que los OEM y empresas maquiladoras en sectores clave puedan desarrollarse como productores independientes, capaces de realizar las etapas de diseño del producto y de investigación y desarrollo para introducir innovaciones, lo que les permitiría capturar una porción mayor del valor agregado. El último paso, convertirse en OBM, supone que las empresas dominan todos los aspectos del proceso de producción y circulación y son capaces de introducir innovaciones sustanciales que les permitan posicionarse en el mercado mundial.

Esto no es sencillo, la mayoría de los países maquiladores ha fracasado al intentar realizar tareas de I+D y diseño para convertir a sus empresas en productores independientes competitivos a nivel mundial. Los DPI son una de las principales barreras, pues son las herramientas con que cuentan las empresas matrices para bloquear la entrada de nuevos competidores. Sin embargo, países como Corea del Sur, Taiwán y China lo han logrado y la clave ha sido el desarrollo científico y tecnológico proveído por sus gobiernos nacionales a través de los sistemas de innovación, que son “los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y uso de conocimiento económicamente útil” (Lee, 2019). Estos sistemas crean las condiciones para poder absorber la tecnología de las empresas matrices y desarrollar innovaciones propias. Esto supone no sólo la formación de científicos, sino la creación de centros de investigación público-privados enfocados a absorber y desarrollar la tecnología al ritmo de la evolución del mercado. Lee y Mattews (2011) muestran que estos esfuerzos de política industrial fueron clave para el desarrollo de Samsung y Hyundai en Corea del Sur y para la producción de electrónicos como laptops y calculadoras en Taiwán, que son los sectores y empresas que arrastran al resto de la economía.

El desarrollo tecnológico nacional no es necesario solo para elevar el ingreso por habitante. A todos estos elementos hay que agregar que la dependencia en el siglo XXI es, en gran medida, un tema de tecnología, que se produce fundamentalmente en los países imperialistas. Sin ella no se puede producir, y su adquisición supone transferencia de recursos en forma de licencias y regalías (lo que agudiza la restricción externa), además de que solo se suele permitir el uso de tecnología de segunda mano, obsoleta para fines competitivos. Un desarrollo científico y tecnológico nacional vigoroso es en gran medida una condición necesaria para, posteriormente, realizar transformaciones más profundas en la estructura económica y social de México hacia la conquista de la verdadera justicia social. En conclusión: si el desarrollo científico y tecnológico en México se ralentiza o detiene, la consecuencia será no solo el estancamiento económico, sino muy probablemente el deterioro de la capacidad industrial y su pérdida de competitividad. El riesgo de la “desindustrialización prematura” se puede convertir en realidad, lo que sería fatal para el desarrollo de México en el largo plazo. Aquí, como en otros aspectos, la “Cuarta Transformación” no tiene un plan de acción.


Este es un apartado de “Dos años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador: resultados y perspectivas”, documento elaborado por el CEMEES para analizar al gobierno actual.

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