| Por Samira Sánchez

El sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades en el país, implementado por el gobierno de México, se puso en marcha desde el primero de junio. En este marco se ubica el reinicio progresivo de las actividades en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), que empezó, oficialmente, el 15 de junio. Este incierto inicio de actividades pone de relieve varios problemas antes ocultos por la cotidianidad. Entre ellos está el de la movilidad, problema que resiente, sobre todo, la población que efectúa su traslado en transporte público, ya sea metro, metrobús o microbús.

Una de las causas por las que la movilidad se vuelve un problema es la forma en que se encuentra distribuida el área metropolitana: por un lado los empleos y por otro la fuerza laboral. El proceso de urbanización en los países pobres se caracterizó por una expansión que provocó que la población trabajadora se ubicara en la periferia, lejos de los puestos de trabajo, de los servicios urbanos y de la infraestructura. Además, la continua expansión urbana ha provocado la aparición de nuevos asentamientos de población en la periferia, que casi siempre van acompañados de pobreza y escasa infraestructura para los servicios urbanos.

La consecuencia más importante en términos económicos es la separación entre la oferta y la demanda de empleo, es decir, la distancia entre los lugares donde residen los trabajadores y los lugares en los que se concentran los empleos.

En el caso de la ZMCM, mientras los empleos se concentran en las alcaldías centrales de la Ciudad de México, la fuerza de trabajo se traslada desde otros municipios conurbados del Estado de México, e, incluso, desde Tizayuca, Hidalgo. En este contexto, el transporte urbano toma particular importancia porque implica la movilidad de la población y de la fuerza de trabajo.

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Es gracias al sistema de transporte que se puede tener acceso al mercado de trabajo de la Ciudad de México; sin embargo, una oferta de transporte insuficiente, en malas condiciones, además del congestionamiento de la ciudad, trae a la población más tragedias que oportunidades. Entre los problemas más frecuentes cuando se habla del transporte público están la inseguridad, la insatisfacción con el servicio, los diferentes tipos de contaminaciones (ambiental, acústica, entre otros) y su falta de capacidad. 

Este último problema, el de la capacidad, cobra relevancia en el reinicio de actividades llamado “nueva normalidad”, en un contexto en el que los contagios no han cesado. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que la mejor estrategia para contener la propagación del virus —en tanto que se investiga y se desarrolla la vacuna para el Covid-19— es mantener la distancia entre las personas. Sin embargo, para transportar al mayor número de gente, el transporte público sigue funcionando bajo un esquema de seis a ocho pasajeros por metro cuadrado, sin importar el hacinamiento al que se vean sometidos.

El transporte público no está preparado para cuidar a la población que tiene que salir a trabajar al declararse oficial el reinicio de actividades, e implica un temor más que la gente deberá asumir como costo por vivir tan alejados de sus empleos. Lo que ocurre hoy en la ZMCM es solo una muestra de la irresponsabilidad de las autoridades mexicanas al emprender el reinicio de actividades y la “nueva normalidad”.

Ahora los trabajadores tienen que enfrentar directamente una peligrosa pandemia que no ha sido vencida y que las autoridades parecen ignorar, a pesar de que las cifras de contagios y decesos siguen aumentando de forma estrepitosa. La pandemia urge a las autoridades a mejorar la infraestructura del transporte público y a disminuir la desigualdad en la distribución territorial del empleo, de modo que la población de la periferia de la ZMCM pueda emplearse cerca de su lugar de residencia.


Samira Sánchez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

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