| Por Eduardo Durán
El 11 y 12 de mayo del presente año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) dieron a conocer las estimaciones del impacto económico que tendrá la pandemia en México. Dentro de las estimaciones de la caída del Producto Interno Bruto (PIB), existen las muy optimistas -como la del gobierno de México- que hablan de una caída del 2%, hasta las más pesimistas -como la de la CEPAL- que estima una caída del 6.5%[1]. ¿Qué implicaciones tiene una caída del PIB de tal magnitud?
Ambas predicciones coinciden en que el verdadero problema está en el incremento de la pobreza y pobreza extrema. El Coneval define que una persona es considerada en condición de pobreza cuando su ingreso no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria y la no alimentaria, así como manifestar carencia en al menos uno de los siguientes seis derechos de desarrollo social: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. El Coneval[2] estima que al final del 2020, el porcentaje de las personas en condiciones de pobreza, que en 2018 representaban el 41.9% de la población, podría pasar al 49.8%; mientras que la CEPAL estima que será de 48.9%[3]. De ser así, el COVID-19 dejará como saldo a la mitad de los mexicanos en situación de pobreza.
Así también, la pobreza extrema, que se refiere a las personas que no tienen los ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y que presentan tres o más carencias en los derechos de desarrollo social, podría alcanzar el 15.9% de la población. La CEPAL, por su parte, estima que se puede incrementar hasta el 17.1% el número de personas en esta condición. Otro indicador de desigualdad, el índice de Gini[4] aumentará más del 3% según la CEPAL. En otras palabras, la distribución inequitativa de la riqueza se profundizará aún más.
Las medidas recomendadas por ambas instituciones coinciden en lo mismo: el gobierno federal debe gastar mucho más de lo que se tiene planeado para disminuir los fuertes efectos que está generando el COVID-19 en la economía, ya sea con deuda interna o realizando un nuevo pacto fiscal. Lo cierto es que el objetivo de cualquier gobierno debería ser, no solo el combate, sino la eliminación de la pobreza, propósito que no se logrará entregando dádivas, pues estas solo maquillan los efectos de la pobreza sin atacar nunca sus causas.
Eduardo Durán es economista por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
[1] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf
[2] https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-19.pdf
[3] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
[4] Ídem.