| Por Ollin Vázquez

El 1 de junio, el INEGI dio a conocer los resultados obtenidos a partir de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del primer trimestre de 2020, cuyas estimaciones se refieren a la situación del empleo durante la pandemia. Entre los datos obtenidos por la ETOE[1], conviene destacar lo siguiente: el número de desempleados incrementó a 2.1 millones de personas; cerca de 20 millones número de trabajadores no tienen empleo ni esperanzas de encontrarlo; el 21.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) abandonó su trabajo sin garantía de recuperarlo una vez pasada la pandemia; 11 millones de personas se encuentran subempleadas, con bajos ingresos y jornadas de trabajo irregulares o incompletas, por lo que necesitan trabajar más para sostener a su familia; y, finalmente,  31.3 millones de personas se encuentran laborando en el sector informal, es decir, carecen de seguridad social, afiliación sindical, derecho a una pensión, etc. Si hacemos acopio de todos los datos mencionados, tenemos que cerca de 64.4 millones de personas en México padecen todas las carencias derivadas de la falta de un salario remunerador para poder reponer íntegramente la fuerza de trabajo.

Esta situación que pareciera surgir con el coronavirus y ser fruto del paro en la producción, no es más que la expresión de un problema estructural que vino a exacerbarse y evidenciarse con la actual coyuntura sanitaria. El problema del empleo no ha sido tomado suficientemente en cuenta en las agendas de los diferentes gobiernos que ha tenido México, a pesar de que el trabajo es la principal fuente de ingresos de los individuos bajo el actual modo de producción, bajo el capitalismo. La poca importancia que se le ha dado a este problema, ha llevado a los gobiernos a conformarse con supuestas bajas tasas de desempleo, cuyos valores oscilan entre el 4% y el 5.3%, cuando, en realidad, más de la mitad de la población mexicana se encuentra ocupada en el sector informal, subocupada o sin esperanzas de encontrar trabajo. Estos sectores, que suman cerca de 64.4 millones de personas, no tienen contratos reales con sus empleadores, sus salarios pueden estar por debajo del mínimo que estipula la ley, no cuentan con prestaciones ni seguridad social y mucho menos hacen uso de su derecho de pertenecer a un sindicato para exigir mejores condiciones de trabajo.

El actuar del gobierno actual, tampoco se ha planteado una agenda que priorice la creación de empleos de alta productividad, que permita elevar los salarios y disminuya las brechas estructurales que se tienen con el mundo e incluso entre los mismos estados del país; por el contrario, la política económica actual hizo énfasis en los megaproyectos que propician la creación de empleos temporales (como la construcción), y de bajo valor agregado (como el turismo); además, otro pilar de la política económica actual son las transferencias monetarias directas, que a la larga vuelven a la población manipulable y dependiente del gobierno, condenándola a no trabajar ni a tener la posibilidad de aumentar sus ingresos. El salario aumentó por decreto, dando cabida a que los empresarios transfirieran esos costos al consumo de los trabajadores; así, el gobierno ganó la confianza de varios sectores de la población sin garantizar un incremento concreto del salario real. A la educación y a la investigación se les redujo el presupuesto, cuando está bien documentado que la inversión en investigación y desarrollo es necesaria para elevarnos de nivel en las cadenas productivas, donde actualmente solo somos ensambladores de autopartes, sin generar alto valor agregado.

El problema del empleo solo podrá resolverse cuando el partido en el poder conozca la situación económica real de México y esté dispuesto a velar por los intereses de los trabajadores, y no a comprarlos para las elecciones futuras con programas de transferencias monetarias directas, los cuales han demostrado su ineficacia para sacar de la pobreza a la gente. Esto no va a suceder porque el presidente ya demostró que su agenda económica es inmodificable. Es hora de que los trabajadores mexicanos se unan y exijan mejores condiciones de trabajo; solo entonces se resolverá el problema de los bajos salarios y de la baja productividad, privilegiando estas mejoras por encima del asistencialismo electoral.


Ollin Vázquez es economista por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales

[1] https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/etoe/doc/presentacion_resultados.pdf

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