| Por Irving Góngora

El coronavirus (COVID-19) ha causado pánico en las sociedades modernas. Entre un mar de noticias y declaraciones, como lectores, nos hemos creado una imagen de la situación y concluimos: es grave. La gravedad es tal que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este evento como una pandemia, pues mientras avanzan los días los casos se incrementan a lo largo del mundo y dentro de las naciones. Las dificultades de esta enfermedad se observan en varias situaciones: el cierre de fábricas y escuelas, la implementación de cuarentenas en algunos países, la clausura de fronteras, las cancelaciones de eventos e, incluso, algunos lo relacionan con crisis monetarias. Nos parece que este acontecimiento esclarece una serie de riesgos en las sociedades; el propósito de este escrito es problematizar uno: las restricciones de la población para acceder a los sistemas de salud.

En las sociedades organizadas bajo condiciones de trabajo asalariado se suele considerar que tener acceso a seguridad social es un derecho laboral inalienable e irreductible, y que su privación pone en riesgo a la población. La seguridad social es una garantía que los trabajadores han ganado en diversas querellas a lo largo de la historia. Se trata de la protección que el Estado otorga a los trabajadores como devolución a su participación en el mercado de trabajo y en la creación de riqueza.  Esta seguridad social garantiza que si alguna persona sufre un accidente o contrae cualquier enfermedad pueda disfrutar de un servicio médico completo; también, crea certeza en el empleador de que sus subordinados gozan de buena salud para trabajar óptimamente. Las personas desocupadas, sin embargo, representan un caso extremo de desprotección, pues están excluidas de dicha seguridad y, por lo mismo, están en la incertidumbre ante cualquier eventualidad que se relacione con la salud.  Cualquier restricción a este derecho vulnera a la población.

Desgraciadamente, el acceso de la población a los servicios de salud, mediante la seguridad social, no está garantizado en todos los países. En los países con políticas liberales, el Estado rompe acuerdos con la clase trabajadora al restringirles protección generalizada. La alternativa que tiene la población es, entonces, atender su salud con sus propios recursos. Sin embargo, no todas las personas tienen a su disposición los mismos recursos. Los diferentes estratos sociales presentan recursos variados y, por tanto, desigualdad en el tipo de acceso al cuidado de la salud. Los hospitales de estos países dan los mejores servicios a quienes puedan pagar más, relegando a los peores a quienes carezcan de recursos monetarios. Esta desigualdad en el acceso a estos servicios aumenta el riesgo de atender oportunamente alguna enfermedad, especialmente en una situación pandémica.

Un ejemplo de lo anterior sucede actualmente en los Estados Unidos, en el contexto del Coronavirus. Según un informe presentado el 6 de marzo en el podcast The Dose, por David Blumenthal y Sara Collins, presidente y vicepresidenta del Commonwealth Fund, señalaron que el sistema de salud de este país tiene graves fallas que arriesgan a la población en este brote actual del COVID-19. Observan que las características particulares del sistema de salud norteamericano facilitarían la propagación de esta enfermedad en su territorio. Dieron dos razones de lo anterior: Estados Unidos es el único país, entre las principales potencias económicas, que carece de un sistema de seguridad social generalizado para su población; los servicios de salud de este país son unos de los más modernos y, por esto, de los más caros para consumir.

“Tener acceso a seguridad social es un derecho laboral inalienable e irreductible, y su privación pone en riesgo a la población”

El sistema de salud de este país discrimina el acceso al bienestar de su población. David Blumenthal y Sara Collins, en el marco de esta entrevista, reportaron que 30 millones de norteamericanos carecen de alguna cobertura de seguridad social. Esta población, apuntan, tiene mayores posibilidades de estar en ocupaciones que le ofrecen bajos salarios y ninguna cobertura en salud; es decir, población que, de estar enferma, tendría pocas posibilidades de consultar a los hospitales. Otros 44 millones de individuos tienen cobertura básica que los excluye del goce total de los servicios hospitalarios. Si éstos necesitan de servicios especializados, ante una emergencia provocada por el coronavirus, tendrían que pagar por los mismos o sobrellevar los síntomas en sus casas. Esta discriminación aumenta el riesgo de contagio entre individuos.

En la entrevista, el presidente y la vicepresidenta del Commonwealth Fund, dijeron que los más afectados serían los pobres y la población latina indocumentada. A pesar del intento llevado a cabo por Obama, durante su presidencia, para brindarle salud a esta población, la cobertura no está generalizada. Dicho intento se refiere a la reforma a la Ley de Cuidados de la Salud Asequible (Affordable Care Acts), que extendió el catálogo de medicamentos y la cobertura de servicios a personas de escasos recursos, desempleados y adultos mayores. Parece que los servicios públicos de salud dirigidos a esta población podrían ser escasos ante un brote del COVID-19 en este país.

Para gran parte de la población norteamericana, pagar un servicio de salud es difícil. Imaginemos la siguiente situación. Alguna persona presenta síntomas como fiebre, tos, entre otros asociados con el coronavirus. La persona podría confundirlos con los síntomas de la gripe, debido a que no tiene dinero para consultar y decide evitar acudir a los hospitales. Supongamos que sus síntomas se agravan y decide solicitar un crédito para consultar con el médico. La diagnostican con coronavirus, pero su crédito no le alcanza para los cuidados que merecería en su situación actual. No sólo contrajo la enfermedad y se endeudó, sino también ha sido foco de contagio para sus familiares y amigos por una detección tardía. Si esto se repite en la población desprotegida, puede llevar a un grave problema de salud pública en Estados Unidos.

El coronavirus ha sacado a la luz el riesgo que contrae la mercantilización de la salud en los países liberales. Cuando el derecho a la salud se convierte en una mercancía los riesgos se individualizan. Ya no es el Estado quien debe garantizar la salud, sino la población. En un contexto social desigual, los recursos con los que cuentan las personas para procurarse su salud varían. Esto provoca que, ante una situación pandémica, como la actual, sólo sean atendidos en los hospitales aquellos enfermos que puedan pagar los servicios. Esto incrementa el riesgo de contagio y pone en riesgo al resto de los habitantes. Esta situación, parece, fue provocada por las contradicciones internas que presenta la economía de Estados Unidos. Para terminar, vale la pena que concienticemos y evaluemos el rumbo que toma México con sus acciones para la cobertura social; ya que, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2019, el 61% careció de acceso a alguna seguridad social.


Irving Góngora es Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México. Opinión invitada.
igongora24@outlook.com

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