Mayo 2020
La unión que el gobierno de López Obrador tiene con Ricardo Salinas Pliego tomó por sorpresa a unos cuantos crédulos; sin embargo, no se les puede culpar sin miramientos, sobre todo si se tiene presente una de las banderas que el actual presidente ondeó durante el periodo de campaña: “Acabaremos con la unión entre el poder económico y el poder político”.
¿Dónde residió la credulidad de quienes confiaron en que López Obrador cumpliría esta promesa? En creer que el poder político y el poder económico están unidos solo por el capricho de los poderosos y, por tanto, basta con que alguno de ellos -en este caso el presidente de la república- se decida a terminar con esta simbiosis.
Sin embargo, la situación no es tan sencilla y no se puede resolver si se revisan exclusivamente los basamentos jurídicos y políticos de nuestro sistema político. Los cargos de elección popular del aparato estatal mexicano se fundan en un sistema democrático representativo, lo que significa que los ganadores de las contiendas electorales representan la voluntad de la mayoría de los votantes en el cargo que desempeñan; por ejemplo, los diputados son los representantes del distrito que los votó en la Cámara de Diputados y, por tanto, su prioridad debe ser solucionar las demandas más sentidas por la gente de su distrito, no solo las de quienes pertenecen a su partido político y votaron por él.
Es necesario abrir un paréntesis en la exposición para mencionar que, por esta misma razón, el poder legislativo, en sus dos ramas, no debe adquirir una posición servil ante el presidente; su función no es respaldar y aprobar ciegamente las propuestas que el ejecutivo presenta a las Cámaras, sino analizar si estas benefician o no a su distrito y votar de acuerdo con esto. Actuar de otra manera significaría violar los principios de la democracia representativa y la división de poderes para abrir las puertas a una dictadura moderna. Sigamos.
López Obrador acertó al notar que ganaría el apoyo de una parte de la población si prometía la separación entre el poder económico y el poder político, pues para estas personas una promesa en este sentido significaba que, finalmente, el gobierno respondería primero a las necesidades de los pobres, cambiando la dinámica de atender en primer lugar las demandas que las grandes empresas tenían. Empero, esto no sucedería en automático y la promesa de lograrlo no garantizaría su realización. En este punto, la teoría de la representatividad se vuelve insuficiente, pues si el problema estuviera solamente en el acuerdo popular o no con x estado de cosas, entonces, al contar con el respaldo en este punto, el presidente podría lograr que el poder político actuara con independencia del poder económico, algo que hasta ahora no ha sucedido.
Entonces, ¿hay alguna otra perspectiva que nos permita analizar este fenómeno con más profundidad? Sí, la marxista.
El método que esta teoría utiliza para estudiar la relación entre el poder económico y el poder político implica un análisis de las bases sociales, comenzando por las condiciones sine qua non de la existencia social del humano. En La ideología alemana, Marx menciona que la primera cuestión a resolver por cualquier humano es asegurar los medios materiales de existencia, propios y sociales. Debe garantizar, en primer lugar, comida, techo y demás satisfactores para su existencia material; en segundo término, la continuidad de la especie.
Al conjunto de relaciones que los seres humanos establecen para producir y reproducir sus necesidades y satisfactores se le conoce como estructura económica. Desde la postura marxista, esta base social puede tomar diversas formas que responderán al grado de desarrollo histórico alcanzado por la sociedad en cuestión. La sociedad no es solamente la estructura económica que la sustenta, también es su cultura, aparato estatal, sistema jurídico, sistema educativo, etcétera, que la diferencian de las otras sociedades. El conjunto de estas instituciones que posibilitan el funcionamiento y la continuidad de la sociedad en su conjunto es denominado superestructura.
El marxismo sostiene que hay una relación intrínseca entre la estructura y la superestructura. Sin un aparato económico que garantice la continuidad material de la comunidad no pueden existir las creaciones sociales ya mencionadas, pero estas últimas también son indispensables para asegurar la prolongación de la organización social en cuestión. Por esto no es posible una sociedad en la que estructura y superestructura estén disociadas.
Como se mencionó, una forma de organización social no es eterna, por tanto, las formas concretas que tome la relación estructura-superestructura dependerán del momento histórico y de la sociedad concreta de que se hable, por tanto, aunque estas dos partes sean transversales a todas las comunidades, nunca lo serán del mismo modo, haciendo que el análisis que se deba hacer sobre alguna sociedad tenga en cuenta las condiciones concretas de la misma.
La sociedad mexicana organiza la producción de los elementos necesarios para su subsistencia según el modelo capitalista, lo que significa que los medios de producción son propiedad privada de una parte limitada de la población, mientras que la mayoría solo cuenta con la venta de su fuerza de trabajo para subsistir. Según lo dicho renglones arriba, esta organización de la producción determinará, en último término, los demás elementos que conforman el aparato social, al tiempo que estos posibilitarán la continuidad de esa organización en la producción. Por tanto, el aparato estatal -que forma parte de los elementos superestructurales- está regido por la organización económica de la sociedad.
