Febrero 2020
Próximamente los bolivianos elegirán al nuevo presidente. De acuerdo con el cronograma electoral impulsado por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, el 3 de mayo Bolivia celebrará nuevas elecciones para elegir a las autoridades que gobernarán al país entre 2020 y 2025; 130 diputados y 36 senadores también serán elegidos. Con estos comicios el Estado boliviano pretende darle continuidad a la estabilidad política que mantuvo durante más de una década, y que hizo crisis el pasado 10 de noviembre, cuando se consumó el golpe de Estado contra Evo Morales y se impidió que el presidente indígena concluyera su mandato. Con las elecciones de mayo terminará el periodo de excepción y las nuevas autoridades serán legitimadas en las urnas. ¿Es probable que el Movimiento al Socialismo (MAS) retorne al poder, o las fuerzas golpistas gobernarán los próximos cinco años?
Hasta ahora son siete los candidatos registrados. Jeanine Áñez Chávez, la presidenta interina instalada por la derecha, quien al principio negó que estuviera interesada en el cargo y ahora aspira a mantenerse en él, contiende por el Movimiento Demócrata Social. Luis Arce Catacora, ministro de economía de Evo, y uno de los cuadros técnicos mejor calificados de ese gobierno, es el candidato del MAS. Luis Fernando Camacho, principal rostro de los golpistas, y representante de la oligarquía tradicional de Santa Cruz, se postula como candidato independiente. Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez, presidente neoliberal entre 2001 y 2002, y heredero político del dictador Hugo Bánzer, contiende por la fórmula Libre 21. Carlos Mesa Gisbert, presidente neoliberal de 2003 a 2005, y segundo lugar en las elecciones anuladas de octubre de 2019, se presenta por el Frente Revolucionario de Izquierda. Y por último están el pastor evangélico Chi Hyun Chung y el cooperativista minero Feliciano Mamani, quienes desempeñan el papel de outsiders.
De acuerdo con las encuestas, el MAS encabeza las preferencias electorales, sin embargo, es poco probable que el partido de Evo gane las elecciones del 3 de mayo. Según la legislación boliviana, para que un candidato presidencial gane en primera vuelta, se necesita que más del 40% de los votos emitidos esté a su favor, y que supere por más de 10 puntos porcentuales a su competidor más cercano. En el caso de que ningún candidato cumpla con los requisitos exigidos, se convoca a nuevas elecciones -segunda vuelta- las cuales están calendarizadas para el próximo 14 de junio; normalmente, en la segunda vuelta los partidos menos favorecidos suman fuerzas a fin de derrotar al partido mejor colocado en la primera vuelta. Para el MAS no basta cumplir los requisitos mínimos, como quedó demostrado en las elecciones de octubre de 2019, cuando Evo obtuvo el 47.08% de los votos frente al 36.51% de Carlos Mesa, superando el 40% reglamentario y sacando más de 10 puntos de diferencia. Para que esté en posibilidades de disputar el poder, tiene que arrasar en las urnas.
Además de los retos propios de las elecciones, los masistas enfrentan una feroz persecución política. Desde que Áñez tomó las riendas del país, prácticamente todo el gabinete de Evo fue denunciado ante la justicia boliviana por los delitos de corrupción, fraude, terrorismo y sedición. Con base en estas acusaciones, la Fiscalía General de Bolivia ha emitido órdenes de captura no solo contra los ex funcionarios de Evo, sino también contra el expresidente. Hasta finales de enero, la embajada de México en Bolivia mantenía refugiados a nueve personajes de la administración de Evo, motivo por el cual, la delegación mexicana estuvo bajo acecho militar durante algunas semanas. A mediados de enero arrestaron a Carlos Romero, ministro del gobierno de Evo, y tres semanas más tarde cayó también Patricia Hermosa, jefa del gabinete evista. Así pues, aunque el MAS cuenta con la mayor intención de voto, el partido está sometido a una persecución política que le resta importantes liderazgos y que mantiene abierto un flanco de batalla altamente desgastante.
Por último, es necesario considerar la actual correlación de fuerzas. El éxito del golpe de Estado de 2019 no se debió solo al ímpetu de las oligarquías bolivianas, latinoamericanas y estadounidenses, que desde hace años había intentado derrocar al gobierno progresista de Evo. Los esfuerzos de las élites alcanzaron sus objetivos porque encontraron una fuerza social que los respaldó. Se trata de una amalgama de sectores en la que encontramos clases medias tradicionales, juventudes católicas, universitarios, la oligarquía tradicional, entre otros, que se aglutinaron y participaron políticamente en torno a un discurso netamente de derecha, envuelto en un disfraz democrático. El golpe fue la consecuencia de un cambio en la correlación de fuerzas casi imperceptible, que había venido gestándose durante los últimos años, y cuyo elemento detonante fue la repostulación de Evo para gobernar un nuevo periodo. Por eso, es poco probable que el próximo presidente provenga de las filas del MAS. Si no los dejaron gobernar cuando tenían todo el poder del Estado, se antoja ilusorio que ahora la derecha respete los resultados de unas elecciones convocadas para recuperar la “normalidad democrática” del país, no para decidir quién gobernará Bolivia.
Ehécatl Lázaro es especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.