Por Ollin Vázquez
Septiembre 2020

El 30 de julio, INEGI publicó las estimaciones de la evolución de la actividad económica durante el segundo trimestre de 2020. Los datos muestran que la economía tuvo una contracción real de 18.9% respecto al mismo trimestre de 2019, mismo que ya había retrocedido en términos reales en 0.2% respecto al segundo trimestre de 2018. En el primer año de la 4T, el PIB se contrajo en 0.1% y 10.2% en lo que va de 2020.

Las consecuencias del retroceso económico son ya bien conocidas, empezando por la pérdida y nula creación de empleos que puedan absorber a quienes se van integrando al mercado laboral. Al perder o no encontrar empleo, la población busca sus medios de vida en el sector informal, es decir, aumentan solo los empleos de remuneraciones bajas y sin prestaciones; y otro sector queda desempleado. Al dejar a los trabajadores mexicanos sin la posibilidad de obtener los ingresos suficientes para mantener a sus familias, aumenta la pobreza de todo tipo, se deprime el consumo y aumenta la inseguridad. Todos estos problemas comprometen las inversiones futuras; habrá inversionistas que se arriesguen por los bajos salarios que la población mexicana estará dispuesta a aceptar, pero, en general, el aumento de la delincuencia y la desestabilización de la paz social por el descontento de la población ahuyentarán las inversiones, y el crecimiento económico será aún menor si no se toman las medidas necesarias para evitar que México caiga en ese círculo vicioso.

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La caída del PIB podría atribuirse únicamente al paro de la actividad causado por la pandemia. Sin embargo, el presidente y su gabinete, por ignorancia o terquedad, hicieron mucho para que la economía no creciera durante sus primeros dos años de gobierno. Recordemos, por ejemplo, cuando en abril de 2019 comenzaron a bajar los pronósticos de crecimiento, y en vez de utilizar las herramientas existentes para frenar la caída de la actividad económica, el presidente prefirió descalificar a los organismos internacionales, como el FMI y la CEPAL, e incluso dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había hecho esas proyecciones “conservadoras y prudentes” para no contradecir al Banco de México. Contrario a lo que haría cualquier mandatario responsable con el destino de su pueblo, Andrés Manuel mantuvo la “austeridad republicana” y, con ella, el subejercicio del gasto público; la política económica no trascendió de las conferencias mañaneras y alimentó la incertidumbre con su discurso contradictorio y golpeador, ahuyentando a los inversionistas. Hay quienes dicen que buscó reactivar la economía dando transferencias monetarias para aumentar el consumo; sin embargo, se ha comprobado que si no se realizan políticas complementarias, esta medida no tiene repercusiones positivas en el crecimiento económico.

Es asombroso que, a pesar de una caída de casi el 20% del PIB, al presidente le tenga sin cuidado la contracción de la economía; él tiene “otros datos” sobre desarrollo y bienestar, a pesar de que 62 millones de personas no tienen los recursos suficientes para adquirir la canasta básica. El problema de no dimensionar la grave situación que está viviendo México es que no se tomarán las medidas necesarias para revertir la contracción económica. Esto ya se ve reflejado en los Pre-criterios Generales de Política Económica 2021 que emitió la SHCP, donde no se vislumbra que los ingresos tributarios vayan a aumentar -no se planea tocar las fortunas de quienes más tienen y menos han sufrido la pandemia-, y el gasto neto es menor al presupuesto del ejercicio anterior. Si no se diseña una nueva política económica que impulse el empleo e incentive las inversiones, que aumente la recaudación fiscal y promueva la creación de un clima de concordia social eliminando la confrontación política, la crisis se agudizará.


Ollin Vázquez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales

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