| Por Pablo Hernández Jaime

Avanza el segundo año de la 4T, pero no así muchas de sus promesas de campaña. Los ejemplos son contundentes: 1) La falta de crecimiento económico, con una caída del PIB en -0.1% durante 2019 y el consecuente aumento en el desempleo, con una pérdida de 378 mil 561 empleos formales reportados por el IMSS durante el mismo año; 2) el incremento en la violencia, que en materia de homicidios dolosos se expresa en una incidencia de 34 mil 582 casos durante 2019, esto es, 2.5% más que en 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); 3) las pérdidas económicas en Pemex, que según datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ascienden a 346 mil 135 millones de pesos durante 2019. 4) El proyecto de las 100 Universidad para el Bienestar que, a pesar de contar con un presupuesto de mil millones de pesos, aun no poseen condiciones de infraestructura, normatividad y personal. La lista podría seguir, sin embargo, el objetivo no es hacer una caracterización exhaustiva del nuevo gobierno, sino señalar el hasta ahora incumplimiento de muchas de sus principales promesas de campaña. 

Ahora bien, es verdad que gobernar no es sencillo. Toda acción, u omisión, de un gobierno se enfrenta con circunstancias y problemas que, en cierta medida, poseen una dinámica propia y, por tanto, escapan a su completo control. Es necesario entonces aceptar que los cambios sociales no vienen en automático con un nuevo de gobierno.

No obstante, si algo ha caracterizado el discurso obradorista es su insistencia en que lo único que falta para cambiar al país es un “buen gobierno” que sea “honesto” ¡y listo! Según esta narrativa, México cambiaría radicalmente “desde el primer día”. Sabemos que todo esto es mentira; y el mismo presidente ha aceptado que “una cosa es la campaña, lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo y otra cosa es ya, el ejercicio del poder”. En otras palabras, una cosa es hacer promesas para ganar votos, aun a costa de falsedades, y otra diferente es la manera en que el gobierno se conduce realmente.

Pero ¿quiere esto decir que no es posible cambio alguno? No, esa no puede ser la conclusión. Un cambio es posible, sí, aunque no sea automático. El problema es que para esperar que llegaremos a nuestro destino, antes es necesario saber que vamos en la dirección correcta, de lo contrario podemos adelantar que jamás llegaremos. Pero ¿cómo saber que vamos en dirección correcta?, o, en otras palabras, ¿cómo debe estar orientada la política mexicana para promover el cambio que buscamos? Primero hay que decir que esta pregunta no puede ser resuelta por una sola persona, y menos en un artículo de esta extensión, por tanto, no asumo tal responsabilidad. Sin embargo, sí es posible señalar algunas de las consideraciones que deberían ser tomadas.

“Avanza el segundo año de la 4T, pero no así muchas de sus promesas de campaña”

Mencioné antes que toda acción u omisión de un gobierno se enfrenta a circunstancias y problemas con características propias. Si consideramos además que todo conocimiento es parcial y, además, toda capacidad de acción es limitada en algún grado, entonces, de aquí se sigue que ninguna política puede, jamás, adquirir un control pleno sobre la realidad social que gestiona.

Pero, el margen de acción de los gobiernos no es estático, ni está definido de antemano, sino que depende, cuando menos, de dos grandes factores: el grado de conocimiento que la administración tenga sobre los fenómenos que busca gestionar y su capacidad de intervención; esto es, su disposición de recursos materiales y humanos, así como su disposición de instrumentos de política pública bien diseñados y con criterios de evaluación. En pocas palabras, para ampliar el margen de impacto de un gobierno, es necesaria una política basada en evidencias y con un buen diseño técnico-metodológico.

Es aquí, sin embargo, donde la 4T muestra otra de sus deficiencias, pues si algo ha caracterizado el ejercicio político de la nueva administración es su desprecio por el conocimiento técnico, lo que se ha manifestado no solo en el discurso, tachando de “tecnócratas neoliberales” a los entendidos en política pública o menospreciando la necesidad de un conocimiento científico para el manejo de la economía, sino que se ha traducido en hechos palpables. Ejemplos de esto son la sustitución de unos programas sociales por otros de lógica e impacto similar (váucher social), pero con peores reglas operación y mayor opacidad; tal es el caso de PROSPERA; o la sustracción de recursos a programas como estancias infantiles, comedores y obra pública, para su aplicación en becas, decisión que en el fondo no hace más que atender un problema dejando de atender otro. En esta lista podríamos incluir también las pérdidas económicas de Pemex, el acoso a los organismos autónomos y la transición negligente entre programas de salud pública, entre otros.

Pareciera que la 4T se guía por una lógica de control político que busca ganar posiciones en el tablero de la política nacional: sea con políticas clientelares o cooptando organismos autónomos. En todo caso, el problema está ahí: las políticas de la 4T no están correctamente diseñadas ni adecuadamente orientadas para atender los problemas que dice querer solucionar. Mientras esto siga así, los resultados que podemos esperar serán similares a los obtenidos hasta ahora.


Pablo Hernández Jaime es maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
pablo.hdz.jaime@gmail.com

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