| Por Pablo Hernández Jaime

Son tiempos de confusión en el panorama político nacional y resulta preciso hacer claridad. La “izquierda” (así, entre comillas) ahora es gobierno, y un sector visible –no sé si importante– de los “intelectuales” (también entre comillas) que apoyaron el proyecto, continúan haciéndolo. Sin embargo, la nueva administración, en los hechos, ha tomado una dirección que parece poco congruente con las posturas que de palabra y con entusiasmo sostiene (por decir lo menos). Enumeraré un par de ejemplos que, no obstante, no pretenden ser exhaustivos ni una caracterización completa del gobierno morenista.

Comienzo hablando un poco de lo económico. Primero, la férrea decisión de mantener la política fiscal regresiva se traduce en una restricción presupuesta para el gasto público gubernamental que limita las posibilidades de acción del Estado en materia de seguridad social e inversión (cuando menos). Esta restricción, ciertamente, no es nueva. No se está reduciendo la recaudación. La política fiscal implementada por el nuevo gobierno no representa un cambio, sino una continuidad con respecto a las administraciones anteriores.

¿Cuál es el problema con mantener una política fiscal como esta? Técnicamente –y desde el punto de vista de la redistribución– los problemas son fundamentalmente dos: primero, se mantiene limitada la capacidad de gasto del gobierno y, segundo, se mantienen intactas las brechas de desigualdad socioeconómica asociadas con la acumulación de capitales (desigualdades que resultan ser las fundamentales). Bajo estas restricciones, la capacidad de acción del gobierno para atender los problemas sociales resulta, como ya se dijo, limitada.

Pero el gobierno de López Obrador dice querer atender los problemas sociales, y sabe que para eso necesita recursos. Pues bien, para solucionar este problema, sin tocar la política fiscal, tiene básicamente una medida: el supuesto combate a la corrupción. La lógica del planteamiento es sencilla: el monto de recursos “x” que tiene el gobierno es limitado, sí, pero si se hace un uso eficiente de él, rendirá más; y para hacer un uso eficiente de él, es preciso eliminar las fugas, esto es, la corrupción. El planteamiento no es en sí mismo malo; de hecho, es razonable y la medida resulta necesaria. El problema no está, entonces, en el planteamiento abstracto, que por abstracto acepta múltiples interpretaciones y aplicaciones; el problema está, más bien, en la aplicación concreta de tal planteamiento; y ¿cuál ha sido tal aplicación? El recorte presupuestal generalizado; primero, eliminando el ramo 23 para la construcción de obras y servicios públicos; segundo, eliminando programas como Prospera, las guarderías y comedores comunitarios; tercero, recortando el presupuesto a instituciones públicas, etcétera. La justificación retórica de tales acciones es, sencillamente, que “con menos recursos o sin ellos no podrán robar”.

Pero ¿qué hará el nuevo gobierno con el ahorro de su combate a la corrupción? En primer lugar, financiar sus propios programas de transferencia monetaria, programas cuya lógica y supuestos de base no difieren de Prospera u otros programas de váucher social y que, no obstante, están peor diseñados, son más opacos y serán distribuidos sin ningún criterio claro pues el llamado censo del bienestar carece de un diseño metodológico pertinente. En pocas palabras, en materia de seguridad social, el nuevo gobierno está cavando un hoyo para tapar otro; en este sentido, difícilmente puede decirse que habrá avances significativos. La estrategia de seguridad social –como ya lo han señalado algunos críticos– parece obedecer más a una lógica política de captación de clientela que a un plan de combate a la pobreza.

En segundo lugar, con lo ahorrado del combate a la corrupción el nuevo gobierno planea invertir en obra productiva (dos bocas, tren maya, corredor transístmico). Como el combate a la corrupción, esto tampoco suena mal. Sin embargo, de nuevo se nos presenta el problema de la aplicación concreta. Veamos. Desde el punto de vista del desarrollo productivo nacional, los problemas con el planteamiento económico señalado son dos: primero, la propuesta –tal y como la ha mencionado el presidente en los foros públicos– supone la posibilidad de implementar un nuevo modelo desarrollista en México, lo que parece obedecer más a un anhelo nostálgico del pasado que a un análisis puntual de la economía internacional; hoy día, ni existe el contexto de crecimiento económico global pautado por el periodo de posguerra, ni nos encontramos ante las oportunidades que brinda un mercado global donde las principales potencias se encuentren en condiciones de desventaja para acaparar la demanda; todo lo contrario, venimos de una crisis económica (2008) de la cuál no hemos remontado, nos encontramos en un contexto de gran competencia donde el desarrollo tecnológico de las principales potencias nos haría casi imposible competir sin una previa, adecuada e intensiva preparación y, por si fuera poco, en el panorama se dibuja la sombra de una nueva contracción global de la economía.

