| Por Diego Martínez

Una idea que se ha venido difundiendo hasta hacerse de uso cotidiano es la de que neoliberalismo y democracia tienen una relación directa. Solo los países que aceptan el neoliberalismo pueden ser democráticos, si un país es democrático es por su naturaleza liberal.

En el neoliberalismo lo central es el libre mercado. Para este, el mercado tiene leyes propias, que por su propia naturaleza tienden al equilibrio, así, los seres humanos no tienen por qué intervenir, simplemente tienen que esperar a que la dinámica misma del mercado culmine en la sociedad más justa posible.

Por otro lado, la democracia existe por lo menos desde el Siglo V a.C., con Clístenes de Atenas, y en términos literales significa “gobierno del pueblo”; la palabra proviene de Demokrati, derivado de la unión de Demos (pueblo) y Kratos (gobierno) (Dahl, 2004).

Uno es un sistema económico y otro político. La contradicción es clara, mientras el primero plantea la pasividad de los individuos para su realización, el segundo apela a la actividad de los mismos. No obstante, esta contradicción se oculta en una concepción de la realidad que plantea una separación entre lo político y lo económico; la ciencia social no está libre de este engaño. Decimos que es un engaño porque la sociedad y el individuo son un ser político y económico al mismo tiempo, para reproducirse tiene que producir, y la producción es un acto político en sí mismo.

 La cuestión entonces es cuál de los dos ha sido el determinante en esta relación. Adelantando, decimos que la política se subordina a la economía, la democracia como sistema se transforma de acuerdo a las necesidades de una formación económica. La historia de la democracia da cuenta de esto. En palabas de la historiadora marxista Ellen Meinksins Wood (2006): “En el siglo XIX, la democracia fue tratada como una ampliación de los principios constitucionales antes que como una expansión del poder popular. Se trataba de una disputa entre dos principios políticos y no del resultado de una lucha de clases o entre fuerzas sociales –señores versus campesinos, capital versus trabajo”.

Más adelante continúa: “No se trataba de la disputa entre ricos y pobres o entre explotadores y clases explotadas. En estas historias, el énfasis no está puesto en el ascenso de la gente común, el demos, a altos niveles de poder social. Por el contrario, el acento está puesto en la limitación del poder político y la protección contra la tiranía, y en la creciente liberación del ciudadano individual respecto del Estado, las regulaciones comunales y las identidades y lazos tradicionales”.

Nos pasamos directamente a los Estados Unidos, donde se da una independencia y con ella la necesidad de crear un sistema de gobierno en un país con grandes dimensiones; había que restructurar la política, misma que se ha implantando por lo menos en gran parte del mundo occidental hasta la actualidad.

En un principio había poca claridad sobre las diferencias entre democracia y república, a veces el uso era indistinto. Fue “James Wilson, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia, […], [quien propuso que el poder supremo], en una democracia, es inherente a un pueblo y es ejercido por él o por sus representantes” (Dahl, 2004). Afirmó que su constitución, “en sus principios es, (…) puramente democrática: varía de hecho en su forma con el fin de admitir todas las ventajas y de excluir todas las desventajas inherentes a las constituciones de gobierno conocidas y establecidas. Pero si observamos amplia y precisamente los torrentes de poder de que fluyen en este plan grandioso y abarcador (…) podremos rastrearlos hasta la única fuente grande y noble: EL PUEBLO” (James Wilson, en Dahl, 2004). Para él, entonces, la democracia solo puede ser representativa.

El estado naciente sería democrático representativo, ahora había que definir quién tiene derecho a considerarse parte de ese pueblo.

La estructura social de los Estados Unidos, desde la época colonial, está marcada por la desigualdad. A la división heredada de Europa, sobre propietarios y no propietarios, se le agregaba la de la esclavitud (Huberman, 2011) y el racismo. Una práctica que les llevaría mucho tiempo terminar.

Desde las primeras muestras de inconformidad con la corona inglesa, lo líderes de las manifestaciones se preocupaban por no afectar la propiedad privada, declaraban que “ninguna circunstancia, por muy opresiva que fuera, podía considerarse suficientemente seria como para justificar alborotos y desordenes de tipo privado” (Zinn, 1997, P.68). Como bien lo menciona Howard Zinn, desde el inicio, lo que buscaban las clases que encabezaron la independencia no era la libertad y la democracia, simple y sencillamente querían desarrollar la economía dirigida por ellos, por la única libertad que lucharon fue la del mercado, utilizando la igualdad y la democracia como escudo, para atraer al mayor número de colonos posible (Zinn, 1997, P. 73).

