Febrero 2020
Ya ha pasado poco más de un año de gobierno de Morena y no existe hoy el más mínimo indicio de progreso para nuestro país. El partido que se anunciaba como la esperanza de México tiene en sus manos, a imagen y semejanza del PRI en el siglo XX, los tres poderes de la república: pues, además de ser suyo el presidente y su gabinete, manejan el poder judicial, tienen más de la mitad de los lugares de la cámara de diputados, y casi la mitad de las senadurías. Sin embargo, el uso de ese poder, en lugar de cumplir las expectativas de los mexicanos, está cultivando una situación de inconformidad cada vez más generalizada, en la que están ausentes respuestas efectivas del régimen a las necesidades de la población pueden dar paso a una situación de insurgencia.
El término insurgencia significa levantamiento contra la autoridad y el fenómeno se ha presentado infinidad de veces en la historia humana, en algunas ocasiones es inoculada por una potencia externa en otras resulta de una pugna interna; asimismo, desgarra internamente o elimina naciones enteras produciendo giros en la política, ya de tipo revolucionario, ya reaccionario. Como sea, algo también cierto es que un evento insurgente ve la luz del día justamente ahí dónde una autoridad deja de ser vista como tal, es decir, en el lugar en que las instancias estatales se hacen ilegítimas frente a la sociedad o una parte de ella porque no respetan las leyes con las que deben gobernar o, simplemente, porque no responden a los intereses de una parte significativa de quienes asumían la validez de la autoridad. La insurgencia nace de un rompimiento flagrante del estado de derecho existente, que conduce a una guerra civil cuando quien ostenta el poder no deja espacio más que a la justicia por la mano propia, a través de la violencia.
Al tratarse de un rompimiento de las leyes, la violencia insurgente no se detiene a considerar al enemigo dentro de marco legal alguno. Los límites de la violencia desaparecen, las decisiones políticas se toman con la fuerza de las armas y en el mejor de los casos triunfa una propuesta que supera al orden que incumplía la ley. Sin embargo, sobre todo entre el fin de las guerras mundiales y el día de hoy, también ocurre que Estados más poderosos aprovechan el desorden de la guerra civil para intervenir y decidir en su beneficio el futuro de la sociedad en cuestión.
Las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena tienen por objetivo acabar con la corrupción. Desde los días de campaña, el presidente y los candidatos de su partido decían que con una política de ahorro y recorte de las fuentes del erario que libraban riqueza a la clase política corrupta; decían que con tal política del ejemplo de arriba hacia abajo, concentraría recurso y permitiría paliar, con el dinero concentrado, todos los males del pueblo mexicano. No obstante, a un año de gobierno “no corrupto”, los efectos del morenismo son totalmente contradictorios. Se han golpeado los intereses de grupos poderosos del capital mexicano, como los contratistas del proyecto aeroportuario de Texcoco; pero, al mismo tiempo permite florecer otras fortunas entre los ricos tradicionales como entre los miembros del propio gabinete. Aunque se dice que “primero los pobres”, en los hechos estos son los más castigados, pues se ahorra el dinero para obra pública municipal, se suprimió el seguro popular y programas asistenciales como los comedores comunitarios, las guarderías, las atenciones a mujeres violentadas y a pacientes con enfermedades degenerativas. Por un lado, se condena sin pruebas suficientes a antiguos políticos y se acosa a organizaciones sociales, como la nuestra, negándole sin fundamento el acceso a asociarse y formar un partido; por otro lado, se deja sin ningún tipo de castigo al crimen organizado.
Todo eso y más es violar irresponsablemente el estado de derecho, frustrar las expectativas de los votantes de Morena y rarificar los pocos apoyos sociales que tenía el pueblo. La pregunta es ¿está dispuesto el gobierno de Morena a cargar con una insurgencia que no mida su violencia ante la violación de los derechos?, ¿está dispuesto el presidente a dejar lugar a una guerra civil o una intervención extranjera?
Anaximandro Pérez es maestro en historia por la UNAM e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.