Desde el análisis marxista de la sociedad, el Estado no es quien lleva la pauta del desarrollo social, este papel lo juega la economía, es esta la encargada de resolver las necesidades materiales que todo ser humano tiene para continuar con su existencia. El papel principal del Estado, que no el único, es contribuir al fortalecimiento económico de los capitales, asegurando que los intereses de estos no se vean afectados por cualquier situación en la que el Estado pueda intervenir; además de que, en la medida de sus posibilidades, el aparato estatal contribuirá al desarrollo de los capitales aliados. Este papel del Estado no es eterno y, si se dan las circunstancias necesarias, puede contribuir a un cambio de rumbo en la organización económica y social.
Teniendo todo esto en cuenta, se puede explicar con mayor facilidad por qué la promesa de separar al poder político del económico -sin cambiar las circunstancias materiales que determinan esa relación- no es más que demagogia. Y las acciones que el presidente ha tomado para con un sector de la clase pudiente, que tanto criticó en su campaña, evidencian que esta última, la demagogia, era la base de sus promesas.
Véanse dos ejemplos de esto último. Tras la cuarentena implementada por el COVID-19, el presidente creyó conveniente mostrar un listado de empresas que no estaban cumpliendo con el cierre de sus instalaciones al ser actividades “no esenciales”. Dentro de este grupo se encontraban algunos negocios que compiten directamente con Grupo Salinas, como Coppel; sin embargo, los negocios del primero (como Elektra) no aparecían como infractores de la regla. Inmediatamente la opinión pública exigió una explicación a esta situación, segura de que la ausencia de Elektra en el listado se debía al respaldo político del presidente, confirmado porque de entre los bancos con mayor infraestructura y experiencia, se eligió a Banco Azteca para ser el intermediario de las Transferencias Monetarias Directas que el gobierno federal ha instrumentado. Tras las manifestaciones de inconformidad por este excesivo cuidado de las finanzas de Grupo Salinas, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León extendió un oficio para que se cerraran las sucursales de Elektra que no cuentan con servicio bancario. Este apoyo casi incondicional que la 4T ha mostrado para con los negocios de Grupo Salinas posibilitó, por ejemplo, que Salinas Pliego subiera un puesto en el ranking Forbes de los mexicanos más ricos, del tercer lugar en 2019 al segundo en 2020.
El otro caso, que se caracteriza por su constante presencia en estas situaciones, es Carlos Slim, el contratista favorito de la 4T (según Proceso, sus empresas han recibido hasta 18 mil 533 mil millones de pesos por contratos para trabajar en el Tren Maya) y el hombre más rico de México. Si bien la cancelación del aeropuerto de Texcoco parecía que abriría una etapa distinta en las relaciones del poder político y Slim, estas sospechas fueron rápidamente desmentidas, pues su lugar privilegiado se confirmó en los proyectos prioritarios del actual gobierno.
Este panorama deja claro que la relación cercana entre el poder político y el económico lejos de terminar, continúa, y lo hará, por lo menos, hasta que la administración en turno termine su periodo. Una pregunta legítima surge tras estas reflexiones: ¿es posible que cambie el modo en el que estos dos poderes se relacionan? No y sí.
No, porque como se mencionó en el análisis de la relación entre estructura y superestructura, la primera determinará, en última instancia, la forma y la actividad que tenga la segunda, lo que implica que el papel que juegue el Estado en la sociedad dependerá de la forma económica en que dicha sociedad se sustente. Por lo tanto, mientras el capitalismo continúe siendo el modo de producción vigente, las relaciones del poder económico y el poder político difícilmente se presentarán de otra manera.
Sí, bajo dos condiciones. La primera consistiría en el cambio de los fundamentos económicos que determinan la función que juega el Estado en un momento preciso. La segunda implicaría aprovechar la influencia que la superestructura tiene sobre la estructura para, desde la primera, cambiar la segunda. Esta última forma implica no solo buena voluntad, sino también contar con el respaldo de las masas olvidadas, quienes demostrarían la fuerza que poseen cuando están organizadas y guiadas por una teoría que plantea como fin último la desaparición de toda explotación entre los seres humanos. Presumiblemente esto buscaba hacer el licenciado López Obrador cuando llegara al poder; sin embargo, olvidó que, para lograr la reorientación del Estado hacia las masas, es indispensable contar con el apoyo comprometido y consciente de las mismas. Los resultados actuales son prueba suficiente.
Jenny Acosta es licenciada en Filosofía por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.