A decir del historiador Howard Zinn, cuando se redactó la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson había incluido un párrafo en el que condenaba la esclavitud, sin embargo, en el Congreso Continental fue eliminado debido a que los señores esclavistas no tenían intenciones de abolir la esclavitud. De esta manera, la libertad, la igualdad y la democracia modernas, nacen al lado de la esclavitud, esto es una redefinición de la democracia (Meiksins Wood, 2006).

La nueva democracia es la de la economía del libre mercado. Pero en el discurso no pueden presentar la democracia y el libre mercado como unidad de una formación social. Sino que se recurre a la ficción de separar dos aspectos de la realidad, el político del económico: “los capitalistas necesitan del sustento del Estado, pero sus poderes de extracción de plusvalía son puramente económicos: los trabajadores desposeídos de la propiedad de sus medios de producción están forzados a vender su fuerza de trabajo por un salario para lograr acceder a dichos medios y procurar su subsistencia. El poder político y el económico no están unidos de la misma forma en que lo estaban previamente” (Wood, 2006). El proceso de trabajo y el lugar del mismo están en las manos del capital y no se someten a los principios de la democracia, esta se ocupa de la participación de las personas en la política, pero no como trabajadores que son sino como ciudadanos. Pueden ejercer sus derechos, pero no poner en cuestión las formas de explotación del proceso de trabajo.  Esta es una de las características de la nueva democracia: pueden ampliarse los derechos políticos, siempre que no afecten la propiedad.

Para que sea esto, en la Constitución de los Estados Unidos, “redefinieron sus dos componentes esenciales –el demos o pueblo y el kratos o poder. El demos perdió su significado de clase y se convirtió en una categoría política antes que social. Y el kratos fue compatibilizado con la alienación del poder popular; es decir, fue convertido en lo opuesto a lo que significaba para los antiguos atenienses” (Wood, 2006), así, el poder no está más en manos del pueblo. Esta es la razón por la que los defensores del orden social existente plantean que democracia y neoliberalismo son inseparables, porque al pueblo se le ha despojado de su poder económico.

Las luchas populares del siglo XX y el actual demuestran que esta ficción, que se ha impuesto mediante el sometimiento, la conquista y la violencia, encuentra sus límites y se topa con una realidad dispuesta a negarla.

El acelerado desarrollo de la economía de libre mercado ha traído graves consecuencias para la humanidad: en el 2018, 26 personas poseían la misma riqueza que 3,800 millones de personas (Oxfam), en el mismo año, más de cien millones de seres humanos padecían hambre (ONU); la búsqueda de combustibles fósiles ha convertido países enteros, como los de Medio Oriente, en verdaderas zonas de guerra. Países enteros han entrado en crisis económica al aplicar las medias recomendadas por el FMI y el Banco Mundial, mismas que solo han tenido como resultado el empobrecimiento generalizado de su población y el enriquecimiento de unos pocos.

Ante este panorama desolador, si el interés particular de los que están en el poder no coincide con el interés general, la solución es que el interés general se imponga sobre el particular. Esto es regresar al pueblo el poder que le fue arrebatado en la redefinición de la democracia.

Las implicaciones de este cambio son profundas y plantean grandes problemas para los pueblos. Pero los bolcheviques, los comunistas chinos, los cubanos, las luchas de liberación nacional en África y América Latina, han demostrado que es posible; a esto le sumamos las oleadas de gobiernos progresistas latinoamericanos al inicio del siglo XXI.

Crear instituciones que respondan a las necesidades de las masas, implica que sean las masas las que tomen las decisiones, o sea, que sean ellas las dueñas del poder político. Que el voto y las elecciones, características de la democracia moderna, no sean solo un medio por el cual el pueblo elije quien a va a gobernar durante un periodo determinado, sino que se conviertan en la herramienta para llevar a sus líderes orgánicos al poder.

El primer paso es que el pueblo se asuma como sujeto de poder, mediante la politización constante, como los ejemplos anteriormente mencionados. Al final, la realización plena de la democracia implica la disolución de las relaciones de explotación implantadas por la economía del libre mercado.


Diego Martínez es especialista en Sociología por la UNAM.

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