| Por Aquiles Lázaro
A estas alturas, ya puede distinguirse una tendencia sobre el lugar que ocupa el sector cultural en el gobierno autonombrado cuarta transformación. Aunque salpicada de declamaciones superficiales sobre los grupos marginadas y los pueblos indígenas, la línea general gubernamental en materia cultural se diferencia poco de los proyectos precedentes.
El objetivo que se fija la el gobierno federal en su Plan Nacional de Desarrollo, el de garantizar la universalidad del acceso a los bienes y servicios culturales, desde las últimas décadas del siglo pasado, la línea común sobre la que se han diseñado y aplicado las políticas estatales. Este gobierno se enfrenta, además, a la insuficiencia permanente de infraestructura pública; lo que ha propiciado un rápido crecimiento en la oferta de bienes culturales desde el sector comercial privado, oferta que constantemente se expande y diversifica.
Si se considera que las actividades vinculadas al sector de la cultura han alcanzado en los últimos años más del 3 % del PIB, y que estas actividades provienen mayoritariamente del sector privado, se aprecia el imperativo de diseñar criterios nítidos sobre la responsabilidad estatal de garantizar el acceso a la cultura.
En esta misma línea, el debilitamiento de la participación pública en la oferta de bienes culturales ha contribuido a establecer en la población patrones de consumo dominados por los repertorios comerciales de grandes empresas del entretenimiento: televisoras, radiodifusoras, productoras fílmicas o sellos discográficos. Más aún: si tales patrones de consumo cultural son aplicables a la población en general, es precisamente en los sectores sociales de bajos ingresos donde adquieren un alcance casi universal. Esto configura un panorama adverso, que exige el diseño de estrategias precisas desde la política cultural en lo que se refiere a la reducción de los niveles de desigualdad social.
“La política de reducción de presupuestos representa un retroceso respecto a los proyectos culturales de gobiernos anteriores”
Y a pesar de todo lo anterior, las políticas de la nueva administración han estado encaminadas a la disminución presupuestal. El monto asignado al sector cultural en el PEF 2019 representó ya una reducción real respecto al promedio anual del sexenio pasado; para 2020, y a pesar de las protestas de varios sectores del gremio cultural, el presupuesto vuelve a recortarse. Esto acentúa una continuidad general con los presupuestos insuficientes de las últimas décadas.
Debe añadirse, por otra parte, el fortalecimiento de las relaciones gubernamentales con grupos empresariales que participan de modo relevante en el mercado del entretenimiento (Salinas Pliego, Slim, Azcárraga). Esto representa un potencial impulso a los contenidos comerciales masivos, con el correspondiente incremento en ganancias de los inversionistas beneficiados.
En suma, la política de reducción de presupuestos a la infraestructura cultural representa un retroceso respecto a los proyectos culturales de los gobiernos anteriores. Si se tiene en cuenta, además, la desventaja del sector cultural público frente a la oferta comercial del sector privado, así como el estrechamiento de relaciones con grupos empresariales interesados en el mercado del entretenimiento masivo, puede apuntarse que la política cultural se enmarca, de hecho, en el postulado neoliberal clásico sobre disminuir la responsabilidad estatal de desarrollar infraestructura desde el sector público.
Aquiles Lázaro es promotor cultural e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
aquileslazaromendez@gmail.com