“Las acciones puntuales del nuevo gobierno se nos presentan de manera ambigua”

Ahora bien, todo esto no quiere decir que sea mala idea que haya un plan de inversión productiva para México. El problema no es ese. El problema es que no existe tal plan. La propuesta del nuevo gobierno es “juntar ahorritos” para iniciar un par de proyectos que, en su conjunto, no están articulados, no forman parte de un plan integral de desarrollo productivo nacional. Cabe señalar que de los tres proyectos más conocidos: dos bocas, el corredor transístmico y el tren maya, solo el primero de ellos es de carácter productivo y, sin embargo, carece de visión, está deficientemente pensado, y lo más probable es que como opción de inversión sea infra-óptimo.

En pocas palabras, las acciones puntuales del gobierno se nos presentan de manera ambigua, difícil de asir, y difícil de clasificar. El gobierno insiste en llamarse de “izquierda” y sus “intelectuales” así lo sostienen; los esfuerzos que estos sesudos pensadores ponen para interpretar de manera progresista las acciones del nuevo gobierno han llegado a tal punto que recurren al análisis de lo posible; reconociendo el carácter ambiguo de las políticas de López Obrador sostienen ufanos: “seguro todo es parte de un plan más complejo y bien elaborado que no alcanzamos a comprender”.

Sin embargo, en los hechos, la nueva administración se resulta ser una suerte de estado mínimo –propio del neoliberalismo– que, poco a poco y so pretexto de combatir a la corrupción, desmantela las instituciones y programas de seguridad social del estado, para sustituirlas, enfáticamente, con políticas de váuchers –transferencias directas– que lo único que hacen es brindar soluciones negligentemente individualistas a problemas de orden estructural que requieren de una intervención institucional.

Quizás con una reforma fiscal progresiva, el gobierno podría ampliar la cobertura de seguridad social sin caer en una lógica de váuchers y sin desmantelar los programas existentes. Quizás con una reforma fiscal de este tipo, el gobierno tendría mayores capacidades de inversión productiva. ¿Por qué no implementarla? No estamos hablando de socialismo alguno, estamos hablando de modificar los esquemas de recaudación dentro de los límites del propio capitalismo. Se dirá que tal medida puede resultar un desincentivo a la inversión privada y, por tanto, en una desaceleración de la economía nacional. Esta crítica es importante y no debemos dejarla de lado, aunque nos consideremos de izquierda.

El crecimiento económico es la base de la redistribución. No entraré ahora en este tema, baste señalar que, en las sociedades económicamente ricas, el surgimiento de la pobreza es un resultado de la desigualdad; sin embargo, la igualdad económica no es sinónimo de erradicación de la pobreza. Si una sociedad se empobrece, si deja de crecer, entonces, aunque sea igualitaria, no tendrá recursos que distribuir. El subdesarrollo también es causante de pobreza y eso tiene que quedar muy claro. Quizás por eso uno podría pensársela dos veces antes de establecer una política fiscal progresiva que “espante” a la inversión. No se sabe con claridad si estos son los motivos que llevan al actual presidente a evadir la reforma fiscal; pero si este fuera el caso, entonces la estrategia no está resultado del todo bien: el crecimiento económico de casi el 0% en lo que va del año indican que no; falta ver si el reciente aumento en las inversiones de 1.5% contribuyen a paliar el problema. En todo caso, lo que se puede apreciar es que evitar la reforma fiscal no es un incentivo suficiente a la inversión. Ante este panorama es casi evidente que al actual gobierno le falta un plan de desarrollo estratégico con incentivos focalizados a áreas estratégicas de la producción que pueda ir acompañado de una reforma fiscal progresiva.

El problema del crecimiento económico es preeminente y se toca directamente con el problema del bienestar social. Solo acompañados de un desarrollo productivo nacional relativamente firme, estaremos en condiciones de mejorar las condiciones del mercado laboral, creando empleos; y asimismo, solo con una política de redistribución adecuada, que no apague la llama de la producción y del crecimiento, podremos mejorar estructuralmente las condiciones de dicho mercado de trabajo, dignificando los empleos creados. No sabemos con claridad cuales sean las intenciones reales del presidente, pero en los hechos y desde el punto de vista del desarrollo económico y la construcción de bienestar, no son ni de izquierda ni progresistas, es decir, ni están creando mejores condiciones para la redistribución ni, aparentemente, están promoviendo el crecimiento.

Aunque centrada en algunos aspectos de lo económico, esta es nuestra crítica. Discrepamos radicalmente de quienes condenan el diseño de políticas de seguridad social. Nosotros decimos: ¡sus políticas son una simulación! Necesitamos otras mejores. Estamos de acuerdo con los que se preocupan por el crecimiento económico; pero no estamos de acuerdo con dar todas las concesiones a la industria privada: ¡necesitamos un esquema fiscal progresivo que, de un lado, de incentivos focalizados a la producción nacional y al desarrollo tecnológico y, de otro, permita una recaudación mayor para sostener una justa redistribución!

Pablo Hernández Jaime es maestro en ciencias sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
pablo.hdz.jaime@gmail.com

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