Febrero 2020
Los mexicanos y mexicanas preocupados por la crisis climática hemos esperado con suficiente paciencia las acciones de la nueva administración en torno a la mitigación del cambio climático. Por tal motivo leí con ansias los escritos del titular de la Semarnat, Victor Manuel Toledo, publicados en los últimos dos meses por La Jornada. En ellos enfatiza acertadamente la crisis climática, los crecientes niveles de pobreza de los mexicanos, así como la elevada dependencia energética de nuestro país con los Estados Unidos. Sin embargo, no encontré lo que buscaba. Después de un año de gobierno, y de un presupuesto de 29,385 millones de pesos destinados en 2019 a la “estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios” y de 39,135 millones para “la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático”, todavía no existe un plan definido de qué se hará al respecto, cuándo y cómo. Dice el autor que continúan las discusiones y planeación por parte de las instituciones involucradas.
Se mencionan de manera general los tres aspectos nodales mínimos sobre los que se basará la transición energética “antineoliberal”: la soberanía del país (fortaleciendo a PEMEX y CFE); la emancipación social, convirtiendo a los marginados en productores de energías renovables a escala de barrio, familia, cooperativa y municipio, mediante dispositivos sencillos y baratos, “gestando sistemas locales, descentralizados y autosuficientes, es decir, trasladando el poder energético del capital y del estado a la sociedad misma. Y ahí en donde sea necesario empresas públicas y/o privadas gestando centrales termosolares” (en sus palabras). En tercer lugar, Toledo manifiesta como a manera de deseo, que se potencie el uso de recursos naturales de nuestra nación, se transite a los motores eléctricos, se modifiquen las leyes, generando incentivos fiscales y subsidios. Supongo que lo hace así porque sabe que tales medidas rebasan el alcance de la Semarnat o de la Secretaría de Energía.
Bien desea Victor Toledo el modificar la legislación. Esta ha sido el principal mecanismo empleado por los países que se han colocado como líderes en materia ambiental. Suecia es por tercer año consecutivo el país con mejor Índice de Desempeño frente al Cambio Climático (IDCC 2020); ha superado los requerimientos internacionales de disminución de gases de efecto invernadero (GEIs) adquiridos en el Protocolo de Kyoto (1972) y el acuerdo de París (2015), rompiendo la tendencia de que el crecimiento económico implica forzosamente incremento en emisiones de GEIs. El 54% de su energía proviene de fuentes renovables, principalmente de la energía hidroeléctrica, biocombustibles y eólica. El 12% proviene de energía nuclear y el restante 34% de combustibles fósiles. En México, el 85% de la energía eléctrica se produce de combustibles fósiles y 15% restante de energías renovables.
El éxito sueco ha sido gracias a la fuerte intervención económica del estado, que dirige desde el 2014 el partido socialdemócrata en coalición con el Partido Verde, ambos considerados de centro izquierda. Se ha creado un robusto cuerpo legal que ha llevado tanto a empresas como a ciudadanos a conducirse por la vía de la sostenibilidad. Se han implementado impuestos sobre cada tonelada de dióxido de carbono emitida (que aplican tanto a grandes, pequeñas, medianas empresas, agricultores y consumidores). Como incentivos a productores privados de energía, se crearon los “certificados de electricidad verde”, con los que se acredita la cantidad de electricidad producida por fuentes renovables, que luego las compañías venden a los proveedores de energía eléctrica dentro y fuera del país. También se subvenciona (apoya con financiamiento) la instalación de paneles solares y se reducen los impuestos para su instalación. Como resultado, las compañías privadas y estales inyectan impresionantes cantidades de dinero a la investigación científica para subsanar las limitaciones y retos que las energías limpias van imponiendo.
En las grandes ciudades, se han aplicado impuestos para transitar que incrementan durante las horas pico, el costo de los estacionamientos es caro. Pero, al mismo tiempo, se ha mejorado el sistema de transporte público y se ha subvencionado bicicletas al 25% de su coste. En consecuencia, las emisiones y congestionamientos han disminuido y las ciudades están llenas de bicicletas. También, el registro de propiedad, la planeación y construcción urbana está regulada con lineamientos ambientales. Por ley, en cada zona residencial se deben instalar sistemas de separación y recolección de basura. Por ello, este país recicla el 99% de sus residuos domésticos. Para lidiar con los lineamientos y regulaciones ambientales, Suecia ha desarrollado seis cortes especiales, las “cortes del ambiente y la tierra”.
Con todo y la importancia del estado, la inversión privada ha sido también parte crucial también de estos resultados. De hecho, la mayoría de las compañías productoras de energía hidroeléctrica (responsable del 17% de la energía producida en el país) son privadas. La concientización de los ciudadanos es otro de los puntos clave del éxito de este país. Los ciudadanos suecos aprenden desde pequeños lo importante que es hacer un uso responsable de los recursos naturales para tener una sociedad saludable y con desarrollo económico. Las nuevas generaciones se niegan a utilizar carros y aviones, debido las altas emisiones de CO2 propios de estos medios de transporte, optando por la bicicleta y el tren para grandes distancias, aunque ello implique viajes más largos.
Cierto que la crisis climática es hija del sistema de producción capitalista, cierto también que va de la mano con el bienestar social y que está afectando a los países y sectores más pobres, con todo y que son los menos culpables. Sin embargo, por el momento y dada la urgencia del problema, no parece haber más remedio que implementar estrategias ya ensayadas por los países capitalistas con mejores resultados en materia ambiental, de bienestar social y crecimiento-económico, con los ajustes necesarios a las circunstancias específicas de México. Se debe atacar el problema desde todas las escalas necesarias, comenzando por un compromiso serio del estado, que procure la soberanía energética nacional, pero abandonando los combustibles fósiles; entendiendo que la crisis climática sucede a escala global, que va más allá de los beneficios que puedan obtenerse de “sistemas energéticos locales, descentralizados y autosuficientes”. Hasta ahora, con la administración en curso, no pinta un escenario esperanzador, como no pintó con las anteriores. Espero equivocarme y que los mexicanos podamos constatar acciones eficaces de combate a la crisis climática muy pronto, puesto que las consecuencias de ésta no estarán esperando de voluntades políticas para manifestarse.
Citlali Aguirre es maestra en ciencias biológicas por la UNAM